Vecinos de zonas afectadas por plombemia denuncian presiones

Alberto Castellini, padre de cuatro niños, dijo a LA REPUBLICA que durante la reunión realizada la semana pasada con el asesor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Enrique Penadés, y el asesor de medio ambiente de la Fiscalía de Corte, Gonzalo Gómez, se les informó que la cartera de Estado decidió suspender los realojos, debido a que cuatro familias ocuparon sin permiso las viviendas que quedaron desocupadas al producirse los dos primeros traslados.

Castellini sostuvo que «lo que Penadés dijo no es cierto. Fue una una simple excusa que utilizó para no cumplir con el compromiso asumido. De las dos viviendas que quedaron desocupadas, una fue tirada abajo y la otra tapiada con bloques y material».

Agregó que lo que sí ocurrió fue que dos familias ingresaron a vivir al asentamiento, pero no específicamente a esas viviendas. «Ni siquiera nosotros estábamos enterados que ingresó gente nueva al asentamiento. Ellos tuvieron esa información y dijeron que se habían instalado en las viviendas deshabitadas, pero saben que no es cierto. El asesor de la fiscalía nos dijo que teníamos que armar una estructura entre los vecinos para no dejar entrar a nadie. Veladamente, se nos pidió que sacáramos por la fuerza a la gente. Y eso no nos corresponde a nosotros», agregó el denunciante.

Por su parte, Carín Souto, madre de cuatro niños afectados por plombemia –quienes debido a los índices de plomo detectados debían ser trasladados, entre ellos Antonella de 4 años, con 35 microunidades del metal por decilitro de sangre–, no ocultó su preocupación al respecto. «Estamos desesperados porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Nadie está acá porque quiere, sino porque no tenemos otra alternativa», señaló la madre.

Castellini agregó que «existieron presiones» de parte de los jerarcas. «Durante la reunión, Gómez nos dijo que si no accedíamos a armar esa estructura, nuestros hijos podían ser internados en el Iname. Hay varios vecinos que fueron testigos de esta amenaza».

Cabe recordar que en el asentamiento Inlasa viven 64 familias y, según los análisis clínicos realizados por el MSP, se detectaron 108 casos de plombemia en menores, con índices de entre 20 y 44 microgramos del metal por decilitro de sangre.

Estudios de suelo realizados por la comuna capitalina detectaron valores en tierra que oscilan entre 1.000 y 3.000 microgramos por kilo en plomo, cuando el límite admitido por organizaciones ambientalistas internacionales oscila entre 250 y 300 microgramos por kilo en plomo. La situación de los vecinos que deben ser trasladados sigue sin tener una definición. *