Pasividades congeladas

El gobierno se propone no cumplir con la promesa de mantener el aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) a los asalariados y pasivos de nuestro país hasta el 31 de diciembre de 2003, tal como se anunció cuando la norma fue votada. En efecto, el artículo Nº 152 de la Ley de Rendición de Cuentas que acaba de ingresar al Parlamento prevé extender la vigencia de este gravamen a trabajadores y pasivos por un tiempo no determinado.

Incluso, si actualmente se ajustaran las pasividades, el aumento que recibirían sería de 0%, ya que el Indice Medio de Salarios tuvo un saldo de (-1) en los últimos 4 meses.

En poco más de 30 días, el Poder Ejecutivo modificó la resolución de mantener la aplicación de los aumentos del IRP hasta fines del año próximo, cuando se manifestó que era la última medida que tomarían para abatir el déficit fiscal. En la propuesta incluida en la Rendición de Cuentas se establece que el gravamen a los asalariados y pasivos continuará indefinidamente, y sólo se quitará en forma gradual si se cumplen con las metas macroeconómicas.

El IRP aplicado a jubilados y trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión Social (BPS) recaudará U$S 130 millones anuales, afectando directamente los ingresos de 190 mil pasivos. En forma indirecta, la situación perjudica a 715.995 jubilados y pensionistas que cobran por el organismo estatal.

El director social del BPS, Ariel Ferrarim explicó que el artículo Nº 152 de la Rendición de Cuentas que establece la extensión del impuesto, «sigue manteniendo la injusticia entre la población, y tendrá mayor incidencia en las jubilaciones. Incluso, de aprobarse un ajuste, actualmente daría un aumento del 0%».

Las pasividades en nuestro país se ajustan a partir de la evolución del Indice Medio de Salarios (IMS), tomados desde su líquido y no el nominal. Actualmente, este indicador tiene un saldo negativo, provocado fundamentalmente por la aplicación desde el 1º de mayo del aumento del IRP.

A modo de ejemplo, la representación de los trabajadores ante el BPS señaló que en el primer trimestre de este año (enero-marzo) la evolución del IMS fue de 0,68%, en mayo llegó a un saldo negativo de -1,63% mientras que el acumulado de enero-mayo es de menos 1%. «En otras palabras, si el ajuste fuera ahora sería negativo», indicó Ferrari.

Según el jerarca, el gobierno está aplicando una política económica «errática», ya que revierte en 32 días la resolución de topear la aplicación de los impuestos a los sueldos y en 6 meses introduce y quita las mismas leyes, «lo que demuestra que no es una buena administración».

Ferrari recordó la eliminación del artículo Nº 8 del mensaje de ajuste fiscal relativo al aumento de las pasividades. En el mismo, se otorgaba una mejora del 2% en las jubilaciones a partir del 1º de enero del 2003, en compensación por el aumento del IRP y su incidencia indirecta en jubilados y pensionistas.

En enero, los jubilados recibirán un ajuste de pasividades teniendo en cuenta el crecimiento del Indice Medio de Salarios (IMS), que podría ser negativo.

En esta Rendición de Cuentas, el gobierno plantea en temas de seguridad social, rebajar a 65 años la edad de retiro obligatorio para los funcionarios públicos e imponer incentivos para el cese de la actividad entre 60 a 64 años, mediante la entrega de un «subsidio de inactividad compensada», donde se otorgará con un máximo de 70% y un mínimo de 66% de las retribuciones percibidas.

Para la representación de los trabajadores, este «sistema no mejora desde el punto de vista del resultado de la jubilación».

Asimismo, el artículo Nº 163 del texto a consideración del Parlamento, consagra la exigencia de cotización efectiva para todos los trabajadores, cuando actualmente sólo se exige para los cuentapropistas.

En tal sentido, la ley hace responsable al trabajador por la no aportación de la empresa. Más allá que el asalariado cumpla con sus obligaciones, si la patronal no vuelca mensualmente los aportes el trabajador se queda inmediatamente sin los beneficios sociales, como las asignaciones familiares, cuota mutual, seguro de paro o enfermedad o licencia por maternidad.

Otra incidencia negativa para los trabajadores contenida en el mensaje gubernamental son las modificaciones a la notificación de la Historia Laboral del BPS.

El artículo Nº 161 establece que el BPS «podrá emplazar públicamente a los trabajadores para que comparezcan a notificarse en un plazo no menor a los 90 días a partir de la convocatoria y vencido dicho plazo, se considerará cumplida la notificación a todos los efectos legales».

Según Ferrari, si prospera este artículo, se rebajarían las garantías de la notificación a los trabajadores. El asalariado será notificado por emplazamiento público a presentarse ante el BPS para ratificar la historia laboral, pero mucha gente que reside en el campo, que no se informó de la medida o no interpretó el contenido del mensaje, no concurrirá ante el organismo previsional.

Más información en las páginas 6, 7 y 8, donde se publica un documento íntegro del Equipo de Representantes de los Trabajadores ante el Banco de Previsión Social. *