Con la soga al cuello

En tres millones de coterráneos compartiendo estos desvelos, 350.000 poseen algún tipo de discapacidad que de algún modo los invalida en su accionar. De patologías crónicas sufridas en toda la Humanidad, a incapacidades generadas en la longevidad creciente de la sociedad uruguaya. De problemas congénitos, a los más «modernos»: inválidos por causas cardiovasculares, derivadas del embate del estrés. En definitiva, son quienes desde el nacimiento, por accidentes o enfermedad, se ven incapacitados de ejercitar toda su funcionalidad física.

Esta décima parte de los uruguayos atraviesa uno de sus momentos más dramáticos, en tanto la galopante desocupación lleva a personas al menos aparentemente con mayores capacidades a llenar las escasas vacantes.

Ante esa catástrofe mortal, la Asociación de Discapacitados del Uruguay (Casa del Adulto) convocó para hoy a un acto en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, a partir de las 18:30 horas, donde buscarán llamar la atención sobre la tragedia.

La asociación fue invitada recientemente a Oviedo, España, para integrarse al Congreso Internacional de Discapacidad y Envejecimiento. En el mismo, organizaciones para minusválidos europeas lanzaron un mensaje de solidaridad para con los camaradas de infortunio uruguayos. Ello, se entiende, abrió posibilidades de ayuda en distintas áreas que enfrenten los padecimientos de estos compatriotas.

Así actúan los políticos

«Los políticos se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones. Muchos actos, muchas palabras. Muy lindo, mucho aplauso. Pero todo se queda en eso: en palabras», afirmó el presidente de la Asociación de Discapacitados del Uruguay (Casa del Adulto).

Pablo Vera, quien a los siete años y ya casi medio siglo atrás, perdió la vista, exige al poder político el cumplimiento de compromisos asumidos en períodos eleccionarios, cuando menos el acatamiento a disposiciones básicas.

«Es que la ley existe. Fue aprobada en 1989, y pareció que acabarían con muchos de nuestros dramas. Pero la ley nunca se reglamentó. Y ningún político se preocupó de eso», cabecea negando, tras su bastón blanco.

Asegura que lo que hicieron los parlamentarios fue «solamente un montón de papeles. Peor aún, ahora ni hacen respetar leyes anteriores».

Recuerda que está vigente la norma que obliga a las empresas públicas a incluir un mínimo del 4 por ciento de minusválidos en sus plantillas. «Sin embargo, con el cierre de los ingresos a la administración pública, esta cuota no se está cumpliendo en absoluto», denunció Vera.

Denunció que los minusválidos uruguayos carecen hoy hasta de los más nimios apoyos para subsistencia por parte del Estado.

«Jamás nos concedieron la más mínima rebaja en lo que debemos pagar de luz, de agua. Ni siquiera de Contribución Inmobiliaria», enfatiza recordando que el último proyecto para exonerar del tributo a los minusválidos, fue votado en contra por la Junta Departamental, aun cuando ya estaba la administración comunal de izquierdas.

«Apenas nos dan un descuento de 200 cómputos en el teléfono. Pero el aparato no puede estar a nombre ni siquiera de mi esposa: debe ser de uno», recordó Vera.

Ironizó por la muy aplaudida iniciativa del ministro Lucio Cáceres, hace más de una década, anunciando que en el plazo de cinco a diez años, los ómnibus de pasajeros debían incorporar plataformas que permitieran a los inválidos acceder al transporte capitalino.

«Â¡Hace más de diez años! Dígame usted que es periodista adónde funciona alguno de esos ómnibus», interpela el entrevistado. Desestimó que alguien se ocupara de sus problemas a nivel político en lo práctico.

«Hay una gran verdad. Para aprender a ayudar a los minusválidos en serio hay que tener uno en la familia. Parece que solamente así se comprende. Yo recuerdo que el político que de verdad nos atendía fue Cersósimo. El comprendía porque compartía el problema».

En cuanto a si hay algún atisbo de evolución de estas situaciones en el siglo iniciado, recordó que en octubre de 2.000, se cumplió un multitudinario Congreso de Ciegos, en la Universidad Católica del Uruguay. Al concluir se aprobaron recomendaciones, aceptadas por todas las instituciones públicas presentes.

Las más importantes recomendaciones, apuntaban a más posibilidad de acceso a cargos en la administración estatal; cursos de especialización para maestros, que les permitiera enseñar con parámetros de especiales para no videntes, entre otros. Y la imprenta Braille imprescindible para editar libros uruguayos.

«A un año del Congreso, al evaluar lo que se cumplió de lo prometido en este año la respuesta es: nada. Absolutamente nada», aseguró. *