Proponen crear impuestos fictos y agentes de retención de IVA

Andrés de la Iglesia explicó a LA REPUBLICA que el principio general sobre el que se debe instrumentar la reforma del sistema impositivo es la simplificación de tributos y el descenso del peso específico de los mismos.

Recordó que con la ley 16.201 del 16/10/1991 se declaró de interés nacional al sector de la micro, pequeña y mediana empresa en el sentido del desarrollo, promoción y tecnificación; al aumento de su productividad y la generación de empleos en todo el territorio nacional.

Durante el transcurso de esa década, sin embargo, «la carga tributaria de ese sector aumentó en un 237%», en abierta contradicción con la filosofía que emanaba de la ley que las impulsó. Este proceso se inició con la eliminación de la deducción de gastos por los fictos patronales «lo que en definitiva implicó que este sector que no generaba IRIC (impuesto a las rentas de Industria y Comercio) comenzó a aportarlos».

Posteriormente la ley de inversiones de 1996, estableció que todas las empresas debían abonar un IRIC mínimo mensual de $1.420.- que no podía deducirse si la empresa tenía ganancias menores a ese importe, o pérdidas. «Esto sencillamente afectó directamente a las Pymes en el entendido que este importe para las grandes empresas era prácticamente insignificante aun cuando tuvieran pérdidas», sostuvo De la Iglesia.

Más tarde la ley de «ajuste fiscal» de marzo del año pasado modificó y creó franjas de ese adelanto de IRIC para facturaciones anuales superiores a $ 351.000 hasta $ 8.424.000.-, que abonarían entonces mensualmente entre los $ 1.420.- antedichos hasta $ 3.580.-. «Es decir, para las empresas que facturan más de U$S 280.000 no existe ninguna franja y sólo pagan como adelanto los $ 3.580″, comentó el presidente de Anmype, advirtiendo que la «ley de inversiones» generalizó para todas las empresas el Impuesto al Patrimonio «lo que afectó particularmente al sector».

Nuevos aumentos

A todo lo anterior debe agregarse el aumento de dos puntos sobre el IVA y la creación del Cofis que «trajo aparejado no sólo la baja del consumo sino que las empresas chicas al ser tomadoras de precios no pudieran trasladar todo el impuesto a las ventas, absorbiendo parte de él. Esto no es un detalle menor, ya que nuevamente se ven en desventaja con respecto de las grandes que sí pueden hacerlo, con lo que cada vez nos estamos alejando más del espíritu de la ley de 1991 que nos declaraba de interés nacional¨.

Por último el BPS en enero de este año comenzó a calcular un complemento de la cuota mutual a lo que debe sumarse el aumento de los fictos patronales para las empresas que tributan IPE (Impuesto a la Pequeña Empresa) y las sociedades.

«Es por todo esto que sostenemos que se ha instrumentado un desproporcionado aumento de la carga fiscal y es lo que lleva a la evasión, a la que muchos se aferran como único elemento de sobrevivencia. Esto no es ningún misterio, lo sabemos los empresarios y las autoridades y por más que se tomen más inspectores para salir a la caza de evasores lo que se consigue es más cierre de empresas. ¿No será momento de sentarnos, sincerarnos y hablar de una simplificación de los impuestos al sector?», se preguntó De la Iglesia.

La realidad actual muestra que de 200.000 contribuyentes sólo 10.000 empresas generan más del 60 % de los ingresos de DGI. Las 43.000 empresas que tributan IPE sólo significan el 0,72% de los ingresos de la DGI, es decir, unos U$S 9.000.000.

«A estas empresas lisa y llanamente se les puede eliminar el impuesto ya que su contribución es prácticamente despreciable y además ayudaría grandemente a formalizar un número importante de empresas que hoy están fuera de la ley», destacó De la Iglesia como una propuesta de su asociación y, para las otras 160.000, «deberíamos buscar un mecanismo por el cual se pueda categorizar a las empresas por la cantidad de empleados, el rubro, los márgenes de ganancia promedio, el nivel de inversión, las compras, etc.; y que entonces tributaran impuestos «fictos» o bien que se introdujeran «agentes de retención» del IVA y de esa forma el empresario se despreocupa de tener que hacer su liquidación mensual y a su vez para la administración le sería más sencillas y menos costosas la fiscalización y la recaudación. Todo ello favorecería además la equidad tributaria y debería aplicarse a empresas que tuvieran dificultades para trasladar los precios al consumo final o que por su propia conformación tienen regulaciones que son de fácil categorización», sostuvo.

DGI auditora

Para las 10.000 empresas «grandes» y que le generan más del 60% de los ingresos a la DGI, «proponemos que la DGI debe pasar de una mecánica de «fiscalizador» a otra que podríamos llamar de «auditor», en donde el funcionario tiene mucho menos empresas que visitar, se especializa y conoce más profundamente a las empresas que audita, se reducen enormemente los costos operativos de la Administración, se puede por tanto mejorar sustancialmente la remuneración de los inspectores, se logra un nivel de recaudación más ágil y eficiente y de esta forma se dedican los recursos de la sociedad hacia el sector que efectivamente va a ser el que haga la diferencia en la recaudación, pues estas empresas son las que tienen recursos para contratar «consultoras de prestigio» que estudian la forma de evadir «legalmente» lo que realmente «les corresponde aportar».

De la Iglesia advirtió que este sistema ya se viene aplicando en Brasil desde 1996 con el tributo «simple» y también en España.

El empresario hizo un llamado a que de una vez «nos saquemos el velo de los ojos y empecemos por llamar a las cosas por su nombre y no permitir que ante las obligaciones tributarias haya hijos y entenados». *