Primera audiencia por contaminación con plomo

En las diligencias preparatorias de los dos juicios que Viana promovió por un lado contra Ancap, y por otro contra la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, (Mvotma) en setiembre de 2001, el fiscal solicita al juez de 7º turno, José Lobelcho, que condene a los organismos como responsables de la contaminación con plomo que fue descubierta en la zona de La Teja en agosto de 2000.

El fiscal planteó prohibir a Ancap seguir fabricando nafta con plomo después del 31 de diciembre de 2003, fecha que la propia empresa propuso como viable para empezar a producir combustible sin el metal. Viana pidió que en caso de que el ente no cumpla con lo solicitado, se le imponga una multa diaria de 900 unidades reajustables. En la demanda, el representante del Ministerio Público, señala que las naftas con plomo producidas en Uruguay contienen 0,2 gramos del metal por cada litro de combustible, en tanto que la nafta Eco-supra contiene 0,03. Viana se preguntó «con qué autoridad, si no se quiere ser hipócrita, el Estado puede ejercer su poder ordenador de la policía ambiental (como lo indica la ley) contra otros agentes de polución con plomo, sabiéndose que lo es también en un grado superior y que, encima no hace nada para evitarlo».

Ancap aduce no tener responsabilidad directa en el problema.

Milka Pereira, integrante de la Comisión de Vecinos «La Teja vive sin plomo» reveló que en una reunión que los vecinos mantuvieron con Viana el último 28 de junio, el fiscal les comentó que «sabía que el Estado solía enlentecer estos temas, pero le llamaba poderosamente la atención cómo lo había sido en este en particular, que desde diciembre a junio los expedientes no se movieron para nada. Por eso había vuelto a movilizar el tema».

En esta audiencia preliminar, el juez ratificará los dichos de las partes y decidirá las pruebas a diligenciar, entre ellas, la declaración de los testigos. Entre los testigos propuestos por el fiscal figuran el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, el presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti, el toxicólogo de la Organización Panamericana de la Salud, José Mello Da Silva –que asesoró al gobierno sobre el tema–, técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, de Facultad de Ingeniería, de las cátedras de Toxicología de Facultad de Medicina y Química y de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear.

Dilatan actuaciones

Sorprendió a Viana el hecho de que luego de estar sin movimiento desde hace siete meses, el expediente abierto contra la IMM y el Mvotma haya bajado del despacho del juez sin resolución sobre el incidente de nulidad presentado por el ministerio. La secretaría de Estado pretende que se anule lo actuado hasta ahora por considerar que debió haber sido informado de las declaraciones tomadas a jerarcas y técnicos de la comuna y Ancap, así como considera que debió haber participado en esa instancia preparatoria del juicio.

LA REPUBLICA supo que Viana considera «falaz» este argumento porque la mayor parte de las pruebas fue aportada por el propio ministerio, por tanto no era necesaria la declaración de sus autoridades. Por otra parte, a través de su participación en la Comisión Interinstitucional del plomo, el Mvotma conocía las pruebas aportadas por la IMM y Ancap. En la demanda, Viana solicita se cite al Mvotma, por tanto, las autoridades tendrán la oportunidad de aportar elementos en la audiencia testimonial.

En este expediente, el juez Lobelcho también está pidiendo un trámite de conciliación con la IMM. Viana pidió aclaraciones a Lobelcho porque considera que algunas de las solicitudes del juez no son necesarias. *