Si no le cierran los números el FMI exigirá que Uruguay reprograme su deuda externa

Desde el gobierno se han emitido en los últimos días algunos datos económicos sobre la actualidad que son positivos, pero a los técnicos del Fondo les preocupa más el futuro que el presente. Los números de 2002 ya fueron revisados y ahora viene la parte más sensible, las proyecciones para este año.

En la mesa de discución continúa lo referente a la política monetaria. Se espera que sea aprobado el programa por el cual se controlan variables internas (inflación y devaluación) mediante la base monetaria, es decir, el circulante.

Esta teoría, puesta en práctica por los técnicos del BCU, marca la cantidad de circulante (más depósitos a la vista en moneda nacional) que debe haber en plaza para mantener ambas variables –inflación y devaluación– controladas.

No obstante, la aplicación de tal programa y las metas fijadas (30 por ciento para IPC como para devaluación) llevan a una política totalmente constrictiva, ya que si no hay un crecimiento de la base monetaria es de esperar que continúen los síntomas de recesión.

Se espera que haya crecimiento de las exportaciones, ya que los dólares que ingresan no significan emisión.

Las dudas consisten en saber si con la base monetaria planteada puede mantenerse la estructura social del país. Frente a los incrementos de tarifas públicas y principalmente del petróleo, es difícil pensar que el gobierno pueda soportar tales presiones sociales sin que lo lleven a variar la pauta de base monetaria y expandirla más de lo previsto. De no hacerlo, los conflictos sociales irían en aumento, lo que podría debilitar aún más la economía local.

Otro factor es el gasto público. El aumento de los salarios a los funcionarios del gobierno central será bajo, en el entorno del 6 por ciento pagadero en dos veces.

Esto permitirá reducir en alguna medida el gasto, pero hay dudas respecto a que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones de pago de intereses de deuda pública, que es lo que se cubre con recursos del gobierno central y están incluidos en el presupuesto de gastos. Por cada peso que se paga de intereses de deuda, se pagan tres de salarios.

«No se ha hablado»

Altas fuentes del Ministerio de Economía aseguran que los técnicos del FMI que están en el país no les han hablado de reprogramar la deuda.

Pero los rumores en el edificio del MEF, ubicado sobre la calle Colonia, son fuertes en el sentido de que una vez que se termine de revisar las cuentas, se llegue a la conclusión de que Uruguay tendrá serias dificultades para el pago de sus compromisos, por lo que lo mejor será la declaración de «default» para posteriormente entrar en la reprogramación.

El FMI se apresta a aprobar un mecanismo de reprogramación de deuda que incluye un tribunal internacional para zanjar diferencias entre acreedores y deudores. Este nuevo mecanismo podría tener como primer estado soberano debutante a Uruguay.

La oposición de De Brun

La principal oposición a una reprogramación de deuda ha surgido desde el Banco Central. Su titular, Julio De Brun, ha insistido en que no es intención de Uruguay ingresar por este camino. En medios económicos se sostiene que la oposición de De Brun tiene que ver sobre todo con quiénes son los tendeores de deuda. Se trata de uruguayos residentes en del país. La aplicación de una reprogramación provocaría «pánico» con una nueva corrida bancaria, se dice en el Banco Central.

Pero tal teoría es refutada por otros que consideran que los tenedores de bonos particulares son personas con un alto poder adquisitivo y que si tenían dinero en los bancos, forman parte de los US$ 2 mil millones retirados desde comienzos de año a la fecha, por lo que «ese dinero ya está en el exterior y no volverá».

También se entiende que políticamente reprogramar bonos afectaría económicamente a un poderoso sector de votantes, principalmente contribuyentes, de los partidos tradicionales.

En los corrillos políticos se señala que De Brun está pensando en su futuro, es decir, en su continuidad en el equipo económico de acuerdo a si existe o no la reprogramación que impulsa el FMI. Ayer el presidente del BCU reiteró por enésima vez que Uruguay no reprogramará su deuda y dijo que la situación no es comparable con la de Argentina, que ingresó en cesación de pagos.

Precisamente el FMI no quiere un quiebre desorganizado como el de Argentina. Prefiere prevenir que un día alguien quiera cobrarle a Uruguay y no haya dinero para pagar, lo que provocaría un «default espontáneo».

El presidente Jorge Batlle fue el primero en admitir que ya se había reestructurado deuda. Se trata de US$ 400 millones de deuda del Estado que las AFAP tenían en su poder. Estos bonos fueron canjeados por otros a más largo plazo, lo que marcaba una señal de que se podría comenzar a negociar con los acreedores externos.

Blancos: renegociar con dignidad

El Partido Nacional ya está asumiendo que la reprogramación de la deuda será exigida por el FMI. En este sentido el ex presidente Luis Alberto Lacalle encabeza el movimiento nacionalista para lograr una reprogramación «digna».

El líder nacionalista planteará en el Directorio del Partido Nacional que la renegociación de la deuda sea manejada con un parámetro político claro. Este pasa por la necesidad de apertura de mercados: cuanto más se exporte, más se paga.

En un encuentro realizado por la cúpula herrerista en el balneario La Paloma Lacalle reconoció que el FMI plantea la renegociación de la deuda, pero sostuvo que Uruguay no puede ser tomado como un campo de experimento para la aplicación de nuevas teorías, entre ellas las manejadas por el FMI: el Sovereign Debt Restructuring Mechanism (tribunal para reestructura de deuda). *