Estado podría ahorrar U$S 30 millones si utiliza código libre de computación

La reducción de gastos en el Estado a través de la utilización obligatoria de programas no sujetos a derechos marcarios para toda la Administración Central, «es una decisión que puede tomar el gobierno uruguayo», permitiendo generar puestos de trabajo para instalar los nuevos programas y un ahorro de U$S 30 millones, aseguró el empresario del área de la computación Félix Obes. Obes señaló que «en Perú, el Parlamento tomó la iniciativa y consideró una ley para que el Ejecutivo obligara a toda la administración central de ese país a utilizar software libre, el que es necesariamente gratis».

El desarrollo de esta modalidad de aplicación de programas de computación «no depende de empresas multinacionales de la computación y el costo para el Estado es sensiblemente menor al que se paga actualmente por utilizar programas con derechos marcarios, como los de Microsoft. Esta empresa cuando fue enterada de la iniciativa de utilizar programas de código libre en el Perú, envío una nota al parlamentario que presentó el proyecto, alertándolo de las consecuencias.

El doctor Edgar David Villanueva Núñez, legislador del parlamento peruano, recibió las quejas de la representación de la multinacional, con argumentos similares a los que en Uruguay esgrime la Cámara del Software (BSA)», recordó Félix Obes.

El parlamentario incaico aludido por el empresario Obes, señaló a Microsoft, que «lo que usted llama software de código abierto, es lo que mi proyecto define como software libre, puesto que existe un software cuyo código es distribuido junto con los programas. Sin embargo, no encaja en la definición establecida en el proyecto de ley que he presentado.

En relación al denominado software comercial, Villanueva Núñez es lo que el proyecto define como «propietario» o «no libre», puesto que existe software libre que se comercializa en el mercado, por un precio como cualquier otro bien o servicio. También es preciso dejar en claro que el propósito del proyecto al que nos referimos, no está directamente relacionado con la cantidad de ahorro directo que pueda obtenerse por el empleo de software libre en las instituciones estatales.

Este es, en todo caso, un valor agregado marginal, pero de ninguna manera el foco u objetivo de mi proyecto. Los principios elementales que animan al proyecto se vinculan a las garantías básicas que un estado de derecho debe y puede ofrecer a sus ciudadanos, como el libre acceso a la información pública, perennidad de los datos públicos, seguridad del Estado y de los ciudadanos».

Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor.

El uso de formatos abiertos permite garantizar el libre acceso, logrando, si fuera necesario, la creación de software libre compatible.

Asimismo, para garantizar la perennidad de los datos públicos es indispensable que la utilización y/o el mantenimiento no dependa del proveedor del software o de las condiciones monopólicas de hecho o derecho que acepten los clientes de un mercado determinado.

La decisión de utilizar estos programas de código libre y la promoción de la evolución de estos sistemas debe ser garantizada por la disponibilidad del código fuente.

El control a distancia y/o la transmisión no deseada de información a terceros, que posean los derechos exclusivos sobre programas utilizados por un Estado, incluidos los sistemas de computación de la inteligencia militar y/o policial, seguridad social, entes autónomos o cualquier otra dependencia estatal es técnicamente posible.

La propuesta del congresista peruano aporta un mayor índice de seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con «código espía» que se utilizan en el Estado, sin que los jerarcas que aprobaron la compra lo sepan. Perú, México y otros países de Europa, Asia y África, por motivos de costo y soberanía, están desafiando a las cámaras del software locales y tomando la decisión de utilizar en el Estado programas de código libre.

En Uruguay, la BSA tiene como cometido detectar, confirmar y enjuiciar a toda aquella persona o institución incluyendo a las del Estado que utilicen copias de software no autorizado o que esté siendo utilizado sin pagar los derechos correspondientes a la empresa productora.

En cambio, el llamado software libre no pagaría ni por tener ni por no tener esos derechos. Nuevas sanciones para los infractores a las normas están contenidas en proyectos a consideración del parlamento.

Ahorro y puestos de trabajo

Unos U$S 30 millones y nuevos puestos de trabajo en toda la Administración Central, Intendencias y Entes Autónomos serían los dos beneficios directos de la utilización de programas de código libre por parte del Estado.

Todas las maquinas que actualmente se utilizan en la administración del Estado están cargadas con sistemas que pagan derechos a la marca de origen, a razón de U$S 200 por equipo – sistema operativo windows- más software elemental y antivirus.

La supresión gradual de estos programas y la sustitución por otros de código libre «generaría un ahorro de U$S 10 millones por pago de derechos», aseguró Obes. Añadió que «la mitad de esas maquinas utiliza también suite office de U$S 400 por máquina. Ello sumaría otros U$S 10 millones, sin tener aún en cuenta el software de gestión, de diseño, de comunicaciones y de seguridad.

Los U$S 10 millones restantes son los que paga el Estado uruguayo por juicios, cuando, se detecta el uso ilegal de equipos. *