V CONGRESO DEL FA: AVANZAR EN EL URUGUAY SOCIAL

Continuando con esta reseña de la propuesta programática aprobada por el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini del Frente Amplio (FA), nos referiremos al capítulo «Uruguay Social ­ Por más justicia y equidad», ahora en su versión definitiva, como parte del programa impreso presentado el pasado lunes 11 de mayo.

«El próximo gobierno progresista deberá consolidar y profundizar las reformas iniciadas en su primera administración, así como ahondar en la transformación democrática de sus instituciones, en el marco de la descentralización con participación ciudadana». Así se resume, en el comienzo del documento, el camino a recorrer. Como se observa, está explícita la reafirmación de lo realizado por el gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, cuya gestión es la base para avanzar. Hay que «incidir en los mecanismos de reproducción de la pobreza». La pobreza se ha reducido, pero, como viene sosteniendo el senador Danilo Astori, es posible bajarla a la mitad y terminar con la indigencia, que también ha descendido pero todavía no ha podido erradicarse.

 

Orientaciones político ideológicas

El documento afirma que «la matriz del sistema de protección social se sustentará en un modelo de redistribución de la riqueza, de tal modo que las políticas sociales estén absoluta y totalmente imbricadas y articuladas a las políticas económicas como partes integrantes del modelo de desarrollo». Es este un concepto fundamental para comprender la orientación del Frente Amplio (FA) en esta materia, y, también, la diferencia de enfoque respecto a los partidos de la oposición. «La definición de los acentos redistributivos en el próximo presupuesto quinquenal continuarán profundizando las acciones comenzadas en el primer gobierno progresista». Se trabajará por «el acceso a bienes y servicios de calidad y a su capacidad de establecer relaciones sociales, incidir y organizarse colectivamente. Se avanzará en la universalización de las asignaciones familiares y de pensiones» en el marco de una reestructura del sistema de seguridad social.

La Equidad de Género y de Derechos es otra de las grandes orientaciones planteadas en el programa. Otra de las orientaciones señala que el Estado debe fortalecer los vínculos entre sus servicios y la comunidad. Se hace hincapié en la conformación de «una Red de Asistencia Social» para generar condiciones de inclusión social para los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Se propugnan «modelos culturales abiertos que permitan el desarrollo de una cultura de la solidaridad, del respeto y aceptación de la diversidad». Se apunta a un «modelo de profundización de la democracia a través de escenarios más consolidados de participación ciudadana, desconcentración de los servicios y descentralización con el territorio como base articuladora».

El documento señala que «el Plan de Equidad surge como la línea de gobierno que marcará la continuidad, garantizando la integralidad e intersectorialidad a través del Gabinete Social y la profundización y la inclusión de los problemas sociales emergentes en la planificación». Dentro de las políticas sociales a instrumentar en el período 2010­2015 se destacan varias propuestas, algunos de cuyos rasgos esbozamos seguidamente:

 

I.- Protección e inclusión social

Se apunta a: «la profundización de las políticas sociales consideradas como Sistema Integrado de Protección Social que se articulen en el marco del Plan de Equidad y del Gabinete Social»; el «fortalecimiento de la malla de asistencia social que atienda las situaciones de vulnerabilidad social y revierta los procesos de reproducción de la pobreza y exclusión social»; «la profundización de los cambios iniciados en el sistema de seguridad social apuntando a la extinción del lucro en la seguridad social, a través de una reforma estructural del sistema». En este sentido «se buscará la universalización de prestaciones que atienden a grupos prioritarios: niñas, niños y adolescentes y personas mayores de 65 años».

 

II.- El derecho a la salud integral

El objetivo central para el próximo período de gobierno en materia sanitaria será «completar y profundizar la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud». Los grandes ejes programáticos serán: el fortalecimiento de la rectoría del Estado; la afirmación de ASSE y el sistema público de atención; la participación social de usuarios y trabajadores; la consolidación del nuevo modelo de atención a la Salud; la formación y capacitación permanente del personal.

