LA COYUNTURA INTERNACIONAL Y LA POLITICA ECONOMICA

La coyuntura internacional jugó un papel preponderante en la evolución económica del Uruguay de los últimos años. En el campo financiero se pudo mejorar sustantivamente los plazos de los vencimientos de la deuda externa, tener un acceso fluido al mercado financiero internacional y recibir importantes préstamos de los organismos financieros internacionales. En el campo comercial, desde 2003, el país se ha beneficiado de un aumento importante de los precios internacionales de sus principales rubros de exportación. En este aumento de precios influye decisivamente el fuerte crecimiento de las economías emergentes, especialmente de China e India, y coyunturalmente han jugado procesos especulativos sobre títulos basados en commodities y, en otras circunstancias, la desvalorización del dólar. El aumento de estos precios internacionales tiene diversos efectos sobre el sistema productivo. Facilita el aumento de la producción de los rubros exportables, la introducción de nuevos procesos tecnológicos en los mismos y el aprovechamiento de tierras que antes no se consideraban aptas por su nivel de productividad. Esto es válido para diversos rubros del sector agropecuario como del sector minero. En materia comercial, el país obtuvo una elevada diversificación de mercados de destino, ayudado en algunas etapas por la fuerte apreciación del euro europeo y del real brasileño. Siguen siendo muy importantes las exportaciones a nuestros vecinos del Mercosur, tanto en cantidad como en calidad, por tener mayor valor agregado y sobre todo porque el 37% de dichas exportaciones consiste en rubros de alta y media tecnología, que es el paradigma central de la inserción económica internacional del país. El país por mucho tiempo va a seguir exportando rubros vinculados a sus recursos naturales, pero lo relevante es que tengan más contenido tecnológico y más valor agregado. A su vez, es importante elegir rubros de la industria manufacturera y los servicios, tarea a realizar especialmente con los empresarios, priorizando aquellos rubros que permitan mayor valor agregado, mayor contenido tecnológico y mayor empleo directo e indirecto. Pero esto es parte de una estrategia de desarrollo, que defina de manera abierta y flexible una estructura productiva centrada en la inserción internacional y el empleo productivo. Sobre este tema hay avances en los estudios sobre cadenas productivas. Hay dos valiosos trabajos provenientes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto denominados factores clave para el crecimiento económico sostenido en Uruguay y otro sobre la estrategia de Uruguay y sus aspectos productivos. Son trabajos muy interesantes y poco conocidos, porque el centro de la discusión en Uruguay se da sobre la política económica de corto plazo y hay muy poco análisis, poco pensamiento sobre el futuro de Uruguay, sobre el mediano y largo plazo que, a nuestro criterio, es muy relevante.

La política económica de los gobiernos del FA estuvo centrada en consideraciones de corto plazo. La inexistencia de una estrategia de desarrollo limitó las posibilidades de utilizar políticas macroeconómicas para el mediano plazo, ni tampoco políticas sectoriales. En 2005 la política económica se inaugura con un acuerdo clásico con el FMI. En estos acuerdos el objetivo prioritario es garantizar el pago de los servicios de la deuda externa. Para ello, se fijan metas de superávit primario que otorguen seguridad a los acreedores financieros. Con este superávit primario se asegura el ahorro en moneda nacional. Las divisas requeridas se obtienen en el mercado financiero facilitadas por las fuertes entradas de capitales. Esto significa que para garantizar el pago de los servicios de deuda no se requiere de un superávit comercial y, por lo tanto, tampoco son necesarias fuertes devaluaciones que aseguren mayores exportaciones y menores importaciones. Un segundo objetivo de estos acuerdos con el FMI lo constituye el combate a la inflación, centrado en equilibrios fiscales y restrictivas políticas monetarias, con el agregado del uso de la política cambiaria para atender este objetivo. En la realidad, a esta concepción ortodoxa se agregaron elementos heterodoxos como cuidar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y acuerdos de precios en rubros alimenticios de consumo popular con los consiguientes costos fiscales. En esencia, la política económica fue muy amigable hacia el mercado atendiendo sus principales demandas con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras. A las garantías de pago de los servicios de la deuda y la política de estabilización de precios se agregaban equilibrios y estímulos fiscales. Estos surgían de las muy elevadas exenciones fiscales para la inversión, la disminución de la tasa del IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas de las empresas, que se efectivizó en la reforma tributaria y la implementación de un impuesto a la renta de las personas físicas de carácter dual, que en los tramos más altos obliga a mayores pagos a las rentas del trabajo que a las rentas de capital. La política económica de corto plazo priorizó el pago de los servicios de la deuda y la estabilización de precios, con costosos estímulos a la inversión privada. El país obtuvo una buena imagen en el mercado financiero internacional y en los organismos financieros internacionales. En esto último se basa la política de crecimiento. El fuerte aumento del PBI derivó especialmente de la suba de los precios internacionales de los principales rubros de exportación. Este crecimiento permitió mayores ingresos fiscales y facilitó importantes aumentos del gasto social. Este crecimiento permitió una mejora importante de los niveles de empleo, que junto a la política salarial y el aumento del gasto público generaron un elevado aumento de la demanda interna que consolidó el fuerte crecimiento económico. Este permitió también mejoras en la distribución del ingreso derivadas de los siguientes factores: el aumento del empleo, la mejora de los salarios reales que recuperaron las pérdidas de la crisis de 2002 y los aumentos del gasto social en educación y salud y que lograron mejoras de la indigencia y de la pobreza.

El nuevo equipo económico se presenta con una actitud de mayor diálogo para encontrar salidas conjuntas que compartimos y apoyamos. Es indispensable avanzar hacia una estrategia de desarrollo de mediano plazo, con definiciones abiertas y flexibles de una futura estructura productiva que es imprescindible y necesaria para alcanzar crecimiento económico con equidad social, con mayores niveles de igualdad y de justicia social. Ello facilitará políticas macroeconómicas y sectoriales para el crecimiento e, inclusive, regulaciones de la inversión extranjera directa para que sea funcional a esta estrategia. De esta forma, la política de corto plazo podrá atender en mejores condiciones el objetivo del crecimiento y del empleo con prioridad, por lo menos, similar a la estabilidad de precios en la actualidad controlada y de un dígito. La política cambiaria debería poner más énfasis en la competitividad y no olvidar que entre los fines primordiales del Banco Central está claramente establecida la estabilización de precios sin afectar el crecimiento y el empleo. En materia fiscal, puede haber posibilidades de aumentar levemente el gasto público sobre el PBI para atender en mejores condiciones la demandas sociales que siempre van a ser superiores. Ello podría significar mayores ingresos, inclusive modificando las muy elevadas exoneraciones fiscales que reciben las inversiones privadas. El país ya dio muestras más que suficientes de mantener ciertas reglas de juego que han favorecido nítidamente a los empresarios. Se requieren programas de empleo, especialmente de demanda de mano de obra y una política salarial que mejore la distribución del ingreso, sin afectar la inflación de costos. Los acuerdos sociales son indispensables para asegurar estas nuevas metas.

|*| Senador por la 609-FA, economista