Asesinato de Estado
Sin embargo, el minucioso análisis de esta idea resulta aún más complejo y controvertido, porque en ella está contenido todo el subjetivismo inherente a la condición humana.
Suele haber acontecimientos cruciales que marcan un punto de inflexión en la historia de los pueblos, a partir de los cuales la realidad evoluciona rumbo a horizontes inesperados.
Cuando en marzo de 1985 nuestro país recuperó su perdida institucionalidad, la inmensa mayoría de los uruguayos atesorábamos naturales expectativas de cambio y bienestar colectivo.
Naturalmente, en los primeros tramos de ese nuevo tiempo de libertades públicas restablecidas, múltiples demandas monopolizaron la agenda política, social e institucional de quienes asumieron el desafío de la restauración nacional.
Las lacerantes heridas de once años de feroz autoritarismo requerían ser restañadas, mediante una actitud de grandeza de los gobernantes, que no podían defraudar tantas expectativas acumuladas.
Sin embargo, la experiencia lamentablemente corroboró que muchas de las patologías del pasado se habían enquistado en el cuerpo social: el miedo, la desconfianza, el silencio y la mentira.
Las promesas electorales nacidas de una convocatoria a las urnas condicionada con cárcel y proscripciones, fueron naufragando rápidamente bajo el peso de las circunstancias.
Mientras los crímenes de lesa humanidad polarizaban posturas y exacerbaban pasiones, las legítimas demandas de los trabajadores uruguayos fueron nuevamente postergadas por un modelo elitista concebido para satisfacer a las clases dominantes.
El inmoral despojo operado por la oligarquía vernácula al amparo de una dictadura que ilegalizó a los sindicatos y a otras organizaciones, jamás fue reparado.
La salud, la educación, la vivienda y otras insoslayables prioridades sociales quedaron nuevamente en la cola del furgón, ante la aplicación de una doctrina de corte monetarista que privilegió la expansión del sistema financiero y mantuvo el desproporcionado presupuesto asignado a defensa.
A raíz de la contumaz persistencia de la injusta distribución de la riqueza, los conflictos se sucedieron sin solución de continuidad, recreando el mismo escenario de confrontación de intereses que originó los años más oscuros de nuestra historia reciente.
Además, lo que es más grave aún, en esos cinco primeros años posteriores a la entrega del poder a los civiles, Uruguay vivió en una democracia bajo tutela militar.
El corolario de un proceso caracterizado por las tensiones institucionales y las amenazas desembozadas, fue la sanción, en diciembre de 1986, de la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Antes, los mandos militares sobrevivientes de la dictadura que se suponía subordinados a las autoridades políticas legalmente constituidas, auspiciaron y avalaron varios actos de desacato.
Las citaciones a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos marcharon al fondo de un cofre celosamente guardado en el despacho del comandante en jefe del Ejército, en grosero desafío al Poder Judicial. Todos advertimos, entonces, que algo se había resquebrajado quizás definitivamente en el país.
La ley de impunidad, como era previsible, no contribuyó a la pacificación del país. Parte del sistema político intentó vanamente suturar las heridas, aunque es claro que la cirugía empleada no fue la más adecuada al estado de salud del paciente.
La norma fue luego ratificada por el cuerpo electoral en el referéndum de 1989, que fue convocado en medio de un clima de miedo, presiones y apocalípticos presagios golpistas.
Hoy, tres acontecimientos contemporáneos corroboran en forma absolutamente inequívoca que «el punto final» a la uruguaya tan ponderado por los voceros del poder, fue un estrepitoso fracaso.
Aunque pueda parecer recurrente, la memoria debe registrar el reciente desacato cometido por un grupo de militares citados por la Justicia, que debían comparecer, en calidad de testigos, en el marco de la investigación de la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
La actitud del actual gobierno, que omitió groseramente su deber constitucional de conducir a los requeridos aduciendo que estaban amparados por la Ley de Caducidad, comporta un antecedente tan deplorable como inquietante.
Otro episodio está vinculado a la designación de un marino uruguayo acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura, en un cargo de rango diplomático en la Embajada uruguaya radicada en la Argentina.
A raíz de un entrecruzamiento de declaraciones, la situación generó, en las últimas horas, un tenso conflicto diplomático que afecta seriamente las relaciones entre ambos países.
A ello debe sumarse, obviamente, los serios desencuentros que tienen como protagonistas al presidente Jorge Batlle y su colega argentino Nelson Kirchner, con relación al nunca esclarecido caso de la nuera del poeta Juan Gelman.
Todos estos sucesos son naturalmente graves efectos residuales de la dictadura, pero particularmente de una salida bastarda al urticante tema de los derechos humanos, que no aportó la proclamada pacificación que se le atribuía.
En «Asesinato de Estado: ¿quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz?», el escritor y periodista Claudio Trobo reelabora el libro publicado en 1986, con la incorporación de nuevos enfoques y revelaciones sobre este aún impune magnicidio.
Como se recordará, el 21 de mayo de 1976, la Policía argentino halló en Buenos Aires cuatro cuerpos sin vida en el interior de un auto marca Torino de color rojo. Dos de ellos pertenecían a los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los restantes a William Whitelaw y Rosario del Carmen Barreto, que estuvieron vinculados a la guerrilla uruguaya.
Los aberrantes crímenes cometidos por un comando binacional que actuó en el marco del denominado «Plan Cóndor» y silenciados por la dictadura vernácula, merecieron el más severo repudio de la comunidad internacional.
Abordando el cuádruple asesinato desde una perspectiva histórica y a la vez testimonial, el autor transita los sinuosos laberintos del terrorismo de Estado que asoló a la región durante la década del setenta del siglo pasado.
