Rechazan que la reforma del bachillerato excluya a docentes

Desde que la Comisión de Transformación de la Educación Media Superior inició su trabajo para proyectar una reforma a nivel de bachillerato, los gremios docentes manifestaron su desacuerdo con la idea de instrumentar un nuevo plan sin evaluar previamente el plan 1996 que se aplica en el ciclo básico. Asimismo, cuestionaron el hecho que se contratara a técnicos para la instrumentación del proyecto educativo y no fueran las propias Asambleas Técnico Docentes (ATD) las que llevaran adelante este proceso.

También llamaron la atención sobre una reforma que seguiría las pautas marcadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador del nuevo plan.

A pesar de las diversas instancias de discusión convocadas por la comisión, los gremios de profesores continúan insistiendo en la «falta de una participación real» en el proceso de diseño de la reforma. Además, recientemente resolvieron no volver a participar de ninguna convocatoria de la comisión hasta tanto no se tomen en cuenta sus demandas.

LA REPUBLICA consultó a Daniel Martínez, coordinador de la comisión que analiza la reforma e integrante de la secretaría técnica, sobre estas críticas y el trabajo que lleva adelante este grupo.

Martínez consideró que la revisión previa del plan 1996 le corresponde a las autoridades del Codicen y no a la comisión.

Por otra parte, señaló que «no es cierto que no se esté dando participación. Se están llevando adelante todos los ámbitos de participación que nuestro legislación permite y aún más que en otros procesos de reforma».

Recordó que tanto el plan 1986 (el que rige actualmente a nivel de bachillerato) como el 1993 (microexperiencia) se aplicaron sin un proceso de consulta previa como en este caso.

Asimismo, dijo que «todas las reformas se hicieron con una comisión técnico-representativa, pero nunca fueron exclusivamente los docentes quienes las instrumentaron».

Según Martínez, la comisión que trabaja actualmente sigue esta pauta, cuenta con una serie de técnicos y con dos representantes de las ATD y de los directores.

«Para que sean sólo los docentes quienes instrumenten la reforma debería efectuarse un cambio en el marco legal. Una cosa es lo que se puede reivindicar desde el punto de vista gremial y otro lo se refiere al marco legal», manifestó.

«La educación media no tiene la total autonomía como lo tiene la Universidad de la República», reflexionó Martínez.

Destacó que este tipo de reivindicaciones «contaminan» el proceso de discusión, porque «resulta difícil» separar lo técnico de las reivindicaciones que muchas veces están más ligadas a problemas salariales y reclamos gremiales.

«Queremos que se discuta el aspecto técnico», señaló.

«Creo que es erróneo desaprovechar las instancias de participación con argumentos políticos gremiales, donde no hay una argumentación seria contra los documentos sobre los cuales viene trabajando la comisión. Eso impide el diálogo y la discusión», expresó.

«Luego, no pueden venir a decir que no fueron consultados», afirmó.

Por otra parte, señaló la diferencia entre Montevideo y el interior. Afirmó que en este último caso, los docentes participan de las instancias planteando sus discrepancias, pero al mismo tiempo con propuestas concretas.

Sobre el cuestionamiento que se ha formulado acerca de que la proyectada reforma estaría marcada por las imposiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Martínez explicó que el BID impone únicamente condiciones para la financiación del préstamo que no tienen que ver con condicionamientos de fondo que puedan afectar la sustancia del proceso de reforma.

«Lo que marca son metas a cumplir, pero no condiciones educativas ni filosóficas sobre como tiene que ser la reforma.

Podemos discutir si es bueno o no pedir financiación externa, pero no sobre el condicionamiento hacia la instrumentación de la reforma», resaltó. *