Se exigen «normativas claras, de marcos regulatorios adecuados y la función de contralor o policía sanitaria», y «una lucha aun mayor de regularización contra la mercantilización de la atención a la salud, el afán de lucro entronizado en la realidad anterior y el corporativismo que ­como en el caso del acto médico­ antepone los intereses económicos». Se incluye la despenalización del aborto entre los derechos sexuales y reproductivos a asegurar.

 

III.- El derecho al trabajo

Se trata de una política de inclusión. Aquí se subraya el papel del Instituto Nacional de Empleo, la recuperación de empresas, avanzar en materia legislativa y reestructurar el Ministerio de Trabajo («área de negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las oficinas de trabajo»). Es necesario especial hincapié en el trabajo de la mujer, que también en esta materia sufre discriminaciones.

 

IV.- Por los derechos de niñas, niños y adolescentes

También esta temática está abordada integralmente: «el Sistema de Protección y Asistencia Social deberá avanzar en prestaciones que fortalezcan a las familias en el ejercicio de sus funciones; el Sistema Educativo en todos sus niveles». El Sistema de Salud fortalecerá los programas de atención integral a Niños y Adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, entre otros, garantizando el acceso al mismo. También se fortalecerán las políticas de fomento del deporte y la recreación.

Entre las propuestas está el fortalecimiento del INAU, tema de gran complejidad que no admite comentarios simplistas como los que hemos oído desde la oposición durante situaciones críticas que tienen sus raíces en décadas de malas gestiones. El V Congreso puso el énfasis en la consolidación de las redes de promoción y protección a menores y familias, la atención integral a través de una red de servicios público­privados, apoyos para la inserción autónoma de los adolescentes que egresan del INAU, definir medidas para adolescentes que cometieron infracciones a la ley, fundamentalmente en las situaciones que requieren privación de libertad. El documento reafirma la responsabilidad indelegable del Estado, manteniéndose en la actualidad la edad de imputabilidad de los adolescentes».

 

V.- La vivienda como factor de integración social

El capítulo «Uruguay social» propone «generar un contexto que fomente la captación de ahorro público y privado, profundice la inversión pública y estimule la inversión privada en vivienda, al tiempo de fortalecer el crédito hipotecario social para vivienda». Esto requiere «fortalecer el sistema público de la vivienda de acuerdo a los nuevos roles y competencias de los organismos involucrados (MVOTMA, ANV y BHU)». Se plantea profundizar en mecanismos que garanticen la participación de los trabajadores y priorizar los programas de acceso al suelo urbanizado y de utilización del stock existente en todo el país.

 

VI.- Educación para todos a lo largo de toda la vida

«Las políticas educativas en este segundo gobierno, serán un verdadero motor de desarrollo», afirma el documento. Una vez aprobada la Ley de Educación, el proyecto educativo a implementar fortalecerá el funcionamiento general del sistema y de los centros, en la metodología y en los contenidos curriculares, en la formación de docentes y en la capacitación
de los no docentes. Entre las medidas a impulsar se encuentran: el fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera de él; implementar programas de formación integral que faciliten la culminación de la educación obligatoria; fomento de la participación de docentes, estudiantes y la comunidad en los diferentes ámbitos del sistema educativo, apuntando a la democratización de la ANEP; conformación de equipos interdisciplinarios; expansión de todo el sistema educativo; garantizar la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la Educación Media Básica; dotar de mejores condiciones a la educación técnica; continuar y fortalecer la alfabetización informática; luchar contra el analfabetismo total o funcional, promover centros educativos abiertos e integrados, con participación de docentes, estudiantes y la comunidad; consolidación de un sistema terciario de educación pública con un papel central de la Universidad de la República y de la educación técnico profesional; otorgar a la formación docente carácter universitario. Respecto a la asignación presupuestal, ella deberá ajustarse a los requerimientos exigidos para continuar con la mejora edilicia y de infraestructura, la creación de cargos y centros educativos, la mejora en la calidad de la educación y de las remuneraciones.

|*| Diputado de AU-FA.