Pasividades profesionales caerán 10% si se aprueba la reforma del gobierno

La Ley Nº 16.713, que reformó el sistema del Banco de Previsión Social (BPS), estableció la obligación legal de que las cajas paraestatales, notarial, bancaria y profesionales, y los servicios de retiro policial y militar debían ser reestructurados adecuándose al régimen general, pero respetando las peculiaridades de cada colectivo.

Por esta razón, las caja notarial y profesional diseñaron su propio proyecto, que fue elevado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La iniciativa de la Caja Notarial se envió hace meses al Parlamento, recibió la aprobación del Senado y está actualmente a consideración de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

Con respecto a los notarios, hubo una aprobación sin discrepancias entre la Caja y la cartera de Trabajo.

En el caso del proyecto de la Caja de Profesionales Universitarios, si bien el Ejecutivo tomó como base la iniciativa, le introdujo ciertas modificaciones, algunas de las cuales no son coincidentes con la propuesta de los profesionales.

El presidente de la Caja, José Canel, explicó que a pesar de la discrepancia en algunos temas con la actual propuesta del Ejecutivo, reconoció que se trata de un mejor proyecto, comparado con el presentado bajo la administración de Julio María Sanguinetti.

En el anterior período de gobierno, el proyecto jubilatorio para los profesionales universitarios proponía normas similares a las del sistema de seguridad social actualmente vigente y, en algunos casos, las incorporaba al sistema privado de Administradoras de Ahorro de Fondos Previsionales (AFAP).

El actual gobierno, a través de su proyecto, mantiene la filosofía y características del sistema de la Caja de Profesionales.

Canel advirtió que no existe una oposición frontal sobre el tema, pero aclaró que han aparecido diferencias que están siendo objeto de conversaciones con senadores de la coalición de gobierno, con la finalidad de llegar a acuerdos.

José Canel manifestó que las dos principales discrepancias son el porcentaje del promedio jubilatorio y la incorporación a la Caja de los Profesiones Universitarias no amparadas.

La Caja de Profesionales discrepa con la propuesta del gobierno en lo que atañe a la denominada «tasa de reemplazo», en la que se establece el porcentaje de promedio jubilatorio que regirá para la fijación de la futura pasividad.

Aunque se mantiene como promedio de ingreso los últimos 3 años de trabajo, el proyecto de los profesionales establece que la pasividad sea el 60% de promedio, mientras que el texto remitido por el Ejecutivo considera que debe ser del 50%. Se exige, como mínimo, 30 años de trabajo y 60 años de edad.

El presidente de la Caja de Profesionales del Uruguay pronosticó que de aprobarse el proyecto tal cual fue remitido por el Poder Ejecutivo, los profesionales pasarían a percibir menores montos de jubilaciones.

El promedio de las pasividades en esta caja se sitúa actualmente en los $ 11.000 y, según explicó Canel, la jubilación máxima a la que se puede acceder es poco mayor a $ 15.000.

El presidente de la Caja de Profesionales del Uruguay es optimista en la aparición de fórmulas de flexibilización a nivel de Senado.

El segundo punto importante de diferencia entre ambos proyectos es la propuesta de que los profesionales no amparados por la caja ingresen al sistema. En esta situación están los psicólogos e ingenieros de sistemas, entre otros.

Las discrepancias surgen en que los profesionales aspiran a un procedimiento legal ágil que quede incorporado a la Ley Orgánica, a fin de facilitar la entrada de nuevos colectivos a la caja.

Por su parte, el Ejecutivo propone que solamente se incorpore una profesión no amparada por vez, a través de una ley con iniciativa gubernamental.

Otro punto que pretende mejorar la CPU para el futuro es potencializar alguna cobertura para los profesionales, de forma similar a las prestaciones que el BPS otorga a los asalariados.

Canel reconoció que es imposible para la caja instrumentar una suerte de Disse para sus afiliados, pero argumentó que, por ejemplo, puede otorgarse una apoyatura para los profesionales que deban operarse en el extranjero.

La Caja de Profesionales del Uruguay tiene actualmente 35.000 afiliados activos y 9.000 pasivos, entre jubilados y pensionistas. *