Penalización de la conexión ilegal a la TV cable generó polémica parlamentaria

La Cámara de Representantes no aprobó aún el proyecto de ley de penalización por el uso indebido de señales televisivas que ayer se encontraba en el primer punto del orden de día. La discusión de la iniciativa en la rama baja continuará la semana próxima, ya que en la jornada de ayer se llegó al levantamiento de la sesión cuando todavía había legisladores anotados para hacer uso de la palabra.

El proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se compone de cinco artículos, establece que quien capte señales transmitidas por cualquier medio para beneficio propio o de un tercero será castigado con una multa de «80 o 800 Unidades Reajustables o prisión equivalente».

Las penas de tales delitos serán aumentadas de «un tercio a la mitad si las conductas se realizaren mediante la producción de un daño en la red, una interrupción del servicio o cuando el agente reviste la calidad de empleado de la empresa permisaria».

Asimismo, se establece que el fabricante, importador o vendedor de decodificadores u otros elementos será castigado con «una pena de tres a veinticuatro meses de prisión, sin perjuicio de lo cual el juez actuante podrá disponer el decomiso de los objetos empleados».

El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) señaló que el EP-FA «está de acuerdo en que cuando se presta un servicio el mismo debe ser cobrado, pero sucede que se ha creado un delito con una rigurosidad tremenda y los efectos de ese delito son absolutamente crueles». Incluso, puede procederse al «retiro del aparato de televisor de la persona que comete la infracción, con lo que la rigurosidad de la pena está muy desproporcionada por lo que el proyecto no se puede votar así como está redactado».

Por su parte, el diputado Jorge Barrera (Batllismo-Lista 15) sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo «consagra que no es lo mismo vivir bajo el amparo de la ley que vivir en la ilegalidad».

«El régimen de suscripción a la televisión por abonado implica que hay un usuario que paga por un servicio y que debe exigir buena calidad en cuanto a la emisión y, por tanto, con este uso indebido de las señales se está alterando la calidad de la imagen y sonido emitidas», añadió el legislador oficialista. Según el parlamentario la iniciativa «tiende a defender al usuario y los derechos del consumidor, con lo que se pretende penalizar el uso clandestino que se hace de determinada señal».

El diputado Alberto Scavarelli (Foro Batllista) entendió que «si el Uruguay tiene tipificado el hurto del agua potable y de la energía eléctrica, que son servicios esenciales, también debe tipificar la apropiación de señales televisivas por abonados».

No obstante, el legislador del Foro Batllista consideró que «la normativa podría haber sido más afinada en su redacción, pero que de todas formas está de acuerdo en que la bajada ilegítima de la señal es una situación de injusticia absoluta para quien está pagando por ese mismo servicio y no tanto para quien lo provee».

«No creo en la tesis del perjuicio a la empresa como fundamento para el delito o para la acción por cuanto no creo que deba ser medido en función de lo que perjudica a la empresa que emite», puntualizó Scavarelli.

Entretanto, el diputado herrerista, Gustavo Borsari recordó que el EP-FA acompañó el proyecto de ley en el Senado, donde fue aprobado por unanimidad, por lo cual argumentó que «la iniciativa no debe ser tan mala como lo han dicho algunos legisladores de la coalición de izquierda». Ante tal afirmación, el diputado socialista Guillermo Chifflet respondió que «lo grave es cuando no se rectifican los errores con argumentos». *