La experiencia en otros países

El Ombudsman (término alemán que significa «el representante de los que no tienen voz») fue creado en Suecia a comienzos del siglo XIX, convirtiéndose en el primer organismo generado para la protección de los derechos de las personas frente a los poderes públicos. La iniciativa se propagó al resto de los países de Europa a mediados del siglo pasado y, desde la década del 90, a distintos países de América Latina.

Su acción se sustenta en la legitimidad y poder moral de la institución y de sus responsables frente a la ciudadanía. El defensor o defensora son elegidos por consenso, generalmente por el Parlamento a propuesta del jefe de Gobierno, entre personas de intachable conducta, independencia partidaria, por capacidad y méritos personales.

Las Defensorías han cumplido igualmente un papel destacado en la generación de mecanismos de escucha a la ciudadanía en casos de discriminación en el trato en oficinas públicas, por ejemplo, interviniendo en la solución de conflictos sociales, así como en la promoción de los derechos de las personas ante actos u omisiones de organismos del Estado o Municipalidades.

Entre sus cometidos, también se establece ejercer acciones cautelares ante actos u omisiones de los servicios de utilidad pública que afecten los derechos de la ciudadanía.

La mayor contribución de la Defensoría es ofrecer a las personas un amparo en aquellos ámbitos no contemplados en la institucionalidad vigente o no tipificados como discriminación o atropello de derechos en la normativa legal vigente.

Entre sus facultades se incluye el inicio de investigaciones a petición de los ciudadanos, del Parlamento o por oficio, en caso de detectar conductas abusivas, ilegales o arbitrarias que conspiren contra los derechos adquiridos. *