Dirigentes de Fénix fueron denunciados por amenazas

Dos dirigentes del C.A. Fénix fueron denunciados por amenazas por el árbitro Carlos Aguirregaray al término del partido con Peñarol, el pasado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario.

De acuerdo a lo estampado en el confidencial, los dirigentes Marcelo García (delegado) y Alvaro Chijani (hermano del empresario que integra el Grupo Casal) bajaron al vestuario de los árbitros en el primer tiempo, para recriminarles los fallos que según ellos, habían perjudicado a su equipo.

Carlos Aguirregaray, Alvaro Sacarello y Miguel Nievas (que no fueron sancionados por el Colegio por ese partido, como trascendió) denunciaron que los dos dirigentes invadieron un sector donde tienen prohibido transitar y les «propinaron» duros epítetos.

En el caso concreto del árbitro Aguirregaray, el hecho fue más grave porque según consta en el confidencial, García y Chijani, lo amenazaron diciéndole que sabían que él tenía familia, dejando planteada la duda que si no los beneficiaba, podían tomar represalias con ésta.

Aguirregaray es casado con la árbitra Alejandra Trucidos con quien tienen un pequeño hijo de meses.

De acuerdo al Código de Penas, los comentarios de los árbitros y los fallos de los Tribunales son incomentables e inapelables, por lo que la actitud de los dos dirigentes de Fénix es punible de acuerdo a las normas de la AUF.

 

Pasarán al Tribunal de Honor

La conducta de Marcelo García y Alvaro Chijani, debe ser juzgada por el Tribunal de Honor de la AUF, porque el Tribunal de Penas no tiene competencia en la materia. El cuerpo que preside el doctor Américo Ricaldoni deberá convocar a los denunciados a una audiencia para que hagan los descargos, podrían citar a los árbitros en caso de ser necesario para luego fallar.

Cabe destacar que el Tribunal de Honor no puede actuar de oficio por lo que deberán remitirle la denuncia. Este, por ejemplo, nunca pudo instruir una investigación contra el ex presidente del Consejo Juvenil, Nelson Spillman, que fue procesado por la Justicia Penal porque el Consejo Ejecutivo, apretó los antecedentes y nunca habilitó su actuación.

La conducta de García y Chijani podría ser motivo de investigación judicial si las autoridades de la AUF comprendieran la gravedad del incidente. Amenazar a la familia de un árbitro es algo que va más allá de la justicia deportiva. *