Desocupados desesperanzados

Mientras tanto, se percibe una radical asimetría en la prestación de recursos a sectores de la vejez y la niñez, en claro detrimento de esta última. En efecto, el Banco de Previsión Social destina U$S 2.240 millones a jubilaciones y pensiones y solamente U$S 71 a asignaciones familiares.

Estos conceptos fueron vertidos ayer en el Seminario «La Necesidad de Políticas Sociales como Políticas de Estado», que en su tercera etapa se cumplió ayer en el anexo del Palacio Palacio Legislativo.

Alex Rebour, representante del Centro de Estudios para la Democracia Uruguaya (Celadu) consideró que el principal problema de los uruguayos es que no saben qué tipo de política social pretende aplicar.

 

Esclavitud y utopías

 

El expositor reivindicó el rol del político en crear utopías, más allá de las opiniones de los economistas, afirmando enfáticamente que la libertad no se traduce solamente en el derecho a votar. Al respecto, Alex Rebou sentenció: «Si no tenemos acceso a la educación, al trabajo y a la vivienda digna, los niños que nazcan lo estarían haciendo cercano a la esclavitud».

Hizo un llamado a «abrazar» el paradigma de la libertad y la justicia que –a su entender– debe anteponerse a todo. En tal sentido, advirtió que de aplicarse este proyecto humanista de país, no se estaría discutiendo, por ejemplo, cuántos pisos debería tener la Torre de las Comunicaciones o cuestionarse si era una alta inversión. «Creo personalmente que esto es inmoral, en la medida que tengamos realidades como las que vemos cotidianamente», aseveró enérgicamente.

Por su parte, el director del Banco de Previsión Social (BPS), Daniel Delgado Sicco, manifestó que a nivel continental, Uruguay destina el mayor porcentaje del Producto Bruto Interno a prestaciones sociales, de acuerdo a lo informado por la Cepal (Comisión Económica Para América Latina).

El jerarca añadió que nuestro país invierte en seguridad social unos U$S 3.000 millones, lo que representa el 66% de los gastos del gobierno central.

Explicando pormenorizadamente los componentes de este gasto, reveló que el BPS atiende mensualmente por concepto de jubilaciones y pensiones, a más de 655.000 personas, lo que representa una inversión superior a los U$S 2.200 millones.

En cuanto a la prestación de asignaciones familiares, el organismo destina U$S 71 millones para asistir a unos 600.000 menores. Asimismo, el organismo previsional destina otros U$S 14 millones para maternidad y U$S 25 millones al Fondo Especial, que atiende particularmente todos los problemas relacionados con la discapacidad.

Por su parte, el seguro por enfermedad representa para el BPS el pago de más de U$S 336 millones anuales, beneficiando a más de 500 mil personas.

El director Delgado Sicco enfatizó que un quinto de los niños uruguayos –unos 11.000– nacen en los sanatorios del Banco de Previsión Social y elogió el servicio médico prestado por el organismo. Informó que se reciben unas 300.000 consultas anuales y se paga por concepto de hotelería para los enfermos, 4.000 días al año.

Dijo que el organismo invierte en el servicio sanitario unos U$S 45 millones anuales, lo que representa el 20% del gasto total en salud pública.

Delgado explicó que un tercio de la población uruguaya tiene más de 60 años y de esa franja, las personas con más de 80 años viene en franco ascenso.

Comentó que el BPS cuenta con 97 hogares de ancianos en todo el país con una población de 3.337 ancianos. El 80% de los residentes fueron abandonados por sus familias, por lo que sobreviven gracias a la ayuda que se les brinda.

 

Desbalance generacional

 

Mientras tanto, el sociólogo Fernando Filgueira de la Universidad Católica del Uruguay, denunció que Uruguay tiene un grave problema de desbalance generacional. Afirmó que en nuestro país existe la mayor diferencia a nivel continental, en la relación entre la pobreza infantil con el resto de la pobreza, lo que se traduce en un estado de desprotección hacia la minoridad por parte del BPS.

Propuso para disminuir esta desigualdad, mejorar la distribución de las inversiones y priorizar los instrumentos fiscales para mejorar la recaudación. No descartó la creación de un ministerio social y la unificación de las fuerzas institucionales.

Por su parte, Gabriel Coutoisie, integrante del Instituto Solidaridad y Desarrollo (ISOE) afirmó que por un problema cultural todavía no fue aprobado el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, «Los niños son sujeto de derecho y merecen tal tratamiento».

Destacó la asimetría entre los fondos destinados por el BPS a la franja etaria de la tercera edad con relación a la destinada a los niños.

«El director Delgado establecía una cobertura de jubilaciones y pensiones de U$S 2.240 millones, mientras que de asignaciones familiares era de U$S 71 millones.

Por lo tanto, tenemos que establecer prioridades sobre esta población marginada», señaló.

Ante la realidad que muchos niños no reciben la asignación familiar –aproximadamente unos 200.000 están privados del beneficio por no estar dentro del ámbito laboral formal– propuso vincular esta prestación a una situación social y no de trabajo.

Finalmente, Ernesto Murro, integrante del equipo de Representación de los trabajadores en el BPS, sostuvo que existen unos 360.000 menores de 18 años, el 40% de la totalidad, que se encuentran en situaciones de pobreza.

Denunció que hay 500.000 uruguayos excluidos de la seguridad social y manifestó su preocupación laboral por aquellas personas mayores de 50 años que duplicaron a los veinteañeros que están en el seguro de paro.

Finalmente, Ernesto Murro relativizó los anuncios de disminución de la desocupación, ya que los análisis no incluyen a los 50.000 «desocupados desesperanzados», que ya ni buscan empleos. *