Organización de pasivos propondrá que la jubilaciones crezcan con la inflación

El Indice Medio de Salarios (IMS), que actualmente se toma como parámetro para determinar los ajustes jubilatorios, está evolucionando actualmente en forma negativa. Este año, esta situación motivará una pérdida en el poder adquisitivo de los pasivos que cobran en el Banco de Previsión Social, de alrededor de U$S 90 millones.

Se estima que en el mes de agosto, las organizaciones de jubilados de todo el país iniciarán una campaña de recolección de firmas, con el apoyo del PIT-CNT, La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y el grupo de Convergencia Nacional, a fin de llevar a plebiscito una serie de modificaciones de la Constitución.

Las propuestas tienen el propósito de elevar los ingresos de los pasivos y mejorar el funcionamiento del Banco de Previsión Social (BPS). Esta iniciativa se votaría conjuntamente con las elecciones nacionales, cuya primera ronda está prevista para octubre de 2004.

Entre los proyectos que serán analizadas durante los meses de junio, julio y agosto por las regionales de la Onajpu, se analiza otorgar facultades al Poder Legislativo para presentar iniciativas relacionadas con la Seguridad Social, ya que, actualmente, esta potestad es privativa del Poder Ejecutivo.

Sólo un director político

Asimismo, se propone reducir el número de integrantes en el Directorio del BPS, determinando 3 cargos para los representantes sociales y uno para la clase política, que actuaría de presidente. Actualmente, los directores del organismo previsional son siete, cuatro de los cuales son designados por el poder político y los tres restantes por trabajadores activos, pasivos y empresarios.

Otra preocupación de estos sectores es el cada vez más reducido monto de las pasividades, cuya caída está relacionada directamente con la baja de los salarios.

En caso de obtenerse 250 mil firmas, las organizaciones que nuclean a jubilados y pensionistas impulsarán, a través de una consulta plebiscitaria, que la periodicidad de los aumentos se establezcan constitucionalmente «y no en forma arbitraria». En esa hipótesis, el criterio que prevalecería entre los promotores de la reforma es que las pasividades de ajustes se apliquen en función de la variable que más favorezca a los pasivos.

Seguramente, se propondrá que el monto de las jubilaciones se modifique según la evolución del Indice de Precios al Consumo, que es el término técnico que define a la inflación.

El presidente de Onajpu, Humberto Rodríguez, explicó a LA REPUBLICA que en la reforma constitucional de 1989, en su artículo Nº 67, se establece que las pasividades se ajustaban teniendo en cuenta el IMS (Indice Medio de Salarios). En su momento, este criterio fue favorable para la masa de jubilados y pensionistas, que lograron recuperar en parte el poder adquisitivo perdido durante el período del «pachecato» y la «dictadura militar».

El representante de los jubilados reflexionó que esta situación cambió sustancialente con la social y el aumento del desempleo, que derivó en la desaparición de miles de fuentes particularmente en el sector industrial y el aumento de los niveles de evasión impositiva, tanto en el sector público como en el privado.

A consecuencia de este cambio cualitativo desfavorable a los sectores de ingresos fijos, la lucha sindical se centró más en la preservación de la fuente de trabajo que en la defensa del salario digno. Ello produjo una importante caída del monto de las retribuciones, lo que incidió directamente en las pasividades.

«Hoy en día, el IMS no significa una medida de protección para las jubilaciones, y tanto como la Unidad Reajustable (UR) tienen un signo negativo», señaló Rodríguez.

Tanto influyó negativamente esta evolución desfavorable del salario, que los pasivos perdieron unos U$S 41 millones del poder adquisitivo en 2001. Además, de mantenerse la actual proyección, este año la caída será superior a los U$S 90 millones.

El actual IPC se encuentra en el orden del 4,8%, mientras que el reajuste anual de los pasivos fue del 3,6%.

«Estamos volviendo nuevamente a la época del «pachecato» y de la dictadura donde se pasaba miserias», sostuvo Rodríguez.

Ante esta situación, el Consejo Directivo Nacional de Onajpu resolvió impulsar una reforma constitucional desde los propios jubilados, pero también con el apoyo del PIT- CNT. La intención es establecer determinadas normas constitucionales que impidan después, por mayorías parlamentarias circunstanciales, que se pueda modificar el compromiso asumido y se pueda escamotear las conquistas de los pasivos.

Las organizaciones de jubilados procurarán recolectar 250 mil firmas correspondientes al 10% del padrón electoral.

El objetivo de reducir el número de directores del BPS de 7 a 4, es achicar los gastos en sueldos elevados y evitar que el organismo previsional funcione con un criterio político y clientelista.

Se pretende mejorar el accionar del ente, desde el punto de vista racional y técnico. Rodríguez consideró que no pueden repetir situaciones como la reingeniería de informática, que a juicio del dirigente costó a los uruguayos unos U$S 50 millones y provocó un atraso de 8 meses para obtener la jubilación.

Otra propuesta de los pasivos es recuperar para el Poder Legislativo la potestad de iniciativa en temas de seguridad social, materia sobre la cual hoy el Parlamento sólo puede opinar.

Este paquete de propuestas ya fue enviado a las cinco regionales de la Onajpu, que discutirán cada una los contenidos de las mismas. Posteriormente, en el Congreso Nacional previsto para el mes de agosto, se aprobaría la recolección de firmas a nivel nacional. *