Tiene la palabra

Reclamo de los Peirano Basso carece de efecto jurídico

Sr. Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Estos titulares que encabezan la página 6 de la sección Política de LA REPUBLICA, inician un artículo, publicado sin firma, particularmente falaz y tendencioso, donde aparecen medias verdades y falsedades, algunas de las cuales a continuación expongo:

 

«El reclamo que presentaron los hermanos banqueros Peirano Basso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el tiempo que llevan encarcelados sin recibir condena carece de todo efecto jurídico sobre el proceso penal que se les instruye en Montevideo por el daño que causaron a la economía nacional por un monto que el Banco Central del Uruguay estimó entre U$S 300 y 400 millones».

 

Este párrafo inicial, contiene varias falsedades, a saber:

 

El informe con recomendaciones, que pueda producir la CIDH, como bien lo manifiesta el profesor Héctor Gros Espiell, «carecerá de todo efecto jurídico vinculante…», pero sin embargo, como es habitual en las «embestidas bagualas» a las cuales nos ha acostumbrado el gobierno del Dr. Jorge Batlle, expondrá a la República al riesgo de convertirnos nuevamente en el hazmerreír de los pueblos latinoamericanos. Es evidente que el resto del mundo, que nos ignora al presente, continuará ignorándonos. Un informe de la CIDH implica en principio una condena moral, y nada que pueda manifestar ningún ciudadano o autoridad uruguaya, puede cambiar este hecho. Además es bueno recordar que es falsa la manifestación de que el Proceso Penal que se les instruye, sea por el supuesto daño, no probado en autos, que el Banco Central estimó (?) entre 300 y 400 millones de dólares, sino que al día de hoy, después de que el Tribunal de Apelaciones correspondiente desechó los cargos por los cuales fueron procesados los tres hermanos y su padre, el Dr. Jorge Peirano Facio, sólo queda en pie, a nuestro mejor leal saber y entender, una absurda acusación de violación del Art. 76, de la Ley 2.230. Como oportunamente lo manifestó en su defensa de ellos, ante el Tribunal de Apelaciones, el Dr. Carlos Curbelo Tammaro. Los lectores deberían de saber que dicho artículo, que ha sido derogado por numerosas normas legales posteriores, ha sido usado, al igual que en otros casos lo fue el «abuso innominado de funciones» para los funcionarios públicos, como un instrumento para sacar del medio a las personas que molestan al sistema. Esta es la opinión personal de este ciudadano que reclama justicia.

 

Es prematuro adelantar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como alegremente la descarta el ilustre profesor Dr. Héctor Gros Espiell, por cuanto dicho Tribunal fue fundado con el fin no explícito, pero sí implícito, de restablecer mediante una vía coercitiva (la sentencia), los derechos que los gobiernos respectivos no pudieron o quisieron respetar. Llegado el momento, el Gobierno Nacional encontrará la forma de no cumplir con dicha sentencia, como lo está haciendo en este momento, trabando por todos los medios a su alcance el cumplimiento del Fallo Arbitral, que por unanimidad condenó al Uruguay al pago de U$S 100 millones más intereses de mora, costas y costos, ignorando olímpicamente lo dispuesto en los Arts. 537/543 del Libro II, Capítulo IV, del C.G.P.

Quizás el distinguido profesor ha visto omnibulado su criterio por el hecho de ser un fuerte acreedor del Banco de Montevideo y del Grupo Peirano.

 

«De acuerdo con las fuentes consultadas (anónimas), los señores Peirano Basso carecen de todo derecho a una libertad provisional por la gravedad de los delitos por los que fueron procesados, pero además por la alarma pública y la conmoción que causaron sus actuaciones bancarias, las que provocaron la quiebra financiera del año 2002 que desmoronó al Banco de Montevideo, al Banco de Crédito y al Banco La Caja Obrera, además de condicionar al Estado Nacional a solicitar una millonaria asistencia financiera en organismos del exterior, que deberán pagar al menos tres generaciones de compatriotas».

 

Este párrafo también contiene afirmaciones tendenciosas y medias verdades; en efecto, las fuentes anónimas consultadas niegan el derecho a una libertad provisional a los encausados, basadas en «la gravedad de los delitos por los que fueron procesados «, olvidándose del hecho de que según iluminada sentencia del Tribunal de Apelaciones correspondiente, los hermanos Peirano Basso sólo responden por el famoso Art. 76 de la Ley 2.230. Por otra parte la «alarma pública y la conmoción» a las que hace referencia la fuente anónima, vista a la distancia que nos da el tiempo, son quizás más atribuibles a un irresponsable accionar de las autoridades nacionales, desde el Sr. Presidente de la República, sus ministros de Economía y Finanzas y las autoridades del Banco Central, todos los cuales, al encontrarse con una crisis regional de proporciones, no supieron manejarla, y aceleradamente, tratando de barrer todo bajo la alfombra, autorizaron, promovieron mediante acciones y omisiones la demonización del llamado «Grupo Peirano» . Es lamentable que el señor juez de la causa considere, en opinión compartida con el señor fiscal que: «continúa siendo razonable el plazo de dos años y medio, ya que (supuestamente) sus actuaciones casi llegaron a provocar la quiebra del sistema financiero uruguayo, lo que se evitó con la asistencia internacional», es la opinión personal de este ciudadano, que dos años y medio de prisión preventiva, para quienes pueden aún ser declarados inocentes, al ritmo actual del proceso, alcanzaría con que algún tribunal superior falle, a los efectos de que el Art. 76 de la Ley 2.230 no se encuentra vigente, tal como brillantemente lo sostuvo la defensa de los doctores Curbelo y Otatti, quedando desde ese momento en libertad los tres hermanos, y dejando al país, a enfrentar unos juicios colosales, en los cuales, dentro del marco de esta hipótesis, va a ser condenado irremediablemente.

