El ajuste del gobierno castigará a minusválidos

DANIEL MARTINEZ SOTO

 

Las personas con capacidades diferentes tenían algunas prerrogativas económicas destinadas a paliar de algún modo sus dificultades.

Entre ellas, estaban los llamados «préstamos sociales» que el Estado les concedía hasta por un monto de 7.000 pesos.

Los créditos debían ser devueltos con mínimo interés entre los tres y los dieciocho meses siguientes, dependiendo del plazo elegido por el beneficiario.

Ahora estos préstamos fueron cancelados hasta nuevo aviso, en el marco del ajuste propuesto por el gobierno.

Otro cese inminente para los minusválidos, es el de los cursos que reciben para su reinserción social a través de una veintena de organizaciones dedicadas a la atención de esta gente. Cursos de computación fundamentalmente, pero también de fotografía, jardinería, cocina y otras especialidades se imparten a quienes tienen alguna limitación a fin de permitirles una autosustentación mínima.

Sin embargo la decisión del Banco de Previsión Social de suspender los $ 1.200 pesos que daba a las instituciones por cada persona atendida, ha puesto en jaque la continuación de los cursos. La semana última le había sido anunciado a los profesores la cesantía a partir del 1º de febrero. Sin embargo a último momento el BPS anunció que la determinación será adoptada durante el presente mes, extendiendo el pago un mes más. Se entiende que la prórroga permitiría a los minusválidos hacer reclamos ante el Banco, buscando evitar el fin de este beneficio.

«Es en este marco y con estas perspectivas que cada día más minusválidos se suicidan», afirmó el presidente de la Asociación por los Discapacitados (en formación), de la Casa del Adulto Mayor. Pablo Vera afirmó que los intentos de suicidio cada día entre minusválidos supera la media docena y que varios logran sus fines. Rodolfo Sosa, secretario general de la misma institución, aseguró que si bien no existen estadísticas oficiales sobre el problema de la autoeliminación entre quienes tienen capacidades diferentes, la cifra es absolutamente compatible con la realidad.

Quien puede, tampoco puede

Los representantes de este importante sector de la población (uno de cada diez uruguayos tiene alguna minusvalía que condiciona su actividad laboral y su vida normal), apuntaron también que gran cantidad de baldados con mejores posibilidades económicas, también se están viendo seriamente afectados. «El Estado exoneró de impuestos a los vehículos para lisiados pero la mayoría de las empresas pone grandes trabas para conseguirlos», dijeron los representantes de la Asociación por los Discapacitados (Casa del Adulto Mayor). «El descuento debería promediar el cincuenta y cuatro por ciento del valor total, pero las compañías ponen trabas para no hacer los descuentos reales, cobrando precios que están fuera del alcance de los minusválidos», aseguraron.

La excusa más frecuente, aseguran, es que carecen de vehículos que no superen los 1.500 centímetros cúbicos de cilindrada, máximo permitido para importar un cero quilómetro sin impuestos destinado a personas con discapacidad. «Y si lo tienen, dicen que ya lo tienen reservado o vendido», enfatizaron. Paralelamente entienden que la norma que pone límite a la cilindrada del motor es obsoleta, en tanto los vehículos de esa potencia actualmente son de carrocería tan pequeña que dificultan el de por sí complicado abordaje y descenso de quien tiene dificultades físicas.

Aseguran también que en caso de los «cero quilómetro» deben pagar a los despachantes de Aduana, aun cuando los vehículos llegan por vía terrestre al país.

En cuanto a la posibilidad de compra y modificación de autos usados, los representantes explicaron que adecuar vehículos para uso específico resulta más caro e implica aún más trámites que los autos nuevos.

Sobrevivir con $ 1.900

Para los representantes de los minusválidos uno de los problemas más graves que hoy enfrentan es el límite de $ 1.900 como jubilación «máxima». Quien cobre más allá de eso pierde su pensión por invalidez. El tema es de alta incidencia, en tanto en Uruguay la creciente población de ancianos implica también más gente con capacidades limitadas por la edad.

En Uruguay existen dos normas a emplear: el BPS decidió aplicar la que castiga a los lisiados.

Es que mientras la Ley 17.266 de setiembre de 2000, compatibiliza la actividad del discapacitado con la pensión de invalidez, una norma anterior, la Ley 16.713 de setiembre de 1995 niega esa posibilidad. Según esta última tendrá pensión de invalidez quien «carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad, o cualquier edad y esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado».

Según esta última norma, la que aplica el BPS «quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen, inferior al monto de la prestación, recibirán únicamente la diferencia entre ambos aportes». En buen romance, quien recibe de jubilación más de $ 1.900, no recibe pensión por invalidez.

A los reclamos efectuados se les respondió que «se cumple el reglamento». Jorge Bruni, asesor de la representación de los trabajadores ante el BPS, confirmó que el reglamento interno del organismo establece que «quien cobre de jubilación más de $ 1.962, no tiene derecho a pensión de invalidez». *