ECONOMÍA

Gobierno bajará hasta 4% el IVA con la nueva ley de inclusión financiera

El proyecto presentado al Consejo de Ministros por Fernando Lorenzo y que será elevado al Parlamento en breve, reducirá en dos puntos porcentuales el IVA básico, pero además puede llevar más allá tal porcentaje.

Fernando Lorenzo / mef.gub.uy

Según establece el proyecto “a partir del tercer mes de aprobada la ley, se reduce en dos puntos el IVA para consumidores finales que abonen sus compras con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos (no tarjeta de crédito).

Además de este régimen general se faculta al Poder Ejecutivo a establecer la rebaja adicional de 2 puntos de IVA el primer año y 1 punto el segundo,  para compras de hasta 4.000 Unidades Indexadas. Para las compras con tarjeta de crédito se faculta al Poder Ejecutivo a rebajar 2 puntos de IVA el primer año y 1 punto el segundo,  para compras de hasta 4.000 Unidades Indexadas”, según publica Presidencia de la República.

Abaratar el consumo y combatir la evasión

Todas las familias verán abaratado su consumo y, a su vez, se fortalecerá la formalización y el combate a la evasión”, afirmó el ministro Lorenzo quien entendió que paralelamente se mejorará “la seguridad de las transacciones”.

El porcentaje que no recaudará la administración se compensará “con el aumento de lo que se recaude en la formalización (…) No hay una renuncia neta, hay un mecanismo de compensación”, explicó.

El secretario de Estado resaltó que Uruguay es “líder en la región en materia de combate al lavado de activos e ilícitos económicos”.

Por ello, comentó que la iniciativa que propone el gobierno, contiene un conjunto de medidas que “aportarán a los controles antilavado”.

Lorenzo aseguró que al realizarse el pago de salarios “mediante cuentas de nómina, con condiciones más económicas que las actuales cuentas bancarias, facilitarán y abaratarán el uso”.

Los nuevos pagos electrónicos formarán parte de una lista de transacciones que serán obligatorios o “recibirán ciertos estímulos e incentivos”, para que esas operaciones se formalicen.

El objetivo de la propuesta obedece a la necesidad de: “ampliar el acceso a los servicios, de familias y empresas que al momento están excluidas; y promover el ahorro”.

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