En busca del defensor

Según Marcos Fernández, uno de los propulsores de la iniciativa, «la idea, es tratar de lograr la aprobación de la figura del ombudsman a nivel constitucional. En la reforma constitucional del 96, por ejemplo, se incorporó la defensa del medio ambiente pero ni siquiera se trató la defensa del ciudadano. Si fuera instrumentado por ley tiene la debilidad que, ante una actuación del ombudsman, la Corte Suprema de Justicia puede declararlo inconstitucional. Además, somos el único país de América Latina que no tiene incorporada la figura del defensor del vecino a nivel municipal, ni a nivel nacional».

Como los partidos políticos con mayor votación en el Uruguay tienen todos, en mayor o menor medida, representación en las 19 municipios, los integrantes de «Acción Ciudadana» consideran que el sistema ideal para la instauración del Defensor del Pueblo deberá ser a través de una misma legislación de alcance nacional. «Nos parece lógico que en todos los departamentos funcione de la misma manera y que, a su vez, a nivel nacional, haya una única autoridad que regule todo lo que tenga que ver con la administración central», sostuvo Fernández.

Para esto, la organización no gubernamental promoverá la convocatoria a un plebiscito nacional o la utilización de otros mecanismos (como una ley constitucional) para lo que se requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Entre los requisitos para acceder al cargo de «Ombudsman» vernáculo, tal como ocurre en otras partes del mundo, es necesario que las personas interesadas no estén vinculadas a partidos políticos, ni organizaciones religiosas o filosóficas. Mucho menos que cumplan funciones en organismos o instituciones estatales. También se prevé un período de 4 o 5 años para desarrollar su gestión, que podrá ser reelegible o no y, luego de finalizada la misma, un período neutral como forma de que no se utilice la figura del Defensor del Pueblo con fines políticos.

«Esta neutralidad es un principio indispensable para la seriedad y credibilidad de la figura. Está claro que va a tener una actividad política porque va a intervenir en políticas de salud o de educación, por ejemplo. Pero no podrá tener una actividad partidaria, ni utilizar ese cargo como trampolín para proyectarse hacia una actividad partidaria», afirmó Fernández. *