IMPUNIDADES E ILUSIONES

El domingo pasado culminaba esta columna con un interrogante respecto a la posible remisión ­aún parcial­ de la barbarie, a propósito de la masacre de Gaza, aunque la pregunta es mucho más amplia en su diversidad geográfica, a la par que más universal. La experiencia histórica parecería indicar, en una primera mirada superficialmente retrospectiva, que la conformación moderna del propio estado-nación es precisamente un obstáculo, en virtud de la infinita cantidad de guerras, genocidios y masacres que la modernidad trajo consigo luego de la conformación de estos estados. Resulta innumerable la lista de catástrofes humanitarias y monstruosidades propias de la modernidad, para no citar las específicamente políticas, económicas, ecológicas, etc. Si embargo, a poco de reconocer esta retahíla de horror que se realiza en nombre de alguna defensa «nacional», o alguna supuesta prevención de ataques, la ausencia del estado-nación también aportará su dosis de dificultad como es el caso en la Franja de Gaza.

El propósito del tratado de Westfalia del siglo XVII fue precisamente evitar la violencia y pretensión expansionista ejercida por las monarquías y sus ejércitos reales, creando un ámbito común de vigencia del derecho uniforme, territorialmente vigente, que luego vinieron a reforzar las diversas revoluciones burguesas desde la revolución inglesa, francesa y norteamericana, pasando por las diferentes revueltas europeas del siglo XIX. Sin embargo, no bastó, y la modernidad se encuentra enclenque e inconclusa.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante su vigente instituto del veto, ha mostrado, regularmente, su impotencia para poner el más mínimo coto al atropello imperial, cuando no fue directamente aliento del mismo. Aún así, cuando logra adoptar una resolución condenatoria de alguna masacre, carece de efectos prácticos y ésta sigue adelante con actitud resignada de censores. A ello se suma la práctica terrorista de algunas agrupaciones que no hace sino reforzar la construcción hegemónica de naturalización de este statu quo aberrante, debilitando a la vez la argumentación y práctica del derecho de legítima defensa ante la ocupación y el exterminio.

Paralelamente al despliegue de la violencia imperial, sin embargo, se ha comenzado a desarrollar, a lo largo del siglo pasado, una conciencia más enfática y una consecuente lucha por el respeto de los derechos humanos, que no ha logrado compensar ni frenar esta tendencia criminal e intrusiva. La desembocadura de las grandes tragedias históricas del siglo XX, por un lado el nazismo, el fascismo y el franquismo, por otro el stalinismo y por último los terrorismos de estado, particularmente los latinoamericanos, no consiguen contrarrestar aún las prácticas bélicas. En lo que al terrorismo de estado se refiere, nuestros países cuentan con enormes dificultades jurídicas y políticas para doblegar la impunidad y, a nivel internacional, esto se hace más dificultoso aún. De todas formas, la lucha por la conquista de derechos humanos no es estática, ni mucho menos lineal y se nutre cotidianamente de incorporaciones de libertades y conquistas, producto de las luchas de los oprimidos y avasallados que conllevan avances y retrocesos. Su meta es siempre una nueva meta. Su enemigo inmediato, la impunidad.

Sin embargo, hay tres síntomas que podrían alentar un ­aún tímido­ cambio en la correlación de fuerzas.

1) El aislamiento en el que se encuentra Israel a pesar de su demostración de fuerza.

2) La insinuante y contradictoriamente compleja política de Obama.

3) La existencia de la Corte Penal Internacional.

Veamos:

