Cámara baja aprobó libertad de opción para pago de pasividades

Por mayoría y con el voto de 52 legisladores (se abstuvieron representantes del Partido Colorado), la Cámara baja aprobó el proyecto de ley que otorga libertad a los pasivos para elegir su local de lagos.

La iniciativa contó con el apoyo de los representantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), Partido Nacional, Nuevo Espacio y Nuevo Espacio Independiente.

«Viva la libertad y la democracia», exclamaban ayer decenas de jubilados eufóricos mientras eran desalojados de las barras, luego de la sanción de la ley.

Los representantes blancos resolvieron solicitarle a los directores Daniel Delgado Sicco y Luis Alberto de Herrera, que en del Directorio del BPS prevista para hoy, sea planteada la revisión de la privatización de los pagos, a fin de evitar la supresión del cobro en el edificio central del organismo en Montevideo.

Ante esta propuesta, el diputado encuentrista José Luis Blasina aclaró que el proyecto de ley tiene carácter nacional, por lo que en caso de liberalizarse solamente para el edificio central, se estaría discriminando a los jubilados y pensionistas del Interior.

Explicó que hasta julio del 2001, a un año de aprobarse la descentralización, recibió el pronunciamientos de 61 asociaciones de pasivos del Interior de los cuales solamente 3 manifestaron estar de acuerdo con la propuesta del BPS.

La iniciativa ya fue remitida a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado y es intención del Encuentro Progresista acelerar el estudio del proyecto, debido que los jubilados tienen fecha hasta el 18 de agosto para elegir su lugar de cobro.

Mientras el proyecto de ley continúa avanzando en el Parlamento, se abrió la polémica en cuanto a la conveniencia económica de pagar en la sede central del BPS. Según la gerenta general del organismo, Myra Tebot, es más barato para el Estado el pago en los locales tercerizados, que hacerlo dentro del propio instituto, lo que, a su juicio, demanda una erogación de $1.229.348 al mes. Por su parte, la Asociación de Funcionarios de la Seguridad Social (ATSS) discrepó con las autoridades, afirmando lo contrario. De acuerdo con un estudio comparativo de los gastos efectuado por los trabajadores, los costos serían «realmente» 3 veces menores ($ 403.312) a lo informado por la Gerencia General.

Recalcaron que el costo promedio del pago por parte de las empresas contratistas es de $20,41, mientras que en la oficina central de Montevideo es de $7,80 por recibo y en el Interior el gasto es aún menor.

Myra Tebot declaró a una emisora radial que era más barato para el organismo pagar en un establecimiento tercerizado que hacerlo dentro del BPS, explicando que desde hace meses los jubilados están eligiendo nuevos locales, por lo cual era innecesaria provocar esta polémica.

Sin embargo, las asociaciones de jubilados, los funcionarios del organismo y hasta el propio director en representación de los pasivos, Arturo Fernández, se oponen a la reestructura del organismo que implica la tercerización y privatización total de los pagos. Esta reforma conlleva, según sus detractores, peores condiciones para el cobro para los pasivo y un pésimo negocio para el Estado.

De acuerdo con un documento oficial proveniente de la Gerencia de Planificación Estratégica y Control de Gestión del BPS, se concluyó que el monto total para el pago de prestaciones en oficinas centrales es de $1.229.348.

Según afirmaron las autoridades del organismo, el BPS gasta $ 23,7 por cada uno de los 51 mil recibos pagados, en tanto con la tercerización la inversión es de $ 20,41, generándose un ahorro de $ 3. Como contrapartida, la ATSS afirma que la erogación por pasivo en la oficina central de Montevideo es de $ 7,80 y en el Interior llega a los $ 5,98, por el envío a través del Correo.

Los funcionarios aseguran que las empresas privadas tienen un costo explícito directo, que redunda en una ganancia financiera de todas las empresas contratadas por la retención del dinero durante 5 días, que alcanza los U$S 400 mil dólares por mes.

«Es decir que, anualmente, sólo por este concepto «no cuantificado ni explicitado», el BPS sufre una pérdida financiera cercana a los U$S 5 millones.

Otro punto destacado como positivo en lo referente a la seguridad de los locales del BPS, es que «el local central nunca fue asaltado». Según informaciones que maneja el Ministerio del Interior -consigna la ATSS- sólo en los locales de Abitab se produce un promedio de cuatro robos por día.

Libertad de elección

Durante el debate, el diputado socialista José Luis Blasina señaló que la aprobación del proyecto es «un premio a la perseverancia», ya que después de dos años de «batallar por la libertad de opción y que los jubilados y pensionistas de todo el país puedan votar en los lugares que ellos elijan, incluyendo los locales del BPS».

El legislador recriminó la actitud de la bancada de legisladores del Partido Colorado, la cual «rectificó la posición que tenían hace dos años cuando sí apoyó el proyecto y ahora modificaron su posición».

A pesar de que legisladores del Partido Nacional han anunciado que encomendarán a sus dos representantes en el directorio del BPS que propongan reconsiderar la medida que prohíbe el cobro en el edificio central del BPS, la coalición de izquierda continúa creyendo que es necesario «la aprobación del proyecto en el Senado», indicó Blasina.

El parlamentario añadió que «si se solucionara por una resolución administrativa el problema de Montevideo, de todas maneras continúa planteado en el Interior. Por ese motivo, este proyecto de ley apunta a que no haya ningún tipo de discriminación y considere de igual manera a los pasivos del Interior y de Montevideo».

Por su lado, el diputado Gustavo Borsari (herrerista) expresó que el proyecto «no debió haber existido, ya que debió de tratarse de una medida administrativa para suplir a otra que prohíbe el cobro en la sede central».

Anunció que los directores nacionalistas van a pedir la reconsideración de esta medida y, por tanto, seguiría el local central pagando las jubilaciones a pensionistas.

Sin embargo, indicó que «ya estaba disparado en el Parlamento este proyecto», el cual votaron en forma afirmativa los legisladores nacionalistas a efectos de que en el local central del BPS se continúen pagando las jubilaciones».

Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio Independiente, Pablo Mieres sostuvo que «lo importante es que el pasivo tenga la libertad de optar, aunque para esto no era necesario la presentación de una ley».

En tanto, el diputado Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15) calificó la propuesta de «inconveniente», considerando que pretende «revertir el proceso de descentralización llevado adelante por el organismo previsional». «Se debe considerar que el BPS en un corto plazo no va a pagar ni cobrar en sus oficinas y eso lo dejará para las instituciones financieras, entonces el pasivo nunca va a tener la opción de cobrar a oficinas del banco previsional», añadió.

Pais sostuvo que al BPS «le será más barato pagar por medio del mecanismo descentralizado, porque para seguir pagando en sus oficinas tendría que realizarse una inversión muy grande en adecuar los locales para otorgar la conveniente seguridad y cumplir con los requisitos que solicita el Ministerio del Interior y el Banco de Seguros del Estado».

«Además, se trata de un proyecto inconstitucional, porque el Poder Legislativo se está metiendo en funciones netamente administrativas, como la forma en que un órgano administrador como efectúa los pagos a sus beneficiarios», puntualizó. *