Millonaria demanda contra el Estado y constructora de viviendas

Con la realización de la primera audiencia dio comienzo ayer el multimillonario juicio promovido por la cooperativa de viviendas de los trabajadores municipales, Covimus II, contra el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), la Intendencia Municipal de Salto, OSE y los proyectistas de la obra.

Los cooperativistas aducen que las continuas inundaciones del terreno en que está asentado el complejo habitacional, ubicado frente al Parque Solari, se deben a defectos de construcción y a negligencia de quienes debieron fiscalizar la obra. Dichas inundaciones desbordan las cámaras sépticas y acarrean serios riesgos para la salud de los pobladores del lugar.

La comisión directiva de la cooperativa solicitó incluso a las autoridades sanitarias locales un estudio epidemiológico por el auge de enfermedades que se registraban, detectándose bacterias peligrosas (estrechia coli) que son transmitidas a los organismos por el agua que reverbera de las cloacas y que inunda las casas.

Los pobladores señalan que el lugar se ve afectado por las «enchorradas», que son los aluviones de agua que bajan de las zonas altas cuando se registran intensas precipitaciones.

Se trata de 48 viviendas que habían sido inauguradas en 1995 y dos años después comenzaron a aparecer daños como grietas en paredes y pisos e inconvenientes en el sistema de saneamiento que según los pobladores fue mal diseñado. El terreno había sido donado por la Intendencia de Salto.

Carlos Gallinotti, presidente de la cooperativa, había señalado que en algunas ocasiones se puede observar «materia fecal en el piso del baño porque no hay un desagüe apropiado».

Varias casas se están hundiendo porque la composición del suelo donde se erigieron no ofrece seguridad y el terreno va cediendo.

Gallinotti dijo anoche a LA REPUBLICA que los techos también comenzaron a rajarse, por lo que el agua también se filtra desde arriba.

Los demandantes, unas 170 personas, reclaman U$S 30 millones (a marzo de 2000) a las dependencias estatales y particulares implicados en este litigio. Ayer se cumplió la audiencia preliminar, etapa en la cual se determina el objeto del juicio y se admiten los medios por los cuales tratará de probarse lo que argumentan las partes en litigio.

El expediente tiene ya unas mil quinientas fojas y se encuentra radicado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Sexto Turno, a cargo de la doctor Cristina Cabrera, quien presidió la instancia cumplida ayer. *