1) Jamás hasta ahora, se había expuesto ante una amplia opinión pública internacional la naturaleza del estado de Israel y sus prácticas imperiales y genocidas. No sólo la elocuencia del ghetto, esa suerte de cárcel a cielo abierto en que fue convertida la Franja de Gaza y su propósito de terror y exterminio, sino a la vez la naturaleza de un estado confesional, digamos cuasiteocrático, que carece de fronteras definidas (lo que lo convierte en un estado prewestfaliano, ya que el principio de definición territorial le es constitutivo). Inclusive la propia exigencia de reconocimiento de este engendro de apartheid aggiornado que Israel le hace al movimiento Hamas, bajo pena de ser masacrado, es algo que comienza a interrogarse hoy una gran proporción de la opinión pública mundial. No son terroristas desencajados los que creen que hay que volver a los principios de la resolución del 47, por la que judíos y palestinos debían compartir un territorio (por otra parte ya habitado, no se trata de una isla artificial construida a tal efecto). ¿Qué otra traducción político­pacificadora luego de estas monstruosas experiencias puede tener este propósito, sino la de un único estado laico y democrático, con claras fronteras definidas y derechos ciudadanos, está de más decir, igualitarios? ¿Qué significaría esto sino la disolución del Estado de Israel, tal como lo conocemos, para dar lugar a un nuevo estado superador de esta barbarie? ¿Cuál era sino el sueño de los primeros judíos laicos, socialistas y kibutzinistas respecto a sus anhelos de reunión luego de dos mil años de persecuciones, vejaciones y diáspora, que a la vez fue absolutamente hegemónico a través del Partido Laborista hasta la guerra de los seis días del 67?

2) El discurso de asunción del presidente Obama, aún conteniendo algunos signos de distancia con el régimen corrupto y criminal al cual reemplazó, hizo un completo silencio respecto a la realidad sobre la que toda la opinión pública mundial tiene sus ojos posados. No mencionó en una sola oportunidad a Gaza o a Israel, salvo que se entienda por ello el elíptico mensaje a los musulmanes que evocó la necesidad de encontrar un nuevo enfoque para relacionarse, basado en los intereses y el respeto mutuos. Esto no impide celebrar, como un paso gigantesco, que Guantánamo se cierre, conjuntamente con los centros clandestinos de detención en todo el mundo y que se prohíba explícitamente la tortura. Pero, dicho esto, acá empieza el debate y la consecuente movilización para develar la existencia de estas cárceles ilegales, la identidad y cargo de los torturadores, y pasar a juzgar la responsabilidad política de sus líderes como Bush y Rumsfeld, por ejemplo. Es decir, para luchar contra la impunidad. No creo que pueda esperarse del nuevo presidente esta política, sino, por el contrario, la defensa corporativa de ellos. Tampoco de la troika de Omert, Livni y Barak. Aquí es donde nosotros, con la pluma, la movilización y la lucha contrahegemónica en general, podremos aportar algo en la dirección de aprovechar los resquicios de dignidad que el giro, nada despreciable de Obama, permite.

3) Además de los antecedentes de los juicios de Nuremberg o de Tokio, o tal vez más recientemente el juicio a las Juntas en Buenos Aires, existe formalmente, desde hace una década, la Corte Penal Internacional, luego de los genocidios en la ex Yugoslavia y Ruanda y que, desde hace 6 años, puede funcionar con autonomía, luego de las más de cien ratificaciones necesarias que terminaron de cumplimentarse en el año 2002 y continúan creciendo. Su función es intervenir en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y su competencia es aplicable, por un principio de complementariedad, esto es, cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia de este tribunal. No debe llamar la atención que los países que no lo han firmado ni ratificado, sean Estados Unidos e Israel además de Iraq, Rusia, China, India y nos duela el acompañamiento de Chile y Cuba. No podrá esperarse una gran ejecutividad, pero no debe despreciarse la posibilidad de luchar, porque, al igual que con Milosevic (mediante un tribunal penal especial, antecedente del que comentamos), algún líder criminal como los mencionados, sea procesado y que, en consecuencia, al menos, no pueda salir de su prop
io país si la justicia nacional no interviniera extraditándolo.

No se me escapa que una crítica izquierdista a este comentario subrayará la apelación al derecho «burgués». Pero en virtud de que adeudamos una estrategia política específicamente socialista, de imaginación institucional alternativa, que suponga institutos que hagan posible la socialización del poder decisional, además de una expansión de las libertades y goces de la ciudadanía, que reencarnen esta esquelética noción precisamente burguesa, o en otros términos, en ausencia de un derecho socialista u obrero, el peor escenario posible es el actual, donde sólo rige la fuerza y el horror. Y una estrategia de izquierda, basada en la fuerza por contraposición a la razón y el derecho, no sólo es innoble y ominosa, sino además suicida.

|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

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