Gobierno cobrará IVA a los minusválidos en sus talleres

Estamos en emergencia absoluta. Luchamos para que estas instituciones no cierren: varias están al borde. En los próximos días el BPS adoptará decisiones que condenarán (o no) a centenares de minusválidos a la peor de las sentencias: quedar sin rehabilitación».

El presidente y vicepresidente de la Organización Nacional Pro-laboral para el Lisiado (Onpli), Washington Chamorro y Jorge Reyes, asumen que en los 30 años de la institución, difícilmente alguien recuerde una instancia peor, avistando el futuro inmediato de las personas con minusvalía. Una situación en la que está inmersa la institución, pero que, globalmente alcanza a uno de cada diez uruguayos: alrededor de 300.000 compatriotas padecen algún problema motriz que condiciona sus vidas. Uruguay ha sido ejemplo en Latinoamérica, durante años, por el esfuerzo y concreción de apoyo, a estas personas. Hasta hace meses incluso, a pesar de la crisis, estas instituciones de apoyo a los discapacitados bregaban por un mejor futuro para sus adherentes: Onpli obtuvo el segundo premio, como Pequeña y Mediana Empresa, con trabajadores discapacitados. «Ahora estamos al borde del cierre», afirman sus directivos quienes, no obstante, advierten que «nadie crea que vamos a bajar los brazos».

Cruel evolución

El primer mazazo que recibieron las instituciones de asistencia a quienes sufre minusvalías fue el ajuste fiscal que recortó en un 20% la asistencia del gobierno.

La reducción a las subvenciones del Estado (art. 432 de la Ley 17.296), «provocó el cese de actividades, destitución y pase a seguro de paro de personal, reducción de horas de atención a las personas con discapacidad, etc., ocasionando un incremento de situaciones de marginalidad», afirma la institución.

Esto generó que el sector se declarara en «estado de emergencia y asamblea permanente».

Ahora, la aspiración del gobierno de Batlle para que la producción «protegida» de los minusválidos sea gravada con el IVA, amenaza con lo peor.

«Esta situación se plantea en los talleres protegidos de producción, es decir, dónde las personas discapacitadas hacen su formación profesional. Se capacitan para insertarse en el mercado laboral común», explican los directivos de Onpli.

Como estrategia de supervivencia, el taller vende el producido de su servicio. Fabrican sillas de ruedas, que vende al Banco de Previsión Social mayoritariamente. La producción no excede las 300 unidades al año. A la fecha la interpretación histórica, dada al Art. 69 de la Constitución, referente a exoneraciones tributarias para los institutos de enseñanza, amparaba a estos talleres protegidos, en tanto realizan «formación profesional».

Tampoco la exoneración es absoluta.

«Cuando compramos la materia prima, debemos pagar el IVA. Al vender podemos sí, facturar sin el IVA del vendedor. O sea que tampoco es una exoneración del 23 por ciento, pero es una pequeña ayuda amparada por la Constitución que busca equiparar la desigualdad de oportunidades en que se encuentra la gente que trabaja en estos talleres ya que son procesos de rehabilitación. Se están formando para esa tarea, coinciden los dirigentes. Es decir, que la velocidad, la rapidez no es la misma que pueda tener cualquier otra empresa competitiva de plaza. Por eso es un taller protegido: trata de equipararse con algún tipo de beneficios, que son muy pocos y éste es de los más importantes». Entienden que este paso abrirá el camino para cargar el trabajo de los minusválidos de forma inédita. «Si estos talleres tienen que empezar a pagar tributos como Renta o Patrimonio, la desigualdad sería enorme y entonces habría que cerrar esos talleres».

La peor realidad

 Chamorro y Reyes descartan de plano estar focalizando una postura para un Uruguay ya inexistente, en tanto ya se encuentran sumergidos debido a la conducta de pagos que cumple el Estado con algunos de sus proveedores.

«Claro que entendemos que estamos viviendo en Uruguay. Bien lo sabemos cuando queremos cobrar al Banco de Previsión Social, las sillas de ruedas que fabricamos y el BPS nos dice que no nos puede pagar. Nosotros, proveedores de sillas del BPS no cobramos, y hacemos el mejor esfuerzo para aguantar.

Esto lo estamos aguantando, pero si encima nos ponen tributos que no podemos pagar, entonces directamente vamos al cierre», sentenciaron.

Enfatizaron en su convicción que «las organizaciones sociales como Onpli estamos prestando servicios que el Estado tendría que prestar. Y no lo hace.

De alguna manera somos socios con el Estado al brindar un servicio estatal inexistente al que está obligado. Lo peor es que si las instituciones sociales no lo prestan, entonces, no lo va a hacer nadie».

Afirman que cualquier posibilidad de inserción laboral está hoy vedada para los minusválidos incluso en la administración pública.

«El 4% de los accesos a la Administración Pública debe ser acorde a la Ley 16.095, para personas con minusvalía: eso está cerrado hasta el año 2015. Tampoco hay incentivos reales que motiven a la industria privada a tomar personas con discapacidad», señalan.

El último golpe

Apuntan ahora a lo que decida el 23 de octubre el Directorio del BPS, cuando vaya a tratar el tema de las ayudas especiales.

«Estas ayudas son lo que le entregan a la persona con discapacidad para poder capacitarse, rehabilitarse en cursos, como los nuestros u otros, ayudándoles además para el transporte.

Ahora, todo esto sería limitado y quienes más necesitan, quienes más discapacidad tienen, quedarían fuera de todo esto».

Agregan que así, «la persona que no tiene medios, ninguna actividad, no puede pagar, lo están limitando a vivir encerrado, sin ni siquiera poder integrarse para mejorar su calidad de vida».

Como corolario de esta tragedia en ciernes, los representantes de los lisiados afirman que existe un silencio brutal por parte de las autoridades con las que buscan analizar el problema.

«Tratamos de conversarlo con las autoridades del BPS desde hace 20 días, sin respuesta. Hemos pedido entrevistarnos con Atchugarry, sin respuesta.

También nos tiene anclados el Partido Nacional. No hemos tenido ningún tipo de respuesta de ninguno de los políticos. Estamos prácticamente solos. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados; no vamos a dejar que se venga abajo: por nosotros, por nuestras familias, por los compañeros…».