El Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Gestión integral de residuos

El objetivo es proteger el ambiente, propiciando un modelo de desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos y el reconocimiento de estos como un recurso reutilizable y reciclable, capaz de generar valor y empleo.

En la iniciativa, que se compone de 70 artículos, se incluyen todos los residuos cualquier sea su tipo y origen, a excepción de los residuos sanitarios, radiactivos y los generados en la exploración y explotación minera.

Está alineado a una estrategia de economía circular, en la que se optimiza el uso de materiales, para darle una segunda vida a los residuos y potenciar el desarrollo de nuevas formas de negocios y la creación de empleos verdes asociados a la cadena de recuperación y valorización de materiales.

El proyecto clarifica los tipos de residuos en función de sus características, de la actividad generadora y de la responsabilidad por su gestión que se asigna.

Se establecen ocho tipos de residuos que abordan desde los residuos domiciliarios, y de limpieza de espacios públicos sobre los cuales asumen, al igual que en la actualidad, la responsabilidad de su gestión, las intendencias, una vez que estos son entregados a los sistemas de recolección, hasta aquellos que la ley denomina especiales y que integran los residuos, que en general se derivan del consumo masivo de bienes y que por su composición o características requieren una gestión independiente y sobre los cuales aplicará el concepto de responsabilidad extendida o el Impuesto Específico Interno.

El resto de los cinco tipos de residuos integran los generados en actividades económicas productivas, en centros de atención la salud, en obras de construcción así como suelos contaminados y sedimentos, siendo la responsabilidad de la gestión de los mismos a cargo del generador directo del residuo.

El proyecto establece los principios de la política nacional de residuos en base a los principios de la política ambiental, a la vez que incorpora directrices generales y específicas para residuos domiciliarios que pautaran la gestión.

Reciclado

Se establece en forma explícita la jerarquía de gestión donde se prioriza la minimización de residuos y el reciclado frente a las alternativas de disposición final.

Aborda los aspectos de planificación y coordinación, reforzando la necesidad de avanzar en los procesos de planificación, tanto en ámbito nacional como departamental.

Se establece el Plan Nacional de Gestión de Residuos como instrumento de planificación estratégica a nivel nacional, asignado la competencia en el Ministerio de Medio Ambiente de su formulación a la vez que se promueve la formulación de planes departamentales de residuos.

Se propone la creación de la Comisión de Coordinación y Planificación sobre Residuos, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente que lo integrará en conjunto con el Congreso de Intendentes.

En el proyecto se hace referencia a la prevención de la generación y la promoción de reciclado y otras formas de valorización, estableciendo desde la parte conceptual, los aspectos estratégicos, las facultades del Poder Ejecutivo para actuar en pro de incentivar el diseño más adecuado de productos y servicios y desestimular el uso de productos de corta vida útil o de excesiva generación de residuos.

Se establece un plazo de dos años para que los organismos públicos implementen sistemas de segregación de corrientes de residuos reciclables y no reciclables de forma que se transformen en motor del cambio.

También se integran aspectos asociados a la disminución de la generación de residuos de alimentos en línea con la tendencia establecidos por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Clasificadores

Para abordar el problema de la informalidad, se establece un conjunto de artículos tendientes al ordenamiento de la cadena de reciclado.

Se incorporan aspectos vinculados a la promoción del desarrollo social y laboral de los clasificadores de residuos y su efectiva inclusión social.

La Ley reconoce a los clasificadores como un actor clave en los procesos de reciclado y puesta en valor de residuos.

Para facilitar la inclusión social, laboral y productiva se crea un inventario público de iniciativas de inclusión social y productiva de clasificadores, un registro de clasificadores y un proceso de certificación de competencias.

Residuos especiales

Sobre los residuos especiales, que integran los que en general derivan del consumo masivo de bienes y que por su composición o características requieren una gestión independiente y sobre los cuales aplicará el concepto de “responsabilidad extendida o el financiamiento del sector importador/productor de los bienes”.

Dentro de este de tipo de residuos se incluyen los de envases y embalajes cualquiera sea su origen y función, baterías y pilas, electro-electrónicos post-consumo, neumáticos fuera de uso, aceites usados, vehículos fuera de uso.

La base de la gestión de estas fracciones de residuos es la “recuperación” de productos para su reciclaje u otras formas de valorización, evitando que los mismos vayan a disposición final en un relleno.

En el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos se propone derogar la Ley de Reciclaje de Envases, sustituyendo el mecanismo de gestión por un modelo nuevo, basado en un tributo que permitirá el financiamiento del sistema de recolección selectiva y clasificado de estos materiales en sustitución de la tasa que las empresas ya pagan en el marco de la Ley de Reciclaje de Envases y que es gestionado por un Fideicomiso que funciona en el ámbito privado.

Fondo Nacional de Gestión de Residuos

Se plantea la creación de un Fideicomiso de administración denominado Fondo Nacional de Gestión de Residuos (FONAGRES), que generará las capacidades necesarias para la gestión de las fracciones de residuos de envases.

Tendrá como finalidad el financiamiento de los sistemas de recolección selectiva, clasificación, transporte y valorización de residuos especiales generados por productos gravados por el IMESI.

Se crea en el ámbito del Ministerio de Industria, Minería y Energía el Programa de Valorización de Residuos que a su vez apoyará el desarrollo de nuevos productos tendientes a minimizar la generación de residuos y que recibirá el financiamiento del Fondo Nacional de Gestión de Residuos.

Disposición final de residuos

En la propuesta se plantea ordenar esta alternativa y mejorar las condiciones de seguridad para su utilización. Se incorporan como sujetos de autorización ambiental la totalidad de los sitios de disposición final de residuos, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la adecuación a las nuevas pautas.

Se incluyen un conjunto de prohibiciones, y se establecen las condiciones de clausura y restricciones de uso para los inmuebles utilizados para la disposición final de residuos.

Al mismo tiempo, en la iniciativa legal se contempla el fortalecimiento de los procesos de participación en materia de gestión de residuos, la educación para la acción y la transparencia de las acciones a través de la mejora de la disponibilidad y acceso a la información pertinente.