El 40% de los niños golpeados en el hogar son menores de un año

En el ámbito de los conflictos familiares se detectaron perversas situaciones de violencia entre parejas separadas durante las visitas a los hijos autorizadas por la Justicia. Incluso, la mala redacción de una ley provoca escasos procesamientos por el delito de violencia doméstica. Este comportamiento es catalogado como pandemia para nuestra sociedad.

El Ministerio del Interior con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) se encuentra implementando el Programa de Seguridad Ciudadana, que tiene entre sus objetivos principales prevenir y tratar la violencia interpersonal.

Con la finalidad de disminuir los índices de violencia doméstica se consideró de vital importancia trabajar en forma coordinada con la Universidad de la República, con el propósito de implementar cursos de nivel terciario en Violencia Familiar.

Ello dio lugar a la firma de un convenio entre el Rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga, los decanos de las facultades de Ciencias Sociales, Jorge Landinelli; Derecho, Teresa Gnazzo; Medicina, Luis Calegari; Psicología, Víctor Giorgi; y el propio ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Como producto de dicho convenio se acordó la edición de la publicación «Violencia Familiar» que recoge lo medular de una serie de ponencias de docentes, con la intención de aunar un enfoque interdisciplinario en el tratamiento de esta temática. El trabajo fue presentado ayer, en un acto que contó con la presencia de las jerarquías del Programa de Seguridad Ciudadana.

La licenciada Laura Romero explicó en su trabajo que la violencia es un proceso y no un hecho aislado. Afirmó que la familia, «grupo natural de pertenencia de todos los individuos por nacimiento y no por elección, también define las reglas que la sostienen y le dan coherencia».

Definen la violencia

La técnica determinó la violencia en la vida cotidiana cuando se producen situaciones en las que alguien se ubica en relación a otro, en el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento. Esta exigencia –sostuvo Romero– se manifiesta en el espacio relacional entre dos personas en términos de suavidad o brusquedad, así como de coacción o de seducción.

La técnica afirmó que existen tres tipos de relaciones familiares: la de poder ser (libremente), la de tener permiso de ser (condicionado al rol adjudicado) y la de estar obligado a ser, en la que no se puede ser uno mismo.

En esta última situación se manifiesta a través de una tendencia a vivir dentro de una relación de fusión y apego o por el contrario de gran distancia afectiva. En ambos casos, tienen en común la dificultad entre las partes para manejar el acercamiento/separación.

Incluso en la comunicación existen dos tipos de violencia, una en el decir y otra en el recibir. Ambas actúan como indicadores de una pauta o patrón comunicacional.

«Vos no pensás eso», «vos no sentís eso», son afirmaciones que tienden a descalificar al otro. Otro ejemplo de violencia comunicativa es la de introducir significados como: «Decís eso por que sos egoísta», «hacés eso para asustarme».

Por otra parte, enfatizó que al ser receptor de la comunicación también se suele ser violento, descalificando el proceso de producción del otro. Afirmar «no me importa lo que digas» o irse del lugar cuando el otro está hablando, también forman partes de conductas agresivas.

La doctora Mariana Malet, en su estudio sobre la violencia intrafamiliar desde el punto de vista del Código Penal, señaló que un porcentaje muy alto de acciones delictivas no llega al sistema penal. Explicó que este hecho es denominado como «cifra oscura» de la criminalidad, donde aparece un sistema selectivo mediante la aplicación de filtros. El juez no recibe por parte de la Policía toda la información de lo sucedido, a veces por entender que el hecho carece de importancia.

Por su parte, la doctora Mérida Bonino afirmó que la violencia intrafamiliar es una pandemia para nuestra sociedad. «Involucra a todos, los que la visualizan o no, porque compromete la calidad de vida, así como el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos que habitan nuestro país», sostuvo la profesional, por lo cual consideró imperioso actualizar a los operadores de derecho en la detección del fenómeno.

Propuso que la Facultad de Derecho y en particular aquellas materias prácticas como técnica forense, deberían ofrecer las herramientas que puedan adiestrar en la percepción del caso puntual antes de que sea tarde y quede institucionalizado en el sistema de justicia.

Cuestionó el rol que cumplen los medios de comunicación en la reproducción de violencia doméstica, ya que, a su entender, refuerzan los mitos y creencias. Puso como ejemplo la publicidad de alimentos que identifican a la mujer exclusivamente en el rol de esposa y ama de casa. «Siempre se refuerza el mito de la mujer complaciente y hogareña», aclaró la profesional.

Denuncian las casadas

Ana Mosquera, defensora de oficio de familia y menores, explicó que las defensorías se convirtieron en un lugar privilegiado en relación a la cantidad de casos que se atienden y a la frecuencia con que aparece el problema de la violencia.

En el año 2001, fueron atendidos en estas dependencias del Poder Judicial unos 35.000 uruguayos. Se presta una asistencia letrada gratuita a todos los habitantes del país cuyos ingresos no superan los $ 7.000 mensuales.