Trobo intercala la historia personal de Michelini y Gutiérrez Ruiz con el acelerado proceso de deterioro institucional padecido por Uruguay a partir de 1968, tras la asunción de Jorge Pacheco Areco a la presidencia.
Cuando falleció el electo presidente Oscar Diego Gestido, Trobo que por entonces se encontraba en Venezuela recuerda que el primer mandatario de ese país, Raúl Leoni, le comentó: «Uruguayo, a tu presidente lo mataron. No es una noticia… Quizás no se publique nunca. Pero ahorita, en el Sur, va a haber muchos cambios».
Con el tiempo, el investigador uruguayo comprendió que la reflexión del Jefe de Estado venezolano era premonitoria. Fue el comienzo de una escalada autoritaria.
Claudio Trobo evoca el itinerario de nuestro país rumbo a la dictadura, que comenzó con la represión de las medidas prontas de seguridad, la censura de prensa, la ilegalización de sindicatos, la detención de dirigentes, el asesinato de estudiantes y la inauguración de la tortura como técnica disuasiva.
El autor recuerda que la doctrina del garrote del gobierno de Pacheco prosiguió con Juan María Bordaberry, que asumió el 1º de marzo de 1972, luego de una ajustada elección salpicada por denuncias de fraude.
Antes de ingresar en los pormenores de los asesinatos de Zelmar y «el Toba», Trobo transita los laberintos más traumáticos de la crisis institucional previa al golpe de Estado, a
l describir la violencia creciente, la insubordinación militar de febrero de 1973, los comunicados 4 y 7 y el denominado Pacto de Boiso Lanza.
El escritor describe minuciosamente los preparativos golpistas, el triunfo de la línea dura dentro de las Fuerzas Armadas, las horas de tensión, los últimos discursos en el Parlamento en un Palacio Legislativo virtualmente sitiado y el exilio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Enrique Erro y Wilson Ferreira Aldunate, entre otros connotados dirigentes opositores que debieron abandonar el país para no ser arrestados.
Ingresando de lleno en el meollo del tema, Trobo comienza a reconstruir el escenario de la tragedia en Buenos Aires, donde tres años después fueron asesinados Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Recopilando abundantes testimonios, el autor reafirma su tesis de que las causas de los crímenes están bien identificadas.
Con la muerte de ambos parlamentarios, la dictadura uruguaya, que coordinó sus operaciones con el gobierno autoritario instalado en la vecina orilla, procuró acallar a dos luchadores que denunciaron las atrocidades cometidas en nuestro suelo en numerosos foros internacionales.
También se abortó una embrionaria negociación que estaba en progreso para allanar la salida a la reinstitucionalización democrática, ya que algunos militares ya estaban experimentando el desgaste de gobernar a un país con serias dificultades económicas y amenazado por un eventual bloqueo del gobierno norteamericano, que había sido asumido por el demócrata Jimmy Carter.
Claudio Trobo reproduce elocuentes testimonios de familiares sobre el secuestro de ambos legisladores uruguayos, cuyos cuerpos, poco días después de las detenciones, fueron encontrados vilmente acribillados.
Uno de los relatos más removedores sobre lo sucedido es el de Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, quien debió observar impotente como un grupo de paramilitares copó su casa, saqueó y robó todo los objetos de valor y se llevó a su marido.
No menos impactante es el testimonio aportado por Pedro Michelini, uno de los hijos del asesinado senador frenteamplista, quien nada pudo hacer para impedir el ilegal secuestro de su padre.
El libro también describe la operación clandestina mediante la cual fueron arrestados los también uruguayos William Whitelow y Rosario Barredo, cuyos cuerpos sin vida aparecieron junto a los de Zelmar y «El Toba».
El periodista publica los informes forenses surgidos de las pericias practicadas a los cuatro cadáveres, que constituyen un elocuente testimonio de la barbarie y la saña de los asesinos.
También denuncia la presunta implicancia de notorios personajes de la clase política, como el ex canciller Juan Carlos Blanco, cuyo procesamiento generó hace un tiempo agrias controversias.
Sin soslayar toda la dimensión del horror que rodeó a la masacre, Claudio Trobo intercala múltiples referencias históricas, como la investigación practicada por la Justicia argentina que culminó en el procesamiento de los comandantes golpistas.
Los conspiradores fueron luego amnistiados por la denominada «Ley de Punto Final», que hoy el gobierno argentino procura derogar.
El investigador incluye abundantes testimonios que corroboran las implicancias de militares uruguayos en los crímenes, así como esclarecedora información surgida de la desclasificación de documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano, que denuncian la existencia de la coordinación represiva en la región en tiempos de la «guerra sucia».
Claudio Trobo nutre su obra de acontecimientos más recientes, vinculado particularmente a la institucionalización de la impunidad en nuestro país, que cerró los procesos judiciales contra los militares acusados de violar los derechos humanos.
«Asesinato de Estado», que es una versión ampliada del libro ya publicado hace diecisiete años, es un documento ineludible para reexaminar nuestro pasado reciente a la luz de los nuevos acontecimientos.
Si bien la obra fue lanzada al mercado antes del último acto de desacato militar a la Justicia registrado hace poco más de dos semanas, igualmente advierte sobre la fragilidad de la democracia uruguaya. El autor mixtura la historia con el testimonio, para denunciar, una vez más, la salvaje patología de la dictadura que asoló al país durante once largos años de autoritarismo y humillación.
Trobo ensaya una relectura actualizada del brutal magnicidio perpetrado en 1976, en momentos que el gobierno argentino anuncia la próxima reapertura del caso, como parte de su estrategia tendiente a barrer con la impunidad y hacer justicia, a los efectos de restañar definitivamente las heridas del pasado.
(Ediciones del Caballo Perdido)
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