Fuerte crítica de la Universidad a la habilitación de carreras privadas
Desde 1997 se habilitaron cinco nuevos centros, a pesar de que dos fueron evaluados negativamente por la Universidad. Lo mismo sucedió con 5 de 40 carreras homologadas.
El Consejo Directivo Central votó por unanimidad dar a conocer los informes negativos sobre diversas carreras privadas, así como solicitar una entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader. Asimismo, una delegación universitaria concurrirá al Parlamento, procurando modificar las pautas de funcionamiento del Ccetp, que es regulado por el Decreto 308/995.
Un informe presentado por el asesor académico, Jorge Ares Pons, señala que desde la reincorporación de la delegación universitaria al Consejo (integrado por representantes del MEC, de las Universidades Privadas y la Universidad de la República) en 1997, se han reconocido cinco nuevos institutos universitarios (Asociación Cristiana de Jóvenes, Maldonado-Punta del Este, San Francisco de Asis, Cediiap y CIEP). También se aprobaron más de cuarenta nuevas carreras.
Los miembros de la Udelar votaron negativamente el reconocimiento del Instituto de Maldonado-Punta del Este y el Francisco de Asís. Asimismo, tampoco homologaron el reconocimiento de las siguientes carreras: Licenciado en Gestión y Producción (Ucudal), Licenciado en Servicios de Salud (Ucudal) Licenciado en Dirección de Empresas (Ucudal) e Ingeniería Eléctrica (ORT). Recientemente, se aprobó la carrera de odontología en Ucudal, con los votos negativos de la Universidad.
El informe destaca que los votos negativos de la Udelar quedaron registrados y fundamentados por escrito.
Según el informe, el MEC, a pesar de contar con un área de inspecciones destinada a la supervisión de los institutos de enseñanza terciaria, «no la ha puesto en funcionamiento». Además, se considera que el Decreto 308/395 presenta «múltiples carencias e imperfecciones».
Se indica que, en algunos casos, la no explicitación de ciertos aspectos «ha servido para distorsionar la exigencia de ciertos requisitos o eludir contralores. El decreto en su ambigüedad propicia situaciones que contradicen su propio texto». El informe sostiene que exigencias como las de presentar informes anuales durante los primeros cinco años de funcionamiento «nunca se han cumplido».
Según la Universidad, otra de las carencias del decreto es no incluir la relación grado-posgrado, así como lineamientos básicos para un sistema de evaluación institucional. Se critica, además, «la laxitud con que el consejo suele interpretar y aplicar las disposiciones».
El informe cuestiona, por otra parte, la actuación del presidente del Consejo, al que acusa de «eludir el decreto 308/995″.
«….resulta obvio manifestar nuestra perplejidad ante el hecho de que el Poder Ejecutivo designase para presidir el órgano encargado de la aplicación del decreto, a una persona que manifestaba su rechazo al mismo, afirmando que la enseñanza debería quedar librada al juego del mercado, permitiendo que éste determinase espontáneamente cuáles instituciones eran merecedoras de la confianza pública y cuáles no». Se sostiene que el presidente del Consejo decidió no consultar a la Universidad, antes de proceder a la habilitación de nuevas carreras .
El documento recuerda que la delegación universitaria ha propuesto al MEC, la modificación de algunos artículos de la norma, particularmente los referidos a la presentación y habilitación de instituciones y la definición de títulos universitarios. Sin embargo, no han obtenido respuesta. También fueron entregados diversos documentos sobre la no presentación de posgrados y los requisitos sobre el personal docente, sin que se haya obtenido una respuesta.
En junio del pasado año la Universidad votó contra la habilitación del Instituto Francisco de Asís, que es un derivado del Instituto Habilitado de Hermanas Capucinas de Maldonado. Se sostiene que la mayoría del plantel docente de dicho centro está constituido por profesionales «carentes de experiencia, no solamente en tareas de investigación, sino también en tareas de docencia universitaria». El informe destaca que de la plantilla de 44 profesores, cinco poseen títulos de menor nivel que una licenciatura o carecen de diploma. Por otra parte, 50 cargos de profesor titular grado 5 los ocupan docentes que no presentaron su currículo y 28 carecen de antecedentes en docencia universitaria.
Asimismo, se señala que la institución no tiene un patrimonio compatible con las exigencias del Decreto 308/995.
Sobre el Instituto Universitario Maldonado-Punta del Este, la Universidad de la República fundamenta su voto en que de un total de 22 docentes, sólo 5 manifiestan su aceptación de los cargos que se les atribuyen.
Desde el comienzo de sus actividades en el año 1995, el Consejo Consultivo entendió que era fundamental que las instituciones documentaran por escrito la aceptación de cada docente, mediante la presentación de un formulario firmado por el propio educador. *
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