 

Peirano Facio: «Mi hijo Juan tiene que cuidar de los negocios de la familia «

 

Esta frase, atribuida al Dr. Peirano Facio, puede o no ser cierta. De serlo en nada desmerece la figura del profesor Peirano Facio, ya tristemente familiarizado con el proceder en el modo y en el tiempo, de la Justicia uruguaya, tanto Penal como Civil, y sin desmerecer el broche de oro de que es el Banco Central, órgano del Poder Ejecutivo, el que instruye a los fiscales, a su vez funcionarios dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, para actuar frente a estas situaciones. Basta ver y es de público conocimiento la actuación tanto del Poder Ejecutivo como de las bancadas de Senadores y Diputados, en el caso, tristemente célebre, del fiscal de Corte, Dr. Peri Valdez.

Es conocida la posición de los distinguidos juristas, Dr. Alejandro Abal Oliú, y Dr. Leslie Van Rompaey, respectivamente, el primero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad mayor de la República, y en su oportunidad el segundo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quienes en una entrevista conjunta concedida al diario «El País», de Montevideo, recientemente manifestaron que: «…el sistema penal uruguayo puede parecer aberrante, visto desde el exterior…», abundando en la opinión de tan distinguidos profesores, es opinión personal del suscrito, que visto desde el interior, tanto del Uruguay como del funcionamiento de la Justicia, no parece aberrante, es aberrante.

En efecto, en ningún país de los que conocemos como «civilizados» un ciudadano mayor de 80 años cumple prisión preventiva en institución de reclusión alg
una; es más, de así estimarlo oportuno el señor juez instructor de la causa, el acusado (no reo), deberá prestar las fianzas y cauciones que el señor magistrado estime pertinentes. Como bien lo destaca el artículo, que estoy tratando de que se ratifique por el «Medio Plural» o se rectifique, el Dr. Jorge Peirano Facio fue procesado y encarcelado por un delito de «insolvencia societaria fraudulenta», falleciendo antes de que el Tribunal de Apelaciones correspondiente descartara, por no probados, los delitos de «asociación ilícita», «apropiación indebida» e «insolvencia societaria fraudulenta».

No me voy a extender sobre el absurdo de que dos procesados, de más de 80 años, tuviesen que subir y bajar 9 (nueve) pisos por escalera, por cuanto el ascensor de la cárcel estaba (continúa estando) fuera de servicio. Naturalmente no fue considerada la situación médica de los detenidos, en especial la del Dr. Jorge Peirano Facio, portador de dos marcapasos, y paciente renal, con un solo riñón funcional, dializado habitualmente, al cual sólo se le autorizó el tratamiento médico necesario, in extremis.

Por otra parte, cualquier padre consciente hubiese dado el mismo consejo a su hijo, porque la vida continúa y la Justicia, ciega y torpe, no repara los daños causados, parodiando a Mme. Rolland, digo «Justicia, Justicia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre…»

Sin ánimo de polemizar puedo, de ser necesario, traer a la palestra pública otros casos de flagrante injusticia perpetrados por magistrados en el ejercicio de sus funciones, que han causado daños irreparables a los involucrados y a sus familias.

UNQUOTE.

LUIS M. COUCEIRO – DURAN. C.I. 911292-7

 

Algo no anda bien en la labor pedagógica

Sr. Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* La Editorial del día domingo 16 de enero hace mención de la dificultad que tienen los alumnos para aprobar matemáticas, que el problema no es nuevo, sino que se remonta a varios decenios atrás.

Algunas de las razones que la editorial comenta como la causa del problema es que «escasean los profesores con sólida formación, sobre todo en cuestiones vinculadas a la didáctica, lo que se transforma en una deficiente labor pedagógica y en el consiguiente fracaso de los educandos a la hora de rendir la prueba correspondiente».

El 28 de diciembre de 2004, Marcelo Martínez Lauretta publica en su diario el artículo «Se necesita un plan de emergencia en Educación», donde dice «Los índices de reprobación y abandono en Educación Media (y también en la Terciaria) son inadmisibles. Por un lado, son inhumanos, generan frustraciones terribles al que aspira a encontrar un modo de avanzar. Por otro, esos índices anuncian algo: si más de la mitad fracasa, algo está mal en el Sistema. No parece razonable pensar que tantos jóvenes uruguayos tengan problemas para aprender».

Si no fuese trágico sería cómico. Porque tenemos profesores que no saben enseñar y toman exámenes y ponen notas sobre lo que ELLOS no supieron enseñar y la pérdida del examen, el fracaso, la culpa, el «bochazo» cae sobre el alumno.

Hay algo que no está bien y los jóvenes están pagando el precio de nuestro silencio.

Atentamente,

SOLANGE THIERRY – //mail.yahoo.com