Camioneros alertan que si se aplica normativa pueden perderse 15.000 puestos de trabajo

El Sindicato de Camioneros del Uruguay propuso a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados una prórroga de la entrada en vigencia de la disposición por la cual a partir del próximo 1º de febrero deberán tener regularizados los diferentes tributos, o de lo contrario no podrán continuar transitando por las carreteras del país.

El grupo legislativo recibió a una delegación compuesta por los gremialistas Homero Díaz, Uruguay Muiños, Julio de León y Richard Patrón, entre otros.

Díaz reclamó una prórroga a la nueva normativa, con el propósito de iniciar un diálogo entre camioneros, parlamentarios y autoridades del Poder Ejecutivo para modificar la ley y encontrar alternativas acordes a la realidad del pequeño transportista.

El gremialista indicó: «Según cifras que ha manejado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la aplicación de esta ley van a quedar en la calle más de 15.000 camiones, es decir, habrá más de 15.000 familias que quedarán sin trabajo dentro de pocos días».

Con el objetivo de llevar en alto estas reivindicaciones crearon una nueva gremial el pasado 11 de enero. «Queremos dejar en claro que en ningún momento se ha tratado el tema con el fin de no pagar. El tema es claro: debemos buscar una solución y pagar algo acorde a lo que producimos», afirmó Díaz.

Agregó que «las tarifas que aplican en Montevideo, que se han generalizado a través de esta reglamentación, no se pueden aplicar en el Interior».

«Hay gente a la que no le vamos a poder cobrar el IVA porque se trata de productores muy pequeños y nos quedaríamos con su producción solamente con el costo del flete», manifestó. Como consecuencia, «hay gente que está obligada a vender algo para pagar impuestos, y si encima le cobramos precios bastante altos, sin querer la estamos apretando más». «Si bien la ley tiene una parte importante que es buena, tiene también una parte negativa. Al respecto, juntos tendremos que tratar de buscar una solución», indicó.

En tanto, De León estimó que la ley perjudicará más «a los pueblos, y no a las ciudades, ya que éstas manejan las grandes empresas mientras que en los pueblos chicos se encargan de las pequeñas empresas. Pero tampoco hay que eludir a las grandes empresas». El dirigente Muiños precisó: «Los motivos por los que pedimos la prórroga ya se conocen. Aquí hay gente que no puede entrar a los frigoríficos, o sea que este decreto ya se está aplicando».

«Además, entre nosotros, hay personas que hicieron viajes y a las que, en el frigorífico, les avisaron que se fueran, que no les descargaban. Quiere decir que el decreto ya se está aplicando. No es, como dicen, que empezaba a aplicarse el 1º de marzo o en abril», sentenció Muiños. *