Guerra al pago privatizado
Los pasivos anunciaron que colmarán las barras del Parlamento y rodearán el Palacio Legislativo cuando el plenario de Diputados analice el proyecto de ley que otorga libertad de opción en el cobro.
A dos meses de completarse la tercerización total del pago de jubilaciones y pensiones a nivel nacional, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara baja, decidió reenviar a la Cámara de Diputados el proyecto que fue presentado en el año 2000, que no fue aprobado apenas por un voto.
El diputado encuentrista José Luis Blasina elaborará un informe «oficioso» complementario al proyecto inicial, en el que se incluirán los cambios registrados en los últimos dos años, con una acelerada privatización del servicio, por lo cual se considerará prioritario el tratamiento del tema.
El Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) resolvió que, a partir de setiembre, no pagará más a los 54 mil pasivos en la sede central del organismo previsional. Los mismos serán distribuidos en locales privados y otras dependencias estatales.
Actualmente, los jubilados son informados sobre el cese del pago en la oficina central. En ese momento se los insta a realizar otra opción hasta el 18 de agosto, del menú de empresas contratadas que están ubicadas en Cordón y Tres Cruces.
Héctor Morales, secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, señaló a LA REPUBLICA una serie de medidas que tienden a perjudicar a la masa de pasivos de nuestro país.
Denunció que las políticas gubernamentales derivan en que cada vez menos trabajadores se jubilen, situación que reflejan las propias estadísticas. En el año 2000 hubo 27 mil jubilaciones nuevas y en 2001 las tramitaciones cayeron a menos de la mitad, alcanzando apenas a 13 mil.
Asimismo, los préstamos sociales destinados a los pasivos más carenciados son entregados con un interés anual del 80%.
Recordó que a los pasivos se les descuenta un 1% de sus retribuciones mensuales para la construcción de viviendas. Sin embargo, acotó, «desde el año 2000 no se construye ni una sola casa para jubilados.»
Otro problema del organismo previsional es la demora para otorgar las pasividades. Según el dirigente, existen casos de espera cuando se inicia un trámite jubilatorio de hasta 4 o 5 años, y en la mayoría de éstos, el beneficio es negado.
Algunos trabajadores, ante esta realidad, deciden recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero muchos desisten de esta opción por el alto valor que insume acceder a este recurso, ya que sólo para el trámite inicial se debe abonar $ 500 por concepto de timbres.
El representante de los jubilados arremetió contra los representantes políticos del BPS, los nacionalistas Daniel Delgado Sicco y Luis Alberto de Herrera, por considerar que estos directores utilizaron un «terrorismo verbal» y «fascista» hacia los pasivos. Según afirmó Morales, el primero de estos jerarcas en un encuentro que tuvo con una delegación de jubilados, les dijo que «deberían agradecer que todavía siguen cobrando, ya que en Argentina a los pasivos ni siquiera les pagaban».
Estas manifestaciones a los pasivos a realizar una recolección de firmas con el propósito de dejar sin efecto la tercerización de los pagos y conseguir la libertad de opción.
Morales advirtió que los jubilados jamás dejarán de recibir la jubilación, porque es un derecho constitucional, afirmando que el Estado es el responsable de la seguridad social.
Ante el propósito del BPS de eliminar la libertad de cobro, la Coordinadora de Jubilados hizo un llamado a sus pares para realizar una serie de movilizaciones. Su vocero enfatizó que «es más cruel morirse de hambre que perder la vida por las inclemencias del tiempo», haciendo referencia a la urgencia de tomar una posición activa y combativa.
Convocó a negarse a firmar el documento que propone el BPS para elegir un nuevo local de cobro y, por el contrario, hizo un llamado a adherir al reclamo de no a la privatización.
Entre mañana y el 10 de julio en horas de la tarde, se recogerán firmas y distribuirán volantes en las sucursales del Banco República del Cerro, Colón, Unión y Paso Molino. En el primero de los barrios el próximo martes organizarán un acto.
Mientras tanto, también desde mañana y hasta el 17 de julio, se realizarán similares actividades en la sede central del BROU.
Incluso, la Coordinadora formuló un llamado de atención para todos los pasivos, cuando el Plenario del Parlamento trate el proyecto de ley. Es intención de los jubilados llenar las barras y congregarse ante el Palacio Legislativo. *
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