Plomo, residuos y calidad del agua en la mira de los ambientalistas
Un informe realizado por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), Ceuta, Vida Silvestre y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, analiza la situación ambiental del Uruguay en el último año y como conclusión señalan que es peor que el año pasado.
Por su parte el Director Nacional de Medio Ambiente, Antonio Chiesa, dijo a LA REPUBLICA que si bien «quedan cosas por hacer, hay que recodar que nuestro país ocupa el sexto puesto a nivel mundial en lo que respecta a su calidad ambiental», según un informe elaborado por universidades norteamericanas que tomó en cuenta veinte parámetros para medir la contaminación.
Areas protegidas
En lo que respecta a las áreas protegidas y a la biodiversidad, se destaca el proyecto de construcción de una represa en el arroyo Mandiyú de Artigas.
El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), autorizó la instalación de la represa por parte de un particular para expandir la producción arrocera y forestal.
El informe recuerda que para llevar adelante este emprendimiento se deberán talar 120 hectáreas de monte indígena ribereño lo que tendrá su impacto en la fauna y flora. La autorización de este proyecto está doblemente cuestionada, tanto por sus consecuencias ecológicas como por el proceso de aprobación.
El pedido inicial presentado ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) fue rechazado por los técnicos, pero autorizado por el ministro de aquel entonces Luis Brezzo. Posteriormente el trámite siguió a nivel del Mvotma en donde se evitaron los informes técnicos y las audiencias públicas para ser habilitado.
En lo que respecta a la protección de áreas naturales, el estudio de los ambientalistas destaca como «buena noticia» la declaración de «reserva departamental» a la zona de la cuenca superior del arroyo Lunarejo por parte de la Intendencia de Rivera.
Sin embargo el informe sostiene que la situación en otras áreas sigue presentando problemas como los bañados de Farrapos y el Potrero del Burro (Río Negro) donde no se ha logrado avanzar con medidas de conservación concretas. Otro caso que preocupa es el de los humedales del río Santa Lucía, que constituyen posiblemente el último bañado salino del país, con fauna y flora propias. Si bien la Intendencia de Montevideo los declaró como área protegida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, continúa el vertido de basura en el predio, el ingreso no controlado de personas y la caza.
Chiesa desde la Dinama, destacó que el proyecto de las áreas protegidas será prioritario en el correr de este año.
Plomo
La contaminación con plomo aparece como uno de los problemas ambientales que más preocupación causó en la población.
El año pasado se detectó que el 65% de 2.700 residentes de La Teja, en su mayoría niños, tienen índices elevados de plomo en la sangre superiores a los normales. En este tema trabajaron en conjunto los ministerios de Salud y Medio Ambiente así como la Intendencia de Montevideo.
Los vecinos de la Teja reclamaron soluciones urgentes y poco tiempo después presentaron una acción de amparo ante el Fiscal de la Nación por considerar que las autoridades no habían tomado las medidas necesarias.
Se creó entonces una comisión multisectorial, «pero su acción fue lenta y dificultosa», según los vecinos que integraban ese grupo de trabajo que luego abandonaron en reclamo de soluciones concretas. «Los planes de relocalización avanzan lentamente y aún no están claras las soluciones para remediar los terrenos contaminados», sostiene el informe.
En este contexto el Mvotma y la Universidad de la República firmarán hoy un convenio para estudiar las posibles soluciones que puede tener ese terreno.
Por otra parte Chiesa destacó que se firmó un convenio con la Facultad de Medicina y el Instituto de Higiene para promover el asesoramiento de los efectos de la contaminación en la salud.
Agua cuestionada
El agua es otro de los temas preocupantes. Recientemente la calidad de este elemento vital fue puesto en cuestión a raíz de la polémica entablada entre Uragua y OSE. El ente estatal alertó en enero pasado que el agua de Maldonado, suministrada por Uragua, no se encontraba en condiciones de potabilidad. Por su parte la empresa privada denunció que las muestras anuales aceptables de OSE para esa zona no superaban el 75% cuando el límite internacional es de 90%. «El hecho ha dejado planteada la pregunta si poseemos mecanismos rigurosos para verificar la calidad del agua y que sean independientes tanto del poder político como empresarial», expresa el informe de los ambientalistas.
El director de Medio Ambiente destacó respecto a la preservación de los recursos hídricos, la firma de un convenio para trabajar sobre la contaminación del Río Negro y del Río de la Plata.
Por otra parte recordó el control continuo que se realiza al vertido de efluentes industriales que más de una vez costó sanciones a alguna empresa.
Residuos
El manejo de residuos peligrosos, como los hospitalarios, concitó la atención pública ante el caso de la empresa Trenal SA establecida en Salto, que llevó a la renuncia del subsecretario del Mvotma, Ricardo Gorosito, y a debates en el Parlamento. Se realizaron numerosas acusaciones sobre la forma inadecuada de funcionamiento de esta usina que finalmente resultó clausurada por el ministro Carlos Cat.
La situación derivó en acciones de la Justicia y parlamentarias en donde se denunció que Trenal había manipulado desperdicios de barcos del Puerto de Montevideo, lo que evidenció que este tipo de desechos eran procesados por empresas privadas sin el adecuado seguimiento. Con respecto a los residuos hospitalarios, Antonio Chiesa (Dinama) dijo que se ha realizado un listado de las instituciones que deben contar con un plan de manejo de este tipo de desperdicios que debe obtener la aprobación ministerial.
Según Chiesa la mayoría de estas instituciones cuenta con un manejo adecuado. Actualmente funcionan dos plantas: una en Paysandú y otra en Maldonado.
En cuanto a los residuos urbanos, el informe de las ONG señala que la disposición de la basura en las ciudades «se considera un problema mayor». Las organizaciones reconocen que los basurales se deben, en parte, a la despreocupación ciudadana, pero también a la falta de actividades sociales para mejorar el medio ambiente. *
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