Instituto de Ciegos comenzará a cobrar estadía a residentes

Una fuente cercana al organismo dijo a LA REPUBLICA que Aguirre les comunicó la medida debido a que el instituto, intervenido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), «no cuenta con los rubros suficientes para hacerse cargo de la comida, los costos de lavandería y servicio de ropa de cama y toallas». La fuente agregó que el jerarca les habría dicho que quien no aporte el dinero antes del 15 de noviembre sería expulsado del viejo edificio.

En total 15 hombres y 14 mujeres viven actualmente en el instituto, ubicado en camino Maldonado 5745 casi Libia.

«Los ciegos están asustados y tienen miedo de ir a parar a la calle, por eso es que no denuncian este atropello. Muchos de ellos no saben manejarse con el dinero por lo que le piden al director que le guarde la pensión en su despacho», señaló un funcionario que accedió a dialogar con LA REPUBLICA bajo condición de mantener su nombre en reserva.

Otra fuente allegada al instituto agregó que existieron al menos tres reuniones entre el director y grupos de 7 u 8 residentes.

«En las dos primeras, Aguirre les informó que se iban a refaccionar los dos pabellones y parte de la azotea que se llueve. En la tercera reunión, que tuvo lugar en el propio despacho del jerarca, se les comunicó que a partir del 1º de noviembre deberán abonar 500 pesos o, de lo contrario, serían expulsados. La mayoría de los residentes no tienen familiares y cobran una pensión por discapacidad de 1.900 pesos. Incluso, Silvia Martínez, una asistente social que trabaja en el instituto, también fue por los pabellones informando de esta medida y sus consecuencias», señaló la fuente.

 

La versión del director

 

Aguirre, quien también es no vidente, confirmó la información a LA REPUBLICA, y agregó que la medida fue adoptada en el marco de un proceso que tiene como objetivo el cese de la intervención. Para esto, el MSP deberá previamente procurar el saneamiento económico de la institución.

El jerarca fue designado director interventor del Instituto Nacional de Ciegos General Artigas por el MSP el pasado 21 de marzo, luego que la cartera de Estado constatara irregularidades en el manejo de los fondos. Los residentes deberán pagar 491 pesos que incluyen la comida, la lavandería, el servicio de ropa de camas y toallas y un servicio de emergencia médica. «El instituto es una organización de carácter privado sin fines de lucro y el MSP está procurando en estos momentos encaminarlo para que vuelva a ser tomado por sus órganos naturales de forma saneada desde el punto de vista administrativo y contable, tal como está previsto en los estatutos», señaló. No obstante, Aguirre calificó como un «disparate» que quienes no aporten ese dinero vayan a ser expulsados del instituto.

«A las personas que viven en la institución, y por ende reciben una pensión del Estado, se les está pidiendo una contribución mensual del 25% de ese ingreso, es decir 491 pesos, para que tengan un lugar digno, comida, ropa y un servicio de emergencia médica», manifestó el jerarca.

Aguirre, quien además es técnico de carrera del MSP desde hace 31 años y director del Centro Tibursio Cachón, sostuvo que el estatuto del instituto de 1915 establecía que los fondos tendrían diversas convergencias de aportes, entre ellas, el 50% de producción de los ingresos de los residentes.

«El instituto está desfinanciado y quienes residen allí reciben una pensión por discapacidad de parte del Estado. Uno de los objetivos de esa pensión es que sea utilizada para el sustento de los beneficiarios. Si esta decisión se quiere analizar desde el ámbito legal, algo que no debería hacerse, existe una legislación de 1960 que protege este tipo de medidas. Por ejemplo, los residentes del hospital Piñeyro del Campo deben colaborar con el 50% de sus ingresos», manifestó Aguirre. *