Bush contra todos

Más aún, implica la promesa de un escenario en el que los responsables de genocidio, de crímenes contra la humanidad o de guerra no queden impunes y puedan ser perseguidos por la justicia internacional aún cuando el estado al que pertenecen no pueda o no quiera juzgarlos. Se trata de un inmenso progreso en el plano de la afirmación del derecho internacional.

El Tratado de Roma que dio origen al TPI fue firmado hasta ahora por 139 países (de 192 representados en las Naciones Unidas) y ha sido ratificado por 76, entre ellos los miembros de la Unión Europea. Pero el gobierno de George W. Bush se disoció de la adhesión de su predecesor Bill Clinton (en verdad no muy convencida y formulada en la última hora), se negó a ratificar la creación del tribunal y dio un paso insólito al vetar el 30 de junio en el Consejo de Seguridad la extensión por seis meses del mandato de las fuerzas de la ONU en Bosnia, como forma de presión contra el TPI y la ONU.

Esta medida, de consecuencias difíciles de prever en toda su extensión, está provocando fuertes reacciones en especial de parte de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y jurídicas, así como de los parlamentarios demócratas en el Congreso estadounidense. El representante de Human Rights Watch, Richard Dicker, denunció el «chantaje de la administración Bush» que pretende someter a la comunidad internacional al dilema de «escoger entre el TPI y las operaciones de paz de la ONU».

Ahora se trata de los militares norteamericanos destacados en Bosnia, pero también hay soldados de Estados Unidos en idénticas misiones, por ejemplo: en Kosovo, en Timor Oriental, en Sierra Leona, en Congo, en Etiopía-Eritrea, en Sahara Occidental, en Chipre, en Kuwait, en Georgia y en El Líbano, donde la retirada de la misión de la ONU dejaría las manos libres a la organización pro-palestina Hezbolá.

Nuevas retiradas estadounidenses darían lugar a grandes complicaciones y esta perspectiva ejerce una enorme presión sobre los aliados europeos, pues son ellos los más afectados por el veto en el Consejo de Seguridad.

Es cierto que hay otros países que no han ratificado la creación del TPI, como Rusia, China e Israel.

Dadas las particulares situaciones de conflictos internos y externos que condicionan a esos países, quizás resulten comprensibles sus vacilaciones.

Pero ¿qué decir de los Estados Unidos, superpotencia mundial, que se arroga el derecho de dar lecciones al mundo y de decidir cuáles son los «buenos» y los «malos» países? Esto no sólo es inaceptable sino también condenable. Esta actitud contrasta con la de la Unión Europea, que esta vez actuó de acuerdo con los valores y principios proclamados.

No es esta la primera vez que Washington adopta posiciones a contrapelo de la conciencia internacional.

Ya lo hizo en relación a un asunto gravísimo, al recusarse a suscribir los acuerdos de Kioto para la prevención de los desequilibrios ecológicos, y cuando se negó a la interdicción de las minas antipersonales que tantas víctimas inocentes han causado. Lo mismo hizo al proseguir unilateralmente su proyecto de «escudo nuclear», dando así un mayúsculo paso hacia atrás sobre la reducción programada del armamento nuclear.

Para no hablar de la política proteccionista de estos sedicentes campeones del neoliberalismo cuando se trata de proteger a su industria del acero contra las exportaciones europeas o a sus productos agrícolas contra las exportaciones de los países subdesarrollados.

Es sabido que la actual administración norteamericana no aprecia a las Naciones Unidas pues la considera un impedimento inaceptable para la misión salvífica en el mundo que muchos estadounidenses le atribuyen a su propia nación.

En el cuadro de terrible conmoción creado después de los atentados del 11 de setiembre se registró un apaciguamiento efímero de Washington hacia la ONU cuando solicitó y obtuvo del consejo de Seguridad la aprobación de una polémica resolución que le otorgó cobertura para las operaciones militares de represalia en Afganistán.

Pero el agravamiento intolerable del conflicto israelo-palestino, que ha sobrepasado los límites de lo imaginable, está envenenando todo el cuadro planetario, en una escalada de violencia y de insensatez política que nadie sabe a donde nos llevará.

La coyuntura preelectoral de Estados Unidos, con Bush en la mitad de su mandato, sin ninguna garantía de que tenga éxito su cruzada antiterrorista, con el desorden en las bolsas y el pánico en los espíritus provocado por el «delirio persecutorio», puede explicar algunos aspectos del comportamiento errático de la administración estadounidense.

Pero eso no puede bastar como disculpa, ya que el derecho internacional y la paz en el mundo deberían ser considerados como valores que por su importancia no pueden ser interferidos por bajos apetitos electoralistas. *

 

(*) Mario Soares, presidente de Portugal entre 1986 y 1996. Servicio Especial IPS, exclusivo en Uruguay para LA REPUBLICA.