El gobierno suspendió subsidio a las instituciones que atienden discapacitados

Existe temor de que en la próxima Rendición de Cuentas se proponga la elminación de esta prestación, lo que provocaría el cierre de muchas de estas instituciones y perjudicaría a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Se presume que se trata de una retención de dinero hasta ver cuál será el comportamiento del dólar.

Ante esta situación, la diputada nacionalista Beatriz Argimón se contactará con el ministro Alberto Bensión, para interiorizarse sobre la situación de esta prestación.

Nuevamente, los organismos que se dedican a la ayuda de la discapacidad son afectados por resoluciones del gobierno.

A principio del presente año, el Banco de Previsión Social (BPS), por una orden gerencial, decidió suspender el aporte especial para estas instituciones.

Tras la presión de los afectados (instituciones y discapacitados), incluida una manifestación, el Directorio del organismo llegó a una solución que afectaba a centenares de uruguayos, la gran mayoría de ellos discapacitados.

Esta vez, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no pagó las subvenciones especiales a 35 instituciones que prestan diversos servicios sociales, entre ellos a discapacitados, correspondientes al mes de mayo. Incuso, existe un decreto presidencial para recortar estas partidas, cuyo porcentaje variaría, de acuerdo con el monto de la subvención recibida.

La legisladora Argimón recibió una delegación de estas instituciones preocupadas por la situación, ante lo cual en la presente jornada se contactará con la cartera de Economía para di’lucidar el problema. «Lógicamente –expresó la diputada– todo está muy conmocionado, y se está esperando la estabilización. De cualquier manera, haremos una consulta en un tema que preocupa, más en tiempos de crisis, cuando se produce un aumento en la demanda social».

En muchos de los casos, este aporte del Estado corresponde al 50% del presupuesto de estos proyectos y, en caso de eliminarse, difícilmente el servicio pueda prestarse.

Este subsidio está estipulado en el artículo Nº 86 de la ley presupuestal nº 16.002 del 25 de noviembre del año 1998, y no fue cuestionado hasta el presente año.

Los encargados de estas instituciones, preocupados por el no pago de esta subvención, obtuvieron una respuesta extraoficial de que la partida iba a sufrir un recorte de un 30%.

Otra versión se relaciona con la votación en la Rendición de Cuentas, trascendiendo que se podría proponer la eliminación de esta prestación.

Sin embargo, hasta el momento, lo concreto es que el Ministerio de Economía aún no pagó la partida a estas instituciones.

Las organizaciones no gubernamentales procurarán tomar contacto con el ministro Alberto Bensión, a fin de lograr el cobro de esta prestación y plantear al jerarca la necesidad de continuar prestando este servicio a los discapacitados, para lo cual es fundamental contar con la subvención especial que desde 1998 se entregó sin interrupciones.

La maestra especializada en discapacitados, Roide de los Santos, presidenta de (Acridu) Acción Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay, explicó a LA REPUBLICA que por un decreto presidencial de marzo de este año, está previsto un descuento en el monto de las subvenciones que la cartera de Economía otorga a estas instituciones. Todavía las ONG desconocen cuál será el recorte que aplicará el gobierno, ya que existe una orden de no pagar.

«Nunca nos avisaron nada sobre el decreto presidencial», explicó De los Santos, quien manifestó que no tener certeza si se trata de una suspensión temporaria o que el subsidio será suprimido.

Informó que son 14 las instituciones que reciben este aporte especial, entre las que se encuentran Acridu, Plenario Nacional del Discapacitado (Plenadi), la Escuela Horizonte, el Centro Educativo para Autistas de Salto, la Asociación Uruguaya Catalana, además de Cruz Roja y el Museo Oceanográfico. En el caso de Acridu, recibe $ 35 mil de la cartera de Economía, lo cual se utiliza para el transporte de los discapacitados a través de una camioneta especial y el sueldo a los docentes que participan de un centro de rehabilitación.

Generalmente, el servicio de transporte está destinado a discapacitados que no pudieron adquirir una locomoción exonerada de impuestos y, por lo tanto, tampoco pueden movilizarse en ómnibus ni taxis, ya que éstos no están adaptados para que puedan viajar estos impedidos.

Serían unos 800 los discapacitados que pueden hacer uso de esta locomoción, pero hasta el momento un 10% de los mismos ufructúa este servicio.

Según De los Santos, ningún organismo del Estado cubre estas necesidades. Por lo tanto, «si existiera transporte público adaptado y enseñanza pública media especial, Acridu sería una opción y no una necesidad para las personas con discapacidad». *