BOLIVIA: UNA COYUNTURA QUE CAMBIA DIA A DIA

Una propaganda que se trasmite insistentemente en la televisión, sobre todo en el canal oficial, hace un llamado a votar por la nueva Constitución, el 25 de enero del próximo año. La propaganda hace énfasis en los aspectos autonómicos de la nueva Constitución, arrebatándole esta bandera a los autonomistas de la «media luna», la región más opositora a Evo Morales. Los opositores protestan: ¡esa no es la autonomía que queremos!, dicen. Pero lo cierto es que no tienen propuesta alternativa, la antigua Constitución no les asegura más autonomía que lo que asegura la actual reforma, y los procesos de votación que se realizaron en estas regiones no tienen ninguna validez institucional ni jurídica.

Además, la Constitución que se plebiscita el 25 de enero ya fue aprobada por el Congreso. Ello evidencia que la oposición o parte de ella cedió y negoció con el MAS el nuevo texto. De hecho, el MAS no tiene mayoría en el Senado y no hubiera podido, solo, aprobar la reforma constitucional. El MAS también cedió.

Esta situación cambiará en 2010, presumiblemente, si Evo Morales gana la elección presidencial de 2009. Las especulaciones sobre esto ya están a la orden del día, aunque falta más de un año. Tal como están ahora las cosas (la popularidad del gobierno, su capacidad de movilización, el resultado del referéndum revocatorio), se especula con la muy probable reelección de Evo y el aumento del caudal electoral del MAS. La oposición protesta: si el MAS tiene mayoría en ambas cámaras, tendrá el poder absoluto, dicen, como si tener mayoría en ambas cámaras no fuera democrático. Pero además, olvidan que el poder no nace (sólo) de las mayorías parlamentarias, sino de otros apoyos, de los que carece el MAS.

Para comenzar, se necesita el apoyo de las provincias más ricas en recursos naturales, que no son las del altiplano, sino las de la «media luna», que no ha parado de jaquear la autoridad del gobierno central desde que el MAS asumió el gobierno. El gobierno ha respondido con fuerza, y no se ha quedado atrás. Para algunos, esto sólo caldea el ambiente. Para otros, la única posibilidad de que haya un pacto es que existan ciertas condiciones de igualdad entre quienes pactan. Si el gobierno no demuestra una fuerza similar y equivalente a la de la oposición, no habrá pacto.

Los problemas se suceden, con distintos temas (el impuesto a los hidrocarburos fue hace un par de meses, ahora lo es la reforma constitucional), pero son los mismos los protagonistas: Pando, Beni, Tarija, y especialmente Santa Cruz, protagonizan levantamientos contra el gobierno todos los días.

El 11 de setiembre fue el momento más álgido de este proceso. En enfrentamientos entre campesinos y «cívicos» en Pando, se produjo una verdadera matanza. El Defensor del pueblo la calificó como «masacre» y declaró «que se ha evidenciado la participación directa de funcionarios y la utilización de recursos materiales de la Prefectura de Pando». Como consecuencia, el prefecto fue suspendido en sus funciones y se encuentra preso. El gobierno realizó ya decenas de detenciones vinculadas a la masacre de Pando. Asimismo, ha solicitado a los medios de comunicación, y especialmente a los canales de televisión, que hagan llegar las filmaciones que han hecho. Un video muestra parte de ella. Las imágenes de los campesinos muertos y del personal armado bajo las órdenes de Comités Cívicos (que a su vez, están bajo el comando de los propios prefectos), son más que elocuentes. Se hace un llamado a que los canales de televisión aporten sus pruebas al proceso. Los canales no dicen nada, no muestran nada, no definen nada. La mayoría de ellos realiza entrevistas y análisis muy críticos y opositores al gobierno. Mientras tanto, el canal del Estado está cada vez más gubernamental y, de algún modo, «oficialista». Es la forma de contrabalancear el poder de los otros, dicen quienes argumentan que el pacto sólo puede ser hecho entre poderes equivalentes. Para otros, en cambio, el canal del Estado debería ser «neutro» y no pasar propaganda de gobierno todo el tiempo.