La defensora de oficio explicó que según las últimas disposiciones de la Suprema Corte de Justicia, aumentaron los topes de ingresos para los destinatarios del servicio público. Sentenció que la violencia familiar atraviesa todos los sectores de la sociedad, aunque se hace más visible en aquellas personas que más padecen de la crisis económica.

Tomando como referencia el servicio prestado por estas dependencias, se advierte que el pedido de ayuda frente a situaciones de violencia se asocia con la residencia en zonas urbanas, que tiene mayor información acerca de los valores sociales probatorios del maltrato.

Mosquera indicó que el mayor porcentaje de denuncias corresponde a mujeres casadas, de lo que se infiere que estas víctimas se sienten más amparadas en sus reclamos por la legitimidad del vínculo. Aclaró que la subsistencia de prejuicios sociales en relación al «status» de no casada, explicaría por qué las mujeres que viven en concubinato no se animen a exteriorizar sus dramas cotidianos.

Manifestó una correspondencia entre el aislamiento y la perpetuación del fenómeno violento. «Cuanto mayor contacto se tiene con la ideología de la igualdad, mayor desnaturalización habrá de la violencia». Por el contrario, a mayor aislamiento, hay menor posibilidad de ruptura con ideologías tradicionales familiares.

En cuanto al funcionamiento de la defensoría de oficio, generalmente las denuncias suelen referirse a delitos como lesiones graves o gravísimas. Cuando se tratan de menores, suelen denunciarse delitos contra la libertad sexual (violación, atentado violento al pudor, ultraje público al pudor y las formas amplificadas del tipo delictivo).

A la sede penal llegan con más frecuencia las clases menos privilegiadas económicamente. En las clases media y alta, rara vez se llega a la denuncia penal y se manejan soluciones que hagan menos visible la situación familiar.

Derecho procesal para familia

En el año 2000, las Defensorías de Oficio de Familia y Menores atendieron por consultas a 35.000 personas, mientras que los abogados que trabajan en los 28 juzgados letrados de familia tramitaron 752 divorcios, 811 juicio de alimentos, 130 regímenes de visitas, 360
ratificaciones de tenencia, 267 investigaciones de paternidad, 13 pérdidas de patria potestad, 492 incapacidades y 417 convenios.

Mosquera indicó que la mayoría de las consultas no aparecen como una demanda explícita de violencia, por lo cual el número debería ser mayor teniendo en cuenta que los datos aportados sólo se refieren a casos presentados ante el Poder Judicial.

Con respecto a los divorcios, el alto porcentaje de juicios iniciados es por la causal de riñas y disputas, pudiéndose comprobar que las mismas son «graves y continuas y hacen imposible la vida en común».

Según explicó la defensora de oficio, en los divorcios por separación voluntaria e ininterrumpida por más de 3 años, existe un acuerdo tácito de no expresar las verdadera causa de ruptura. Enfatizó que, generalmente, toda la violencia acumulada en el curso de la relación se hace visible en la visita de los niños.

La profesional explicó que estos casos pueden derivar en situaciones perversas y poco sanas para los menores que quedan atrapados en ellas.

Los juicios por pensiones alimenticias también pueden reflejar las consecuencias de una violencia económica, que se visualiza tanto en las clases altas como en las bajas, con mayor agudeza en estas últimas. «Muchas veces las pensiones alimenticias se resuelven con el pago del alquiler o la cuota de la vivienda de los hijos menores», señaló la profesional.

Sin embargo, son escasos los procesamientos por el delito de violencia doméstica debido a una defectuosa redacción del artículo que aparece legislado en la ley de emergencia llamada de «seguridad ciudadana», que fue aprobada en el año 1995. Sus efectos son, en general, poco alentadores y no aseguran el cese del maltrato. «Por el contrario, la víctima de violencia suele esperar muy angustiosamente la vuelta al hogar del maltratador después de su procesamiento y prisión», denunció Mosquera. Ante esta realidad, propuso elaborar un derecho procesal para la familia, así como existen juzgados letrados de Familia y tribunales especializados.

Menores de 3 años más maltratados

La doctora Laura Viola expresó en su ponencia que la frecuencia de presencia de malos tratos en niños aún es abrumadoramente alta: 15 niños de cada 1.000 la sufren, es decir, uno de cada 60 niños.

Explicó que en nuestro país, la ausencia de un registro único genera cifras totales no confiables, pero la magnitud del fenómeno puede ser evaluada por el registro de los niños internados.

Se sospechó abuso en 90 niños, que representan el 1,5% de todas las internaciones pediátricas. Aclaró que cuando un hombre agrede a su pareja, en un 35% de los casos también agrede a sus hijos, y estos porcentajes aumentan en los niveles sociales medios y bajos.

Otro estudio realizado en el Pereira Rossell observó que la mayoría de los maltratos físicos ocurre en niños menores de 3 años y en el 40% en niños menores de 1 año, con un ligero predominio en varones. En el caso del abuso sexual, se verificó que el 89% es domiciliario.

La edad promedio de maltrato infantil, incluyendo todas sus formas, se estima en 7 años.

Según un estudio elaborado en Estados Unidos, el 40% de las parejas violentas se habría separado y un 40% habría reducido reducido significativamente su violencia. *