Pueblo colombiano rechaza mina a cielo abierto pero la minera insiste con devastar la selva

Alrededor del 98% de los residentes de la localidad de Cajamarca, un área montañosa al oeste de Bogotá, dijeron que no a la instalación de una gigantesca mina de 35 mil millones de dólares, debido a las preocupaciones sobre el medio ambiente y la contaminación del agua, y el Ministro de Minería de Colombia, Germán Arce, no parece estar muy contento con los resultados.

La compañía sudafricana AngloGold Ashanti pretendía construir la mina de oro, llamada La Colosa, en el centro de Colombia, y podría haber sido la mina de oro más grande de Sudamérica.

El gobierno nacional del derechista Iván Duque estaba a favor de La Colosa, diciendo que la minería es vital mientras se recuperan «de la guerra con los rebeldes marxistas». Pero los residentes de Cajamarca, donde se ubicaría la mina, rechazaron de manera abrumadora el proyecto en un referéndum reciente.

Según la BBC, 19.000 personas viven en la ciudad, y solo 76 locales votaron a favor de la mina de oro, mientras que 6.100 votaron en contra. 

Camila Méndez, una estudiante local de 21 años de edad, le dijo al portal ambientalista Mongabay, antes de los resultados: “Voté no por las generaciones futuras. Tengo dos sobrinos de siete y tres años. A pesar de que no viven en Cajamarca, sé que quiero que disfruten lo poco que he podido disfrutar hasta ahora, en lo que respecta al campo. Si ganamos, le mostraríamos al mundo completo que Cajamarca puede derrotar a una gran empresa multinacional, un monstruo minero como AngloGold Ashanti».

 

Lo quieren todo

AngloGold Ashanti aún necesita una licencia ambiental, y si se otorga eso, Arce dijo que sería decisión de los tribunales o del Congreso del país si la mina se realiza, a pesar de que los lugareños no la quieren en sus tierras.

Si bien el referendo tuvo lugar en marzo de 2017, durante el 2018 la empresa siguió molestando a los lugareños con la idea de hacer la mina, la cual quedó establecido, nadie desea tener en la localidad.

El 5 de marzo de 2018, la compañía volvió a solicitar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MInisterio de Ambiente de Colombia eliminar el carácter de área protegida y reserva forestal de un sector de Cajamarca para cavar ahí una mina.

“En mi calidad de apoderada de AngloGold Ashanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de sustracción temporal de un área de reserva forestal central”, se lee en el documento presentado por Andrea González Cely, representante ambiental de la minera.

Obviamente, el consorcio sudafricano desconoce los resultados y siguen presionando, hasta el día de hoy, a las autoridades gubernamentales para que se declare sin lugar el referendo. Aseguran que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular«, y que mientras esa decisión no esté tomada, ellos seguirán haciendo las actividades económicas naturales de la empresa.

Otro caso similar se dio en el municipio de Cumaral, también en Colombia, en donde la empresa de capital indio y chino Mansarovar Energy quería establecerse para la explotación de hidrocarburos, a lo cual el 98% de los los locales respondieron con un contundente «No» en otro plebiscito.

¿La corte parcializada?

Los ambientalistas están preocupados de la posible inclinación de la Corte Constitucional hacia las empresas mineras y petroleras, algo que podría poner en peligro el medio ambiente de estas ricas selvas tropicales colombianas.

El actual presidente de la Corte, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico hasta 2015 de ECOPETROL, una empresa cuyo nombre es en sí una ironía porque se dedican directamente a la extracción de petróleo. En octubre de 2018, en el Congreso Nacional de Minería de Colombia dijo que está poniendo freno a los fallos ligados a las consultas populares, como las de Cajamarca y Cumaral. “Creo que con la nueva corte este (los derechos ambientales vs. temas mineros) va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”, aseguró.

Cristina Parto, también integrante de la Corte, fue secretaria jurídica de la Presidencia de Juan Manuel Santos cuando se emitieron decretos como el 2.691 del año 2014, en el que se establece que los municipios debían demostrar, en un lapso no mayor a tres meses, porqué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía por supuesta obviedad que en realidad sí querían la actividad minera en sus pueblos. Poco después, el Consejo de Estado se trajo abajo el conflictivo decreto.