PRINCIPIOS INTERCAMBIABLES

Difícilmente encontremos otro período de la historia moderna en que las invitaciones a la revisión crítica de las tradiciones, las hegemonías -y sus contracaras- y los grandes paradigmas haya sido tan palmaria.

Especialmente en América Latina, donde las luchas sociales han ido resquebrajando la losa que el neoliberalismo arrojó brutalmente sobre las mayorías de la sociedad. Y por algunas de sus grietas comienzan a emerger retoños interrogativos, talleres experimentales, laboratorios revisionistas de aún incierta artesanía aguerrida. Por otras, se yerguen certezas dogmatizadas, usanzas remaquilladas y pragmatismos variopintos cultivados en la prisa de la oportunidad. Todos los resquicios contribuyen a despedazar paulatinamente la lápida del pensamiento único. La magnitud histórica de la crisis capitalista en curso viene a potenciar estos rasgos de época, tan demandantes de innovaciones reflexivas, de nuevos resguardos ante la intemperie teórica, pero sobre todo de prácticas refundantes y de rediseños colectivos. Porque no se trata sólo de acciones demoledoras sino de la búsqueda de nuevas arquitecturas sociales, económicas y fundamentalmente políticas.

No resulta vano el ejercicio reflexivo respecto al carácter disruptivo o, inversamente, reproductor aún en su propósito combativo, de algunos hechos políticos, particularmente cuando se los despersonaliza, cuando pueden trascender el detalle coyuntural para pensarse en su necesaria abstracción y en sus consecuencias estructurales. De allí que la recurrencia de proyectos o intenciones reeleccionistas en la actual etapa de América Latina me venga pareciendo síntoma de la ardua convivencia entre las viejas tradiciones contrahegemónicas, con referencialidades históricas ya arrasadas en su debilidad, y las más novedosas tentativas que aún no hicieron pie definitivo en la playa de la historia. Expuestos hace un par de domingos atrás los seis ejes argumentales con que algunas izquierdas sustentaban la «solución» reeleccionista y discutidos los tres primeros, es momento de poner en cuestión los dos siguientes, precisamente los más intrínsecamente referidos al instituto de la reelección propiamente dicho.

El primero de ellos, se apoya en que la naturaleza electoral del instituto no garantiza la reelección del gobernante o representante, sino que se trata de una eventual posibilidad dentro de la incertidumbre electoral constitutiva. Evidentemente, esto es así, y su antecedente es el primer peldaño que escaló la revolución burguesa en general, cuyo principal objetivo y mérito histórico fue abolir el carácter vitalicio y hereditario del ejercicio del poder aunque también parcialmente, de la estratificación social. Salvo que se conciba la modernidad como acabada, esta es sólo la primera de muchas etapas a recorrer en la conquista de las condiciones de igualdad (aunque se la conciba simplemente en el mero formalismo ciudadano) que constituye uno de los pilares del proyecto moderno. La simplificación argumental, que remite al primer momento histórico de la arquitectura burguesa, no contribuye a expandir ni mucho menos a superar las limitaciones de tan acotada igualdad. En tal sentido, el primer contrargumento es que la reelección instaura una antidemocrática desigualdad de oportunidades entre los candidatos reelegibles y los candidatos tanto de opción como de oposición. Favorece a los primeros con el ejercicio concreto del poder y sus posibles manipulaciones, y les otorga enorme ventaja en materia de difusión y prestigio. Precisamente este prestigio (traducido en el lenguaje del marketing político actual como intención de voto o imagen positiva) es el principal disparador del entusiasmo reeleccionista hoy apropiado por esas izquierdas. Es decir que se funda en una desigualdad originaria. A la vez, este recorte argumental, es testamentario del sucesivo, de mayor arraigo histórico, que ha constituido un vertebrador ideológico de los populismos.

El segundo sostiene la tesis del carácter más democrático del instituto reeleccionista respecto a su limitación, en virtud del carácter popular de la decisión, es precisamente la culminación de este inmerecido homenaje a la desnutrida modernidad. Reivindica en última instancia la ilusión de que «se hace lo que el pueblo quiere». Esta forma de democracia plebiscitaria se ha caracterizado, como en algunos propósitos actuales en general y el de Venezuela en particular, por oponer la legitimidad del gobierno (sustentado en el voto mayoritario, además de su carácter progresista, ya abordado en otras columnas) a la legitimidad del régimen político, o si se quiere, al consenso republicano. El debate sobre el reeleccionismo debe necesariamente hacer referencia al régimen que debe ser instituido, obviamente a través del voto popular, pero con total indiferencia de la persona reelecta o reelegible. Sin embargo, afortunadamente, en el caso de Venezuela, la incorporación del instituto revocatorio, previa a la última enmienda, compensa parcialmente, como ya sostuve en otra oportunidad, las deformaciones que el reeleccionismo conlleva, pero interviniendo siempre en este nivel plebiscitario.

