NUMEROS ROTOS: ESTADISTICAS PUBLICAS Y REALIDAD SOCIAL EN ARGENTINA

El camino de las diferentes variantes progresistas que vienen despuntando en América Latina, no está exento de contradicciones y obstáculos. Hemos tenido ocasión de referirnos a alguno de ellos desde este mismo espacio, destacando la sinuosidad de todo proceso histórico, pero fundamentalmente, intentando enfatizar las tentaciones por aparentes atajos que bien pueden desembocar, a posteriori, en francos retrocesos. Muchos de estos escollos provienen de la particular coyuntura y correlación de fuerzas de cada experiencia, mientras otros hallarán su fundamento en las particulares concepciones y tradiciones de las fuerzas políticas que emprenden la pretensión reformista. El caso argentino pareciera estar mucho más determinado por las últimas que por la primera.

En efecto, resulta extremadamente contradictoria y desconcertante la concepción «progresista» del kirchnerismo. Por un lado adopta iniciativas dignas en materia de derechos humanos, de intervención sobre algunas variables económicas como el incremento de las jubilaciones y salario mínimo o la política de movilidad diferencial de las detracciones a la renta agraria, finalmente derrotada por la derecha y los medios, entre otras medidas encomiables. Por otro, concibe el poder (incluyendo el de adoptar políticas como las antedichas) como una suerte de potestad personal omnímoda, de fagocitación institucional sustituyente, sin el más mínimo escrúpulo ante la violación a la ética e inclusive a su propia legitimidad. Algo muy específico del peronismo, ya adopte coyunturalmente un cariz progresista o inversamente reaccionario y antipopular. Cualquiera de estas dos variantes polarmente expuestas, anida en su seno sin conmover su vigencia.

Infinidad de ejemplos puntuales avalan esta afirmación. Sin embargo, me detendré en esta oportunidad en una de sus expresiones actuales más groseras y de imprevisibles consecuencias futuras como es la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la manipulación de los indicadores «oficiales» que produce. No es necesario señalar la importancia que la elaboración de estadística fidedigna tiene para la vida de un país. Como insumo para la producción académica, como instrumento de fijación de políticas públicas mas también como reflejo especular cuantificado de la realidad cotidiana de la población que contribuye a la conformación de la opinión pública.

Cierto es que la cuestión de fondo respecto a la institución encargada de elaboración de indicadores económicos y sociales es que nunca ha llegado a ser verdaderamente autónoma, permitiendo de algún modo cierto nivel de presión y manipulación. Sin embargo, la desembocadura actual supera hasta el peor de los antecedentes. La dictadura ya lo había ejercitado, en proporciones comparativamente minúsculas a las actuales. Por efecto de un alza en el precio de la hacienda, el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, histórico referente de la Sociedad Rural, pretendió resolver las consecuencias sociales de ese fenómeno económico, eliminando directamente a la carne del conjunto de artículos integrantes del rubro alimentación dentro del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

En nuestro caso se superó al dictador. La sucesión de avasallamientos a los que se somete a la institución desde principios del 2007 y las consecuentes resultantes adquieren un carácter escandaloso y la exponen al escarnio público. El punto de partida resultó la solicitud de entrega del listado de comercios donde se relevan los precios que conforman el IPC por parte del secretario de Comercio Interior. Tal demanda viola flagrantemente la ley de secreto estadístico (17.622) que protege los datos de los informantes. La negativa a entregar esos datos supuso desplazamientos y renuncias hasta lograr, aparentemente, el objetivo de hacerse de la información originalmente demandada.

A partir de allí, la sucesión de presiones y manipulaciones superan cualquier ejercicio imaginativo. Enumero sólo algunos de los más relevantes correspondientes al IPC.

Presión sobre los encuestadores directos cuando cargan en planilla precios que excedían mediciones anteriores. Posteriormente, en varios casos, se alteran directamente las planillas desde las cuales se ingresan los datos al sistema informático.

Incorporación directa de precios resultantes de acuerdos gubernamentales con las cámaras empresarias, sin relevar los valores reales o bien desechándolos si son relevados y sustituyéndolos por los primeros en la carga final.

Visitas de inspectores de la Secretaría de Comercio a los locales de expendio, cosa que corroboraría la violación de la ley ya mencionada.

La presentación de listas de precios paralelas por parte de los comercios marcadamente diferentes a los valores al público.

Alteración del software de carga de datos de precios para «autoajuste» de los precios excedidos.

Alteración del índice final del IPC contemplando curiosas desigualdades nacionales según la mayor o menor afinidad de cada provincia con el gobierno nacional. A la vez, se dejó de publicar el IPC nacional.

Toda esta sumatoria de atropellos pretendió ser maquillada desde marzo con la implementación de un nuevo índice, basado en estándares norteamericanos. Pero resulta insólito que sobre el mismo no hay documentación técnica, cosa elemental para su implementación y control. Siempre que se realizan cambios se genera un documento que los detalla. Paralelamente se realiza siempre un «empalme» que significa que se instrumentan ambos simultáneamente, comparando luego resultados y publicándolos antes de adoptar un nuevo sistema. En este último vigente, han dejado de publicarse precios concretos de las mercaderías. Sólo los valores finales del rubro (v.g. alimentación) con su variación sin indicar los artículos.

El Indec no mide exclusivamente inflación, sino una gran variedad de indicadores sociales y económicos de suma importancia. En casi todos ellos se verifican niveles groseros de intervención, incluyendo patoterismo sindical y una diáspora de cuadros técnicos de muy difícil sustitución. Sería imposible listarlos todos. Sólo a guisa de ejemplo, en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que estima el nivel de desempleo, la pobreza, la indigencia, el subempleo, etc, se dejó de publicar la base de datos, es decir que sólo publica indicadores sin las fuentes.

¿Cuál puede ser el sentido de semejante aberración estratégica, ética y política que por lo demás resulta totalmente ineficaz y hasta suicida, más allá del mero ejercicio autoritario? El argumento de la incidencia sobre la idexación de bonos emitidos con actualización inflacionaria parece desmentirse por dos razones. Por un lado, por el costo ínfimo que supone respecto a las consecuencias económicas de estas maniobras. Por otro, ya que no tardarán los tenedores en llevar la demanda a estrados judiciales internacionales previstos para el caso. Si el objetivo fuera minimizar la realidad económica y social más lascerante evitando con ello protestas y demandas ­incluyendo las sindicales­ habrá que recordar que éstas están motivadas por la experiencia concreta de las personas y no por su ubicación en un determinado decil estadístico manipulado. No por alterar las cuantificaciones de la realidad social, se transforma su sustancia.

El daño material y simbólico resulta ya prácticamente irreparable. Es muy probable que esta institución deba no sólo reestructurarse sobre la base de su autonomía técnica sino inclusive cambiar de nombre ante el descrédito al que se ve sometida en todos los ámbitos sociales, desde el más humilde ciudadano hasta el científico, pasando por instituciones de toda laya que influyen en la vida económica. No será imposible, aunque sí muy arduo, en función de los buenos antecedentes previos además del hecho de que existen estándares de United Nations Statistics Division ( //unstats.un.org/unsd/default.htm) que otorgan uniformidad a las medic
iones internacionales.

Entretanto, la Argentina deberá conformarse con números tan rotos como el «progresismo» que los produce.

|*| Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.