PARA AGRICULTURA Y MINERÍA

Gobierno de Temer quiere talar 350.000 hectáreas de la Amazonia

Los ambientalistas brasileños advierten que el Poder Ejecutivo "ha cedido a la presión del lobby rural", por lo que podrían devastarse largas extensiones del pulmón del planeta.

la deforestación ilegal en el Bosque Nacional Jamanxim (Foto: Daniel Beltrà / Greenpeace)
Deforestación ilegal en el Bosque Nacional Jamanxim (Foto: Daniel Beltrà / Greenpeace)

El Ministerio del Medio Ambiente de Brasil acaba de proponer abrir para la tala unas 350.000 hectáreas de áreas protegidas de la Selva Amazónica, para la explotación forestal, minera y agrícola. El proyecto de ley acaba de ser enviado a la Cámara de Diputados, plantea reducir en casi 27% la zona de máxima protección de la Selva Nacional de Jamanxim, un parque nacional ubicado en la región de Pará, al norte del país.

El texto incluye supuestamente medidas para impedir la deforestación, reducir los conflictos de tierras y fomentar la creación de empleos, pero los ambientalistas no están muy convencidos. «Supone una amnistía a la ocupación ilegal», critica en su página web el Observatório do Clima, que añade que el Gobierno «ha cedido a la presión» del «lobby rural».

Un proyecto similiar fue aprobado en mayo pasado por los Diputados, pero el presidente Michel Temer la vetó por presión de distintos grupos de activistas. Organizaciones como Greenpeace denuncian que el mandatario retomó sus intenciones de satisfacer las exigencias del «lobby» del agronegocio, con el fin de postergarse en el poder.

Temer dispuesto a cualquier cosa

«Temer Gobierna para sí mismo y no para el país. Sin ninguna vergüenza, está rifando la Amazonia a cambio de votos contra su casación. Este proyecto de ley es absurdo, desmoraliza al Estado brasileño y demuestra que está dispuesto a cualquier cosa para mantener su Presidencia», denunció en un comunicado de prensa Marcio Astrini, el coordinador de políticas públicas de Greenpeace-Brasil.

Temer es asediado por las denuncias de corrupción. En junio pasado fue denunciado formalmente ante la Justicia por corrupción y podría ser alejado de su cargo por 180 días -como le pasó a Dilma Rousseff- si dos tercios de los diputados autorizan en agosto al Tribunal Supremo Federal autoriza a llevar adelante una investigación y posterior juicio.

«Usar la Amazonia como moneda de cambio tendrá un coste muy alto para el país y para el planeta: más destrucción y violencia en el campo», asegura Greenpeace.

La lucha por los vastos recursos enclavados en la Amazonía ha provocado que Brasil sea uno de los países más mortales para los ecologistas. Según el informe «Defender la Tierra», publicada este mes por Global Witness, 49 defensores del medio ambiente fueron asesinadas en 2016, de los cuales el 40% eran indígenas. Esto represeta casi 25% de los 200 ambientalistas que fueron muertos en manos criminales en todo el mundo.

 

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