El gremio advierte sobre peligros por el estado de las cañerías

La cúpula sindical de los trabajadores del gas alertó sobre el peligro que significará el arribo del gas natural a Montevideo. Denuncian que Gaseba negocia emplear la planta y el gasómetro de la Rambla, ya que por «falta de inversión» las cañerías no soportarán el gas natural si no es craqueado previamente.

«Quieren usar la planta obsoleta y el gasómetro para convertir el gas natural en gas de ciudad: no cumplieron con lo que prometían de cambiar todas las cañerías y ahora, si inyectan el gas como viene, habrá alto riesgo por el estado del tendido», afirmaron los integrantes del Consejo Directivo de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas. Aseguran que en un estudio de British Gas, «hecho antes de la privatización y a pedido del gobierno, se afirma que debe darse humectación al gas, porque las cañerías en su estado actual no aceptan el gas natural que es mucho más seco. Hay que procesarlo, craquearlo, humedecerlo, para que las cañerías aguanten».

Recuerdan en tal sentido que las cañerías siguen teniendo muchas de ellas entre 60 y 80 años de antigüedad.

«Nuestra resistencia a la privatización no era solamente por el argumento de defender la fuente laboral, sino además por la comprobación del Ministerio de Industria y de la Intendencia de Montevideo de que no se cumplió en lo más mínimo con la inversión para el recambio de cañerías. Lo que hizo la empresa fueron extensiones de polietileno, pero en realidad las áreas más sensibles en cuanto a la posibilidad de pérdidas de gas no se han atendido», denuncian. Apuntan que la afirmación está avalada por los cateos que efectuó la Intendencia capitalina revelando «que los caños están en la mitad de espesor del original, sumado a la presencia de fósforo que debilita aún más el metal de la cañerías, así como también la existencia de tránsito pesado, camiones y demás, con la posibilidad de rotura de los caños, principalmente en aquellos barrios -Centro y aledaños- donde los caños son más antiguos».

Los sindicalistas advirtieron sobre el manejo que se ha hecho de los 16 accidentes «graves», registrados desde la privatización. «Cuando planteamos la realidad, la empresa nos acusó de hacer terrorismo. Pero cuando fuimos a la Junta Departamental mostramos que el documento sobre los 16 accidentes tenía la firma del ministro Julio Herrera: era del Ministerio no del gremio». Añaden los gremialistas su preocupación porque la empresa lleva ocho años funcionando, » y el Ministerio no planteó hasta ahora qué mecanismos debe acatar Gaseba para cumplir con esto».

La visión regional

Para la mesa directriz de la Unión Autónoma del Gas, lo que se está haciendo en Uruguay «es un gran negocio para las transnacionales dirigido a los millones de consumidores del sur de Brasil. Nuestro territorio, de paso, no recibirá nada: no se generan nuevos puestos de trabajo, no hay una apuesta en esta mecánica a la producción, no hay reactivación, ni expectativas». Afirman que el gremio de Gaz de France les aseguró coincidir con lo ya denunciado durante el gobierno argentino de Alfonsín, «que las reservas de gas en Argentina son para diez años: presumimos que la sobreexplotación del recurso en nuestro territorio, más cuando llegue a Brasil, va a acelerar su agotamiento.

Como desde aquella época no hay nuevos estudios, creemos que habrá sobreexplotación del recurso, cuando en cinco o diez años las transnacionales hagan el negocio, si el gas se acaba a los únicos que afecta es a los de la región».

Aseguran también que las multinacionales harán con el gas, «lo mismo que cuando la compañía del gas funcionaba en manos de los ingleses, que declaraban 80 veces menos de las ganancias que mandaban a la casa matriz en Londres que lo declarado a Rentas Generales en nuestro país». Señalan que las primeras pruebas del negociado aparecieron ya, «todavía no llegó el gas y ya la dependencia es claramente visible. Al desaparecer la relación peso-dólar en Argentina ya se generaron roces y enfrentamientos con nuestro gobierno: son las transnacionales operando, buscando las facilidades absolutas y totales que les permitan llevar el mayor dividendo a sus arcas, hacer una sobreexplotación del recurso, hacer dependientes a nuestros países durante esa sobreexplotación y evitar el desarrollo de estas naciones».

Concluyen que «como gremio de la energía y a través de los estudios de compañeros de Ancap, de UTE, de Salto Grande, decimos que debe haber una complementación energética incluso en la región para que allí surjan las posibilidades de desarrollo: no es que sólo surjan beneficios corporativos para el sindicato, es que surjan posibilidades para el conjunto de la región».

Apuntaron finalmente a dos aspectos puntuales a los que dan prioridad: los anunciados reservorios en la cuenca del Santa Lucía y el control de tarifas. En cuanto a la posibilidad de almacenar gas natural bajo las napas del río Santa Lucía, como parte del contrato, aseguran que «los últimos estudios en este tema son del Ministerio de Industria y datan de 1950. Dicen que no es posible la utilización de esos reservorios, ya que la piedra es porosa y se contaminaría no solamente el agua de la región sino también todo el sector hortifrutícola del área». En cuanto al tema tarifario, los sindicalistas aseguran que no hay criterio social alguno. «Cuando estaba la compañía en manos del Estado, teníamos un representante de los trabajadores en el directorio, que ayudaba a controlar cualquier intento de aumentos desmedidos. Hoy, cualquiera que tenga supergás y gas por cañería puede darse cuenta cómo se aplicaron los aumentos de tarifas aprobados por el gobierno, sin criterio social alguno para atender la situación en que está el país». *