EL DERECHO DE VOTAR

En buena parte de los países de América Latina, y en Estados Unidos, el voto es voluntario. En Uruguay, así como en Chile, Argentina, Paraguay o Brasil, el voto es obligatorio. La obligatoriedad del voto va desde regímenes «blandos», donde las sanciones son casi inexistentes, a regímenes como el nuestro, donde las sanciones son de consideración. La obligatoriedad o voluntariedad del voto no cambia, sin embargo, un rasgo esencial de su institución: la de ser, básicamente, un derecho.

En tanto tal, el voto es un derecho de los más antiguos. Es anterior a los llamados «derechos sociales» (salud, educación, etcétera) y a muchos de los derechos «civiles». Es tan antiguo que ya existía cuando aún no habían sido formulados los derechos individuales. Es el derecho a formar parte y decidir en las cosas de una comunidad. Como tal, es uno de los derechos que más deben ser protegidos.

La pregunta es: ¿Lo protegemos aquí en Uruguay? ¿Tenemos las instituciones adecuadas para hacer del voto un derecho al alcance de todos? Mi respuesta es que no, que es mucho lo que nos falta y que es bueno realizar un balance sobre estas carencias, en pleno año electoral, cuando las mismas resultan más visibles aún. La discusión sobre las candidaturas en los partidos o sobre los resultados de octubre, es una discusión menor comparada con la de si en este ciclo electoral estamos teniendo todas las garantías para que todos los uruguayos dispongan, en igualdad de condiciones, de la oportunidad de ejercer el derecho más antiguo de los derechos políticos: el voto.

Una de las principales carencias, y la que motiva esta columna, es la que refiere al registro de nuevos electores. Como se sabe, antes de cada elección se produce una renovación del padrón electoral, entre los nuevos electores que entran y los electores que ya no votan (en el caso uruguayo, ascenderían a unos doscientos cincuenta mil). Según el Informe del PNUD «La democracia en América Latina» (2002), Uruguay está, junto con la mitad de los países de la región, entre aquellos que no tienen un registro de electores automático (y tampoco padrón electoral depurado). Por consiguiente, tiene que registrarlos. El registro de nuevos electores lo hace la Corte Electoral, y una buena parte de ellos lo hace en el año electoral (acá y en el resto del mundo).

Existen dos procedimientos que importan a estos efectos y que tienen que ver con la «protección» del derecho del voto. En primer lugar, las facilidades en tiempo y lugar que se le ofrecen a los nuevos votantes para que se inscriban. En segundo lugar, la existencia de campañas «públicas» (no partidarias) para que los jóvenes tomen conciencia de su ingreso a la vida política. Sobre ambas cosas hay una profusa experiencia regional e internacional, que debiera conducirnos a mejorar nuestras prácticas en este sentido. Sin embargo, los déficits siguen siendo de consideración.

El primer déficit es el del plazo para la inscripción de nuevos electores. Por poner un ejemplo del «primer mundo», en Estados Unidos los electores se pueden inscribir en el Registro Electoral hasta una semana antes de la elección. De hecho, pueden solicitar los formularios que se les envían por correo (en Estados Unidos, ¡se vota por correo!).

El plazo para la inscripción de nuevos electores vence en la primera quincena de abril. Si se toma en cuenta que la llamada «Semana de Turismo» muchos estarán de vacaciones, lo que queda para la inscripción de nuevos votantes será poco más de esta semana y la próxima (vale la pena destacar que la Corte Electoral pondrá horarios especiales hasta el fin de ese plazo). Pero uno se pregunta por qué tal exigencia con los plazos, si después de todo las elecciones son recién el 28 de junio: diez semanas después de que el plazo venció. ¿No parece demasiada exigencia cerrar el plazo de inscripción más de dos meses antes de la primera vuelta electoral, que es, además, voluntaria? (esto es, el que no se inscribe ahora, queda inhabilitado para las elecciones siguientes, que se van a producir seis meses después de la inscripción). ¿No quedará una cantidad significativa de jóvenes sin sacar la credencial, a menos que se extienda el plazo? Y si fuera así, ¿no convendría extenderlo, pero ya no para esta elección, sino para todas las siguientes?

Quizá la pregunta más general es: ¿No deberíamos tener una política más amigable con los jóvenes que van a votar por primera vez, habida cuenta de todo lo que sabemos sobre su poco afecto a la política? Cuando nos preocupamos por los jóvenes en este país, y sobre su poca adhesión a la política, ¿no debiéramos pensar que, por ejemplo, hay que empezar por hacerles la vida más fácil en este sentido? Y sin ir más lejos, miremos el caso de Chile: el fenómeno de «abstención» electoral juvenil tiene a todo el sistema político preocupado. Los jóvenes, simplemente, no sacan la credencial, y con eso manifiestan su rechazo a la política.

Las razones que se han argumentado sobre la fecha (constitucionales primero y reglamentarias después), no son suficiente. Cualquier Corte Electoral podría cambiar su propia reglamentación o, eventualmente, podría hacerlo el Parlamento. Y ampliar la participación electoral debería ser suficiente como declaración de motivos.

Por otra parte, los partidos tienen más plazo para inscribir sus listas (lo pueden hacer hasta el 25 de mayo) que el que tienen los jóvenes para inscribirse. No existe razón ninguna para que los jóvenes tengan un mes menos para inscribirse que los partidos, salvo que se aduzcan razones técnicas (incapacidad de hacerlo) o de personal (insuficiencia de recursos). Y nuevamente, no pueden aducirse razones técnicas para temas de principios, como la ampliación de la participación electoral.

Otro tema que preocupa aquí es el de la difusión pública de los plazos y la falta de una estrategia de publicidad «oficial» para que los jóvenes se sientan comprometidos con el proceso. De hecho, son muchos los países donde los organismos competentes en materia electoral realizan campañas sobre el derecho a votar. Como muestra, baste citar las campañas en Brasil, donde con mucha antelación se convoca a los jóvenes a registrarse y votar, o la del IFE en México («Tu voto importa»). No sólo no se hace esto aquí, sino que la única iniciativa que se conoce es la de los partidos políticos (y el Frente Amplio parece el más comprometido con esto). Pero no puede dejársele a un partido la tarea de estimular la participación ciudadana: esta es una responsabilidad de todos.

Varios otros temas están vinculados a este: el de la ampliación de los derechos del voto y, sin duda, el tema del voto en el exterior, es uno de ellos. Varios proyectos fueron presentados en el Parlamento, y ninguno prosperó. Pero es cuestión de tiempo, ya que el voto en el exterior es considerado un derecho en casi todas las democracias del mundo. Lo mismo sucede con el derecho al voto dentro de fronteras: se debe darle facilidades a los votantes uruguayos (cuyo crecimiento no ha sido significativo, además, en las últimas décadas) para que lo ejerzan. Todas las facilidades: de fecha, de propaganda, de traslado, deberían ser consideradas cuestiones de principio. No pueden ser preocupación únicamente de uno o varios partidos. Estas también son «cuestiones de Estado».

|*| Politóloga. Universidad de la República