El aceite de palma es cada vez más contaminante y devastador para el medio ambiente

En el año 2001, la organización ambientalista  World Wildlife Fund (WWF) comenzó a promover la creación de una Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RPSO). En 2004, la mesa redonda se estableció formalmente como un grupo sin fines de lucro, reuniendo a varias organizaciones, países e instancias interesadas en la industria, las cuales buscaban representar tanto los intereses de las empresas como los de las comunidades rurales en cuyas tierras las grandes empresas cultivan palma aceitera.

Todos los miembros ahora trabajan juntos para acordar y desarrollar un conjunto de criterios ambientales y sociales, y lograr una certificación de aceite de palma sostenible.

Hasta el mes de mayo de 2018, 3.57 millones de hectáreas de tierra habían sido certificadas bajo el esquema de sostenibilidad, y ​​3.920 miembros producían el 19% del aceite de palma mundial (12,2 millones de toneladas) de forma compatible con los estatutos de la RPSO. Si bien los datos globales sobre el impacto de la certificación RSPO en los episodios de acaparamiento de tierras son difíciles de encontrar, un informe de 2018 sugiere que ha contribuido al 33% en la deforestación entre 2001 y 2015 solo en Indonesia.

Destruyendo bosques y comunidades

Las más grandes empresas de producción de aceite de palma han rehusado formar parte de la RSPO y algunas que estuvieron antes se han salido para evitar cumplir con los estatutos ecologistas y para mejorar sus ingresos.

Aunque la membresía de la RSPO y la adhesión a sus principios es voluntaria, ha sido un amortiguador a la destrucción de bosques y selvas, principalmente en Asia, donde la palma aceitera está ocasionando la destrucción de áreas boscosas que son el único hábitat de los orangutanes, aunque también en África se produce con pocos o nulos controles gubernamentales.

Esta organización también ha sido efectiva impidiendo que los grandes gigantes de la palma de aceite se alineen con las élites políticas corruptas en los países de bajos ingresos. Ha detenido, hasta cierto punto, la erosión de los derechos de las comunidades rurales afectadas por la pobreza, a quienes se les ha quitado la tierra bajo en la cual han vivido por cientos de años o se ha destruido su entorno local.

El hecho de que cualquier compañía pudiera salirse con la suya después de cometer crímenes ambientales, de los cuales habían sido acusados ​​sin ningún castigo -incluso cuando tenían membresía en la RSPO-, causa el enojo de las organizaciones ambientalistas y de distintas entidades preocupadas por la destrucción del medio ambiente.