En Tarija y en Santa Cruz, los problemas continúan. El gobierno arrestó en Tarija al presidente del Comité Cívico de esa provincia, por el atentado contra un gasoducto, en el cual se comprobó su vinculación directa. El gobierno se encuentra ahora en juicio por atentado a la seguridad del Estado contra el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz. Los Comités Cívicos son verdaderos «comités de defensa» de las prefecturas «rebeldes». Más allá de la lucha contra esas provincias, el actual gobierno enfrenta un panorama internacional complejo. Su tensa y conflictiva relación con Estados Unidos, así como la expulsión del embajador de EEUU en Bolivia, ha hecho que cayera el tratado de preferencias arancelarias unilaterales con Estados Unidos (Atpdea), cuya contraparte era la vigilancia de la DEA sobre el narcotráfico en la región. Bush canceló las preferencias arancelarias del tratado, como parte de la «autonomización» de la política de los cultivos de coca, por parte de Evo. Recordemos que el propio presidente de Bolivia es uno de los líderes del campesinado del Chapare, asociado a los cultivos de coca, que luchaba contra el plan de erradicación de los mismos.

La Confederación de Empresarios Privados lo llamó «crónica de una muerte anunciada» y denunció la pérdida de exportaciones por 60 millones de dólares. El mercado de Estados Unidos no tiene comparación con ningún otro, señalan. Y aunque Evo no se cansa de decir que no es tanta plata y se sustituirá con otros mercados, mientras el gobierno crea un fideicomiso equivalente al valor de los aranceles que deberán ser pagos, ahora que el Tratado venció, la oposición pega duro. Los exportadores se quejan amargamente de las ventajas que tendrán ahora Perú y Colombia (ambos con TLC con Estados Unidos) en el mercado americano, y responsabilizan al gobierno. Mientras tanto, Evo abrió una ronda de negociación con el gobierno venezolano, pero la mayoría de los exportadores no concurrió. «Dirigir el comercio exterior no es asunto del gobierno», dicen. «Esto lo tenemos que decidir los empresarios». Y aunque en un formato un poco simplificado, esta discusión sobre quién «lidera» el comercio exterior, de la mano con decisiones que no son comerciales (como la política de Bolivia con Estados Unidos, y viceversa) es una discusión importante. «Esto fue venganza política», dice Evo, quien señala que el cultivo de coca creció menos en Bolivia que en Perú o Colombia, aunque los dos países mantendrán su situación de preferencia con Estados Unidos.

Asimismo, la caída en el precio del zinc desestimula a la minería y ya son varias las empresas que han cerrado en la zona de Oruro y Potosí. Un grupo de mineros protesta vivamente frente a las puertas de una empresa minera que cerró. Son mineros «relocalizados» de la época de Paz Estensoro y hace veinte años que presentaron una demanda para cobrar sus liquidaciones finales después que le empresa los despidiera. Al cabo de veinte años de lucha, los tribunales les dieron la razón. Pero cuando fueron a cobrar sus haberes, las puertas de la empresa cerraron. Los mineros, mujeres y hombres viejos, ya en la tercera edad, se desnudan como forma de protesta. Invaden la calle desnudos y viejos, gritando a viva voz.

Por último, y a semejanza de buena parte de los países «progresistas» de la región, los problemas con Brasil son del día a día. Y esto evidencia, de algún modo, las debilidades de la unidad latinoamericana. Ya no bastaba la débil articulación «progresista» que sustenta la posibilidad de una renegociación del Tratado de Itaipú para los paraguayos, o la dura negociación por el impuesto a los hidrocarburos cuando Evo asumió; ahora los problemas se dan con las empresas brasileñas, en el marco de los fondos de inversión de origen brasileño que se otorgan a la Corporación Andina de Fomento. Brasil presta, pero si son sus propias empresas las que trabajan el servicio. Ante incump
limiento flagrante de contrato por parte de la empresa Queiroz Galvâo en la construcción de una carretera de Tarija a Pando, el gobierno suspendió las actividades de la misma. El gobierno brasileño reacciona en defensa de sus empresas, y el nacionalismo (en su versión de «capitalismo nacional y desarrollista») es superior a cualquier alianza progresista.

Mientras tanto, Bolivia se mueve, y no precisamente hacia el abismo. Al presidente Evo Morales parece quedarle bastante tiempo y legitimidad suficiente como para cambiarle la cara a ese país.

|*| Politóloga. Universidad de la República