Además de las cuestiones doctrinarias, desde el punto de vista funcional, el reeleccionismo reproduce el caudillismo y el paternalismo, alienta en el imaginario colectivo la creencia en los dirigentes insustituibles y los líderes carismáticos, facilita la perpetuación y concentración del poder. También resulta culturalmente autoritario en tanto refuerza los roles jerárquicos, consolida la división dirigentes-dirigidos, facilita la burocratización (y, con ella, la corrupción), infunde la superioridad imaginaria del «dirigente profesional» por sobre el militante de base. Este amplio abanico de impregnaciones «burguesas» y expropiatorias del poder colectivo, no puede ser compensado sólo con el instituto revocatorio y mucho menos aún mediante la garantía subjetivista del carácter progresista, revolucionario o infalible de los dirigentes involucrados. Si algo ha permitido desentrañar la implosión de la lejana revolución bolchevique y sus estados especulares, es precisamente el carácter corrosivo del ejercicio irrestricto y personalmente prolongado del poder, de los efectos de la burocratización, que produce la ausencia de institutos limitatorios, contrapesos y ejercicios distributivos del poder. La lucha contra estas implicancias regresivas, no puede ser ajena a los propósitos del progresismo y las izquierdas, ni ser menguada o suspendida por razones de urgencia u oportunidad.

Al instituto de la reelección se le opone el de rotación que es uno de los más eficaces, a la espera de mejores invenciones políticas, para erosionar el caudillismo, la reproducción de jerarquías y la burocratización. Pero sobre todo, para ir estimulando formas colectivas de organización y ejercicio del poder. Se podrá argüir que esto supone una pérdida de experiencia acumulada y un consecuente hiato perjudicial en la acción gubernamental o representativa, pero bien puede combinarse con formas colegiadas y renovación parcial que evita, o al menos reduce, esta presunta dificultad.

Es obvio que estas consideraciones no atañen sólo a los cargos unipersonales sino a todos los elegibles, ya que contienen, necesariamente, un supuesto tácito respecto al carácter concentrado o, inversamente, distribuido, del ejercicio del poder. A la vez, si bien utilizamos aquí el ejemplo histórico de la reciente enmienda constitucional venezolana, los institutos sometidos a discusión no tienen un rango exclusivamente constitucional, sino que se encuentran en todas las instancias político-organizativas de la vida social. En el Estado y los partidos políticos, en los sindicatos y en las organizaciones civiles, en los movimientos sociales, etc. La problemática, por tanto, desborda los límites de la reelección presidencial y del caso venezolano. Si bien no es el momento de problematizar la función de las constituciones o los estatutos, sí lo es el de advertir que los ins
titutos que se incorporen u omitan, no son simples fórmulas técnicas o jurídicas sino verdaderas prefiguraciones del ejercicio del poder, sea personal o colectivo, y de sus riesgos o minusvaloraciones. En su diseño intervienen cuestiones ideológicas, políticas, históricas, pero también, y muy enfáticamente, principios.

En el reciente debate a propósito de Venezuela, no estuvo ausente cierta conciencia del riesgo del instituto reeleccionista ilimitado. Pero se presentó extrapolándolo hacia una posible apropiación de derecha. Advertido de ello, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado, ferviente defensor del «Sí» en Venezuela, resume el dilema con una fórmula pragmática cuya cita tal vez resulte algo extensa aunque de gran transparencia. «Si hay un proceso de cambio en marcha, un gobierno progresista que lo impulsa y un pueblo que lo apoya mayoritariamente, la reelección es una opción válida y ética si esos cambios dependen de un poder que lo impulse y de un líder que lo ejecute. Lo contrario, si los grupos de poder fascistas y genocidas ­aludiendo a la oposición venezolana­ son los que pretenden una reelección sucesiva o quizá indefinida de un gobierno atroz y retardatario, que sólo quiere consolidar el sistema imperante y proteger los intereses oligárquicos de la élite gobernante, pues oponerse a ello es obligación moral de los pueblos.»

Todo un ejemplo de ética marxista. En efecto, fue Groucho Marx quien sostuvo: «estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros».

|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. [email protected]