10 regulaciones medioambientales abolidas por Trump en los primeros 100 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha priorizado los combustibles fósiles, la explotación de minerales con técnicas sumamente contaminantes y hasta la reducción de áreas protegidas que sería concesionadas a empresas privadas.

Sus decisiones, podrían impactar seriamente en el equilibrio del medio ambiente en todo el planeta.

1. aprobación el oleoducto Dakota Access

Los congresistas republicanos criticaron a Obama por atrasar la construcción del criticado oleoducto. Donald Trump lo aprobó por decreto presidencial el pasado 7 de febrero. Este sistema atraviesa territorios sagrados de aborígenes norteamericanos y podría causar graves contaminaciones, según denuncian los ambientalistas.

2. Revocación de la prohibición a que mineras depositen residuos en mantos acuíferos locales

La industria carbonífera presionó al Ejecutivo para que se les permitiera verter residuos de la explotación de minas de carbón. El Congreso revocó la regulación, y Trump la firmó el pasado 16 de febrero.

3. Cancelación la obligación para reportar emisiones de metano

Los legisladores republicanos de 11 estados escribieron una carta a Scott Pruitt, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), aduciendo que la regla sumaba costos y trámites burocráticos a las compañías de petróleo y gas. Al día siguiente, el 2 de marzo, Pruitt recovó la regla.

4. Aprobación del oleoducto Keystone XL 

Un grupo de congresistas republicanos, acuerpados por grupos cabilderos de las industrias de gas, petróleo y metalurgia, se habían opuesto a la decisión de Obama de bloquear el oleoducto, argumentando que el proyecto crearía empleos y ayudaría a la independencia energética de Norteamérica. Después de que la compañía concesionada volvió a pedir el permiso para la construcción, la administración Trump lo aprobó.

5. Reducción del poder federal sobre el uso de tierras

Los republicanos, junto con la industria de combustibles fósiles, se opusieron a un plan que daba poder a la administración federal para decidir el uso de cada tierra concedida para explotación. El congreso aprobó una ley que reducía los poderes del estado sobre estas decisiones, y Trump la firmó el 27 de marzo.

6. Concesión de nuevas tierras para explotación de minas de carbón

La administración Trump levantó un veto de tres años al otorgamiento de terrenos en concesión para extraer carbón. El pasado 29 de marzo, el mandatario estadounidense derogó la prohibición y dejó abierta la opción a que nuevas minas se instalen en todo el país.

7. Rechazo a prohibir un insecticida potencialmente peligroso

Dow Agrosciences, la compañía que produce el potente insecticida Chlorpyrifos, vetado por la EPA en la era Obama, se opuso a la posición gubernamental sobre su producto. El Poder Ejecutivo sostuvo -basados en pruebas científicas- que puede causar deformidades cerebrales en fetos así como problemas en el desarrollo del sistema nervioso. Nuevamente, Pruitt rechazó los análisis previos y se negó a seguir prohibiendo el producto.

8. Retroceso a prohibición para cazar en refugios de vida silvestre en Alaska

Los legisladores de Alaska se opusieron en todo momento a una ley que prohibía a los cazadores disparar a lobos y osos grizzly dentro de terrenos protegidos por ley. Estos argumentaron que el estado y no el Gobierno federal, tiene la autoridad sobre esas tierras. El Congreso pasó una ley revocando la prohibición, y fue firmada por Trump el pasado 3 de abril.

9. Retiro de los lineamientos para que agencias federales incluyan la emisión de gases de invernadero en sus revisiones medioambientales

Hasta el 5 de abril, las agencias federales estaban obligadas a contabilizar las emisiones de gases y el potencial daño climático de sus actividades, y reportar los resultados en las revisiones anuales de impacto ambiental. El Congreso, de mayoría republicana, decidió que el Gobierno federal no tiene autoridad para exigir estas tareas y menos para controlarlas, por lo que el 5 de abril se revocó la obligatoriedad.

10. Relajación de los límites de descargo de tóxicos en aguas potables públicas por parte de plantas de energía 

La industria de los combustibles fósiles y la energía en general, como gran coalición, se opusieron a una regulación que ponía un tope máximo a la cantidad de desechos tóxicos que se pueden depositar en mantos acuíferos públicos. Desde el 12 de abril, la EPA derogó la regulación y puso en consideración los lineamientos de esta, con miras a relajar los límites de arsénico, plomo y mercurio (entre otras sustancias) que se pueden liberar en el agua.