RURALES

Ruralistas impugnarán Impuesto al Patrimonio por inconstitucional

Un grupo de productores rurales, patrocinados por el abogado Gonzalo Aguirre, presentará los primeros recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto al Patrimonio sobre las explotaciones agropecuarias.

“El ICIR gravaba la tierra. Este impuesto grava los vehículos; si tienen una avioneta para fumigar, o embarcaciones, también quedan gravadas y el 10% de la casa habitación”, cuestionó el jurista.

Aguirre, quien patrocina a seis productores rurales presentará un recurso de inconstitucionalidad  contra el nuevo Impuesto al Patrimonio sobre las explotaciones agropecuarias, ley 19.088.

El gravamen afecta a unos 1.400 productores con extensiones superiores a 2.000 hectáreas.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró en febrero la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el gobierno propuso con éxito al Parlamento, reimplantar el Impuesto al Patrimonio.

Desde el gobierno se aseguró días pasados que se emitirá en los próximos días el decreto reglamentario de la reinstauración del Impuesto al Patrimonio sobre las explotaciones agropecuarias.

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que será el “único tributo que pagará el sector en lo que resta del período de gobierno”.

Inconstitucional

Aguirre argumentó que el impuesto “viola el artículo 10 de la Constitución, el cual en el inciso segundo establece que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

El jurista dijo en declaraciones a El Observador que  la Ley “fue redactada con una técnica legislativa deficiente, lo que la hace de difícil comprensión. Los tributos tienen que establecer claramente quiénes son los contribuyentes”.

“El ICIR gravaba la tierra. Este impuesto grava los vehículos; si tienen una avioneta para fumigar, o embarcaciones, también quedan gravadas y el 10% de la casa habitación”, cuestionó el jurista.

Agregó que “se lesiona el derecho de propiedad, por lo que en ese sentido la Ley vulnera los artículos 7 y 32 de la Constitución que consagran ese derecho como inviolable”.

Aguirre había logrado la declaración de inconstitucionalidad del ICIR por parte de la Suprema Corte de Justicia.

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