El médico José Peyronel denuncia que decretaron su muerte civil

El pasado 17 de abril, el Poder Ejecutivo rechazó la petición de Peyronel para que lo retomen y le paguen los haberes no percibidos, según consta en la resolución interna 53, firmada por el presidente en ejercicio Luis Hierro López.

Peyronel apeló y el 14 de agosto Jorge Batlle mantuvo la resolución anterior, confirmatoria de la destitución dispuesta por la dictadura militar el 13 de setiembre de 1977.

Ambas decisiones del Poder Ejecutivo tomaron en cuenta un dictamen de la División Jurídico-Notarial del Ministerio de Salud Pública (MSP), según el cual Peyronel no se acogió en tiempo y forma a la ley de destituidos, del 28 de noviembre de 1985.

Esa ley, número 15.783, regula la situación del médico, quien oportunamente debió acogerse a ella dentro del plazo que estipulaba y no lo hizo, opinó el gobierno que encabeza Batlle.

Sin embargo, la solicitud de reincorporación se basó en el derecho constitucional de petición, que tiene jerarquía superior a la ley, y el Poder Ejecutivo debe respetarlo, argumenta Peyronel.

«Se aduce como único fundamento que debí haberme acogido a la ley de destituidos y del vencimiento del plazo se extrae la notable conclusión de que deja de regir el derecho constitucional de petición, lo cual implica afirmar que esa ley deroga a la Constitución», afirma.

El recurso de petición que consagra la Constitución obliga a las personas públicas a reconocer, respetar y hacer respetar los derechos que en mi caso han sido vulnerados, sostiene.

«El vencimiento del plazo fijado por la ley 15.783 no cancela los derechos que tenga la víctima y pueda ejercer por otros mecanismos jurídicos», subraya Peyronel.

Por otra parte, la resolución contraria a la restitución se emitió «en la ignorancia de si acudí o no a las vías previstas en la ley 15.783″, asegura.

 

Antes y ahora

Peyronel señala que para destituirlo se manejó su supuesta amistad con un médico encausado por subversivo, y que el hecho no fue ajeno a su «negativa a formar parte de las ‘bandas’ que por entonces se habían adueñado del hospital».

«No fui sumariado y no existía ni sombra de falta administrativa o profesional de mi parte. Comunicaron telefónicamente que no debía concurrir más al hospital y aprovechando la limitación de garantías de la época fraguaron una inexistente renuncia tácita, en una repugnante instrumentación del derecho para servir fines antijurídicos», afirma.

Cuando solicitó su reincorporación, pidió también una investigación de «los obvios ilícitos cometidos por quienes me destituyeron», pero las recientes resoluciones gubernamentales sobre su caso nada dicen al respecto.

Peyronel recuerda que el mismo silencio acogió a las espectaculares denuncias que en el pasado reciente formuló sobre «el estado de desquicio, notorio y creciente, que afecta al sector público de la República y me impulsó a usar los recursos que el sistema jurídico teóricamente ofrece a los ciudadanos, frente a actos inexcusables cometidos con flagrante ilicitud, en especial, pero no exclusivamente, en Cardona».

Pero el «silencio sepulcral con que fueron recibidas mis denuncias y actuaciones altruistas fue sólo aparente, porque desde su formalización, comenzaron a frustrarse, sin ninguna excepción, todas y cada una de las gestiones que por razones personales y familiares he tenido que realizar ante los órganos del Estado», dice.

Una de las resonantes denuncias de Peyronel fue contra lo que llamó «grupo mafioso de Cardona que extiende sus influencias perniciosas hacia el departamento de Flores en su zona limítrofe con Soriano y abarca también Florencio Sánchez, en Colonia».

Según sostuvo, «la rosca mafiosa está integrada por delincuentes que controlan todos los negocios de la zona y tienen su fuerte en el juego, la prostitución y los préstamos usureros».

Peyronel es un médico muy popular, suele atender gratis a personas modestas y participa activamente, desde hace más de 50 años, en importantes tareas comunitarias, dicen en Cardona, donde 500 personas firmaron una solicitud para que lo reintegraran.

«Soy víctima de una ‘criptocracia’ que operando en un penumbroso sigilo es ducha en dictar sentencias de muerte civil para los que, como yo, se atreven a denunciar sus maniobras», afirma Peyronel.

No obstante, seguirá adelante para lograr que se haga justicia:

«Lo haré pensando más en las innumerables víctimas de casos iguales o peores al mío que en mí mismo y en mis intereses funcionales, económicos y profesionales atropellados en una triste ‘hazaña’ plurianual de un poder desbordado», anuncia. *