PROTECCIÓN

Corte Internacional de Justicia prohíbe a Japón cazar ballenas en el Antártico

La denuncia australiana de 2010 contra Japón, por cazar ballenas para fines más allá de los científicos que aseguran tener, fue aceptada y los nipones deberán suspender la faena.

Los japoneses usan la carne de ballena con fines comerciales y no con los fines científicos que aducen como argumento de la tarea.

Por doce votos contra cuatro, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) retiraron los permisos a Japón para que pueda pescar en aguas del Antártico, cualquier tipo de ballena. Se reconoce la denuncia efectuada por Australia, en el sentido que los japoneses usan la carne de ballena con fines comerciales y no con los fines científicos que aducen como argumento de la tarea.

”Japón debe revocar toda autorización, permiso o licencia existente concedida en relación a el programa Jarpa II, y abstenerse de conceder cualquier otro permiso en persecución de este programa”, dice la sentencia condenatoria de la CIJ. El Jarpa II es el programa para estudios del ecosistema antártico y las poblaciones balleneras, bajo cuyo manto Japón explota el recurso que ha pasado a ser protegido por casi todas las naciones involucradas en el mundo.

La alegría de los ambientalistas y el temor del no cumplimiento

Si bien la prohibición de cazar ballenas data de 1986, Japón se ha amparado en el artículo 8º de la Convención de 1946, que permite cazar mamíferos marinos con fines científicos, algo en que lo han acompañado hasta ahora Noruega e Islandia.

Desde 1994 a la fecha alrededor de 10.000 ballenas han sido sacrificadas por los japoneses con argumentos de ciencia, pero dejando que la carne se comercializara a precios astronómicos en los mejores restoranes de las islas del Sol Naciente.

Para los ecologlistas es un triunfo de primera magnitud, ya que ahora dos naciones nórdicas son las últimas a las que deben enfrentar para evitar nuevas matanzas: Japón es el más fuerte en materia de flota ballenera de los tres involucrados. Los ecologistas han planteado no obstante serias dudas públicas sobre el cumplimiento japonés de la orden, algo que fue refutado oficialmente.

El delegado nipón ante el principal órgano judicial de la ONU, Koji Tsuruoka, dijo que “como un Estado que respeta la supremacía del derecho y miembro responsable de la comunidad internacional, Japón acatará el fallo”.

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