Evasión política al BPS

El ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), durante la administración Lacalle, Conrado Hugs, manifestó recientemente en la inauguración de un frigorífico que actualmente existe «una mayor evasión de aportes previsionales en el Palacio Legislativo que en los vendedores ambulantes», haciendo referencia a la situación de informalidad en la que se encuentran algunos secretarios de diputados y senadores a los cuales no se le efectúan los aportes previsionales.

Consultado sobre este tema, Ernesto Murro, integrante de la Representación de los Trabajadores en el Directorio del BPS, afirmó que el reclamo para regularizar la situación de estos funcionarios está planteado en el seno del Directorio desde 1993. Se desconoce el número de secretarios que se encuentran en esta situación y, por lo tanto, el dinero que pierde el BPS por la evasión proveniente de la clase política.

Explicó que en reiteradas ocasiones se dirigieron a los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados para buscar una solución a esta omisión, y se expuso sobre la conveniencia y la obligación que los representantes nacionales aporten por sus secretarios que no son empleados públicos. Murro explicó que estas irregularidades afectan en la recaudación del BPS y en la generación de derechos de estos funcionarios, y se producen tanto en los secretarios de legisladores que no son trabajadores públicos, como en las partidas adicionales que perciben los funcionarios públicos que están en comisión. «Ambos casos se deben regularizar», sostuvo Murro.

El Directorio del BPS propuso algunas opciones para llegar a una solución. Una de las propuestas es que los secretarios que no pertenecen a la órbita pública se conviertan en empleados de los partidos políticos. Recientemente se planteó otra alternativa a través de una resolución por la cual los funcionarios pasarían a ser «usuarios de servicios», lo que significaría que el trabajador (secretario del legislador) realice los aportes obreros y patronales, pero no existiría una empresa de la cual sea dependiente. «En este caso», dijo Murro, «el BPS estaría recaudando y al mismo tiempo al funcionario se le generan derechos laborales».

En este sentido, el Area de Recaudación del BPS propuso la segunda alternativa al Parlamento, y el Directorio constantemente viene reclamando que se regularice esta situación, tanto en el Senado como en Diputados.

«No tenemos información del número de secretarios que no son funcionarios públicos, ni cuánto es la partida extra que (los legisladores) suministran a sus ayudantes que se encuentran bajo órbita pública en comisión, por la cual deberían de aportar al BPS por la diferencia entre sus ingresos fijos y los originados por la partida presupuestal extra», indicó Murro.

Acotó que algunos legisladores en una actitud individual depositaron los aportes en una cuenta bancaria, y ciertos sectores pusieron a sus secretarios como dependientes de los partidos políticos, mientras que otros se empiezan a amparar en la segunda alternativa: usuarios de servicios. «Sin embargo, todavía está lejos de estar en lo correcto», advirtió nuestro interlocutor, quien informó de la existencia de varios proyectos de ley en tal sentido que aún están sin aprobar.

Murro indicó que actualmente existen varios juicios laborales entablados por ex secretarios a legisladores los que reclaman por sus derechos jubilatorios. *