Primeras secuelas

Dieciocho alumnos con dispacacidades sicomotrices no pueden asistir a la escuela Nº 218, en Lomas de Solymar, debido a que el Banco de Previsión Social no abona, desde marzo pasado, el monto del beneficio que posibilitaba el traslado de los niños.

Los padres dicen no encontrarle mucho asidero a la frase «brazo solidario», el eslógan elegido por el organismo estatal en su spot publicitario. Y, de alguna manera, los hechos les dan la razón. Lo cierto es que, a raíz del atraso en el pago a los transportistas, 18 chicos con discapacidades sicomotrices e intelectuales no pueden concurrir a los cursos de enseñanza especializada y a los talleres de sicomotricidad que se dictaban en el anexo de la escuela Nº 218 de educación común, ubicada en el km 26.100 de la avenida Giannattasio.

Desde marzo pasado, el BPS no abona a los transportistas los 703 pesos mensuales correspondientes al traslado de los menores. A la imposibilidad física de los chicos, que no les permite trasladarse por sus propios medios, se le suma otro obstáculo: la situación económica de sus familias que no cuentan con locomoción propia, Incluso, en algunos casos, los padres se encuentran desempleados. Además, es el único centro educativo con estas características en la zona comprendida entre Parque del Plata y Empalme Olmos.

Padres preocupados

En marzo pasado, los transportistas realizaron el trámite habitual con la entrega de formularios, uno por alumno, en la filial Pando de BPS. Al momento de verificar los datos del alumnado, los padres fueron informados que la escuela pública Nº 218 posee la habilitación como centro de educación común, pero que el anexo no estaba habilitado para enseñanza especializada.

«No entendemos cómo una escuela pública, es decir estatal, no tiene habilitación del Estado», se preguntó Laura, madre de uno de los alumnos damnificados.

El año pasado, en el anexo funcionaban dos turnos con su maestra especializada, auxiliar e inspección. Los niños también almorzaban y merendaban en el local. «Si hasta agosto, los niños pudieron concurrir a la escuela fue gracias al esfuerzo de los transportistas. Que existan estas clases dentro de un local de educación común permite llevar adelante la modalidad de integración y de una educación para la diversidad de niños de todo tipo de condición», manifestó María, madre de una niña de 13 años. A raíz de la demora en el pago del beneficio, los menores tampoco pueden concurrir a la Casa Gardel donde, dos veces a la semana, realizaban actividades físicas recreativas, que incluían piscina y fisioterapia. «Nuestros hijos no pueden ir por sus propios medios a la escuela. Esperan en una silla de ruedas para ir a un lugar donde han sido aceptados y estimulados y donde saben que podrán desarrollar su mundo, jugar sin ser discriminados, y donde se sienten útiles y con una posibilidad de futuro», afirmó Laura. *