
La “gauchada” la solicitó el director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, que calificó el trámite como “normal”, para solucionar un caso de urgencia, al gerente de Prestaciones Sociales, Gastón Inda, el que accedió al pedido sin comunicarlo al Directorio.
Según reconoció el propio Inda en el informe que elaboró a pedido del Directorio, existen otras viviendas que fueron otorgadas en préstamo a personas que no cumplen con las exigencias para ser beneficiarios del programa de viviendas para jubilados, es decir percibir una pasividad inferior a las 12 Unidades Reajustables (unos $ 2.500).
De acuerdo a lo comunicado por el gerente de Prestaciones Sociales a la cúpula del BPS, el préstamo para vivienda se efectuó bajo la modalidad de colaboración con otros organismos de Estado. Incluso, el propio director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, consultado por LA REPUBLICA, explicó que estas solicitudes son de trámite normal entre los diferentes organismos y concretamente esta cartera de Estado suele pedir, para casos de emergencia, viviendas en préstamo al Banco Hipotecario y al BPS. El jerarca del Mvotma informó que solicitó una vivienda en préstamo por un determinado plazo en calidad de urgente y se comprometió a devolverla. El pedido se hizo debido al escaso stock de casas que dispone el ministerio, a raÃz de que varias unidades fueron utilizadas para solucionar la situación de las familias con plombemia. Descartó que se trate de clientelismo polÃtico, ya que se trató de solucionar un caso de urgencia. Confirmó que el inmueble será devuelto al BPS.
Por otra parte, LA REPUBLICA pudo saber, a través de fuentes cercanas al propio Inda, que la entrega irregular de viviendas es una práctica más habitual de lo que se supone. “En uno de los casos se dio una vivienda en préstamo a un coracero”, sostuvo el vocero.
Tras la denuncia efectuada por los directores en representación de los jubilados y de los trabajadores, Arturo Fernández y Ariel Ferrari, el Directorio le solicitó al gerente un informe sobre lo sucedido y tras analizar el caso, por mayorÃa de sus integrantes, resolvió aprobar lo actuado por el jerarca y considerar satisfactorias sus explicaciones, ya que entiende que se benefició a una persona en situación de emergencia.
Los directores denunciantes plantearon a sus pares iniciar una auditorÃa interna para esclarecer el tema y conocer cómo se maneja ese servicio, propuesta que no fue tenida en cuenta. Sostuvieron que el BPS no puede hacer beneficencia con sus vivienda y explicaron que más allá de que el préstamo se otorgó a una persona con carencias, lo cuestionable es que se está practicando el clientelismo polÃtico. Aclararon que toda adjudicación de viviendas debe ser aprobada por el Directorio y según la normativa, en ningún caso, la gerencia de Prestaciones Sociales –una jerarquÃa intermedia– está en condiciones de otorgar viviendas, aunque sea en préstamo, sin la autorización de los directores.
Actualmente, hay 3.618 viviendas entregadas por el BPS a pasivos de nuestro paÃs con un ingreso menor a los 12 unidades reajustables. Este programa tiene 150 viviendas no disponibles, 83 de las cuales están ocupadas por intrusos y 67 se encuentran en reparación.
Sin embargo, en la información que remitió el Programa de Viviendas al Directorio, omitió incluir aquellos inmuebles que están en préstamo. “Otra situación grave de esto es que hay un ocultamiento de la información a quien por ley es responsable”, aclaró Ariel Ferrari.
La irregularidad en la entrega de la vivienda quedó al descubierto el 17 de enero, cuando el director Arturo Fernández recibió a una persona que denunció la situación.
La beneficiaria reconoció que obtuvo en préstamo la vivienda y recibió la llave de la misma a través de un mensajero.
Fernández se comunicó con el gerente Gastón Inda, para anunciarle que plantearÃa el tema en el Directorio.
DÃas más tarde se supo que la solicitud fue formulada por el director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala.
En los primeros dÃas de enero, la beneficiada, una jubilada de 84 años, ya estaba residiendo en el inmueble. Según Fernández y Ferrari, “este hecho no es cuestionable, ni solicitamos que la desalojen, sino que criticamos el procedimiento con que se efectuó el préstamo, que se hizo a espaldas del Directorio”. *
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