Pensiones

Es más que un dato estadístico. Esconde una suerte de desconsideración, ya por exceso de celo burocrático, ya por una mal disimulada necesidad de cerrar la canilla de los recursos públicos.

La cosa es que desde hace demasiado tiempo la legislatura no ha concedido una sola pensión graciable.

¿De qué se trata este beneficio? Según el inciso 13 del artículo 85 de la Constitución son «recompensas pecuniarias a los grandes servicios». Como todo el mundo sabe, generalmente se otorgan a quienes han dedicado gran parte de su vida al arte, la enseñanza, la ciencia o la tecnología y, además, se hallan en una situación económica que justifica ese apoyo.

Ha sido tradición en este país, tanto del Poder Ejecutivo como del Parlamento, cierta amplitud en estas recompensas que no hacen sino reconocer, porque también implican el valor moral de un homenaje en vida, la trayectoria de muchísima gente que, a todo nivel, ha hecho aportes relevantes a la construcción de una identidad nacional y, por tanto, de una cultura.

Afortunadamente, ese asunto tiene preocupados a unos cuantos legisladores, entre ellos al activo diputado Diego Cánepa, quien procura ahora desmalezar el camino para que las cosas vuelvan a ser como eran.

La cuestión es que el Ministerio de Economía y el Banco de Previsión Social se han puesto en exceso exigentes, tanto que su rigor puede hacerlos responsables, tarde o temprano, de que tales pensiones, lisa y llanamente, desaparezcan.

Creo que nadie ­yo no lo haré jamás­ vaya a proponer una suerte de premiación al voleo, al barullo, para que cualquiera lleve su porción. Pensar eso es, cuando menos, un insulto a los creadores que están aguardando por su pensión, ya solicitada con los fundamentos del caso. Y tengo claro que estamos hablando de dineros del Estado, o sea de todos los contribuyentes.

Pero tampoco se me escapa que la flexibilidad, por la vía del sentido común, puede evitar la vergüenza a más de un